ANIVERSARIO

Dos años de la tragedia de Time Warp: no hay detenidos y el juicio está lejos

El 16 de abril de 2016, una fiesta electrónica en Costa Salguero dejó cinco muertos. Por el caso hubo cuatro empresarios presos, pero fueron liberados. El juez y el fiscal originales fueron removidos. Las familias dudan del informe forense oficial y siguen reclamando justicia.



Entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril de 2016, una fiesta electrónica en el predio de Costa Salguero dejó un saldo de cinco jóvenes muertos y varios heridos. En el segundo aniversario de lo que se conoce como la tragedia de Time Warp, la causa está estancada y el juicio oral, lejos de comenzar. En su momento llegó a haber cuatro organizadores presos, así como funcionarios porteños, inspectores y prefectos investigados y procesados. Pero a dos años no quedan detenidos.

Según pudo saber Nueva Ciudad, en el marco de la causa sigue la toma de declaraciones testimoniales y se espera que se calibre un equipo especial para realizar un estudio pedido por la querella sobre los cuerpos de las cinco víctimas (Francisco Bertotti, Nicolás Becerra, Andrés Valdez, Martín Bazzano y Bruno Boni), entre otras pericias en curso. Lo cierto es que pese a que hace tiempo un fiscal y un juez aseguraron que el juicio oral estaba cerca de comenzar, esa posibilidad aún se mantiene lejana.

“Impugnamos la pericia oficial porque no coincidimos en lo que decía, y porque quien firmó esa pericia luego se contradijo en una audiencia, por eso esta persona está imputada por falso testimonio”, explicó a Clarín Alejandro Amor, el defensor del Pueblo, que acompaña a las familias querellantes. Esa pericia pendiente tiene que confirmar la causa de las muertes y fue pedida por los familiares de las víctimas hace mucho tiempo, pero el cromatógrafo se rompió. La Corte Suprema tuvo que hacer una licitación para comprarlo en el exterior: el aparato ya está en el país, pero aún lo están calibrando.

En tanto, los organizadores de la fiesta piden que se tomen más y más testimonios, algo que hacen como estrategia dilatoria desde que fueron imputados. Al mismo tiempo los familiares de los jóvenes muertos –acompañados en la querella por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad- piden más pericias y dudan del informe del Cuerpo Médico Forense. Ese estudio sostiene que los chicos murieron por “policonsumo”: un cóctel de marihuana, cocaína y drogas sintéticas.

Tras el primer tramo de la investigación, el fiscal federal Federico Delgado y el juez federal Sebastián Casanello consideraron que la fiesta había sido montada para hacer negocios. Que los organizadores -con connivencia de prefectos e inspectores- habían dejado entrar dealers para que vendieran drogas sintéticas a los jóvenes y para que además consumieran mucha agua. El predio estaba habilitado para 13.000 asistentes, pero entraron 20.500. Las canillas de los baños no funcionaban y el agua Block -que vendían los organizadores- costaba 100 pesos por botellita. El juez procesó por “comercio de estupefacientes y abandono agravado de persona seguido de muerte” y con prisión preventiva a los organizadores: Víctor Stinfale, Adrián Conci,  Maximiliano Ávila, Carlos Garat, Carlos Nicodemo Penise y Martín Gontad. Pero luego la Sala II de la Cámara de Apelaciones bajó la calificación y los procesados que estaban presos pudieron volver a sus casas. En tanto, Delgado y Casanello fueron apartados de la causa. En la actualidad, el fiscal es Ramiro González y el juez, Marcelo Martínez Di Giorgi.

"Queremos que haya Justicia, y también estamos preparados para intervenir si la causa se dilata en el tiempo. Es natural que los familiares tengan desazón, pero debemos continuar para que la Justicia actúe, es nuestra obligación -dijo Amor-. Un joven que se va a divertir tiene derecho a volver a su casa bien. Este caso no puede quedar impune".

Por su parte el ahora defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, Gabruel Fuks, dijo a Frecuencia Zero que los controles son un tema central ya que la noche porteña significa “connivencia” entre empresarios y fuerzas de seguridad y por esto se empezó a implementar la Ley de reducción de riesgos y daños de sustancias psicoactivas, tabacos y alcoholes. “Es necesario encarar una política que acepte que existe un problema. Si no lo aceptamos dejamos a los empresarios que manejan la noche”, reflexionó Fuks, autor de Tragedias de un estado ausente. De Iron Mountain a Time Warp.

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