Tras reunión entre legisladores y sindicalisas, continúa la sesión por el traspaso de la Justicia a la Ciudad

La Legislatura porteña se reunió hoy para tratar cuatro proyectos de leyes referidos a la transferencia de funciones de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad. Sin embargo, los trabajadores de ATE ingresaron al recinto con banderas y carteles que rechazan el traspaso. Tras una reunión que mantuvieron los jefes de bloques con los dirigentes se acordó que hoy se avance con la votación y en la próxima sesión, los legisladores del PRO deberán comprometerse a que en el traspaso los derechos de los trabajadores de la Justicia sean respetados.





Esta sesión especial fue defina por un un decreto de convocatoria que lleva las firmas de la vicepresidente primera, Carmen Polledo (PRO), y del secretario Parlamentario Carlos Pérez, dado que la Sesión Ordinaria prevista para el jueves último no se realizó a causa del fallecimiento del presidente del Consejo de la Magistratura y ex diputado Enzo Pagani.

Los proyectos que se tratarán tienen despacho de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales y se refieren a la transferencia progresiva de la Justicia Ordinaria Penal, el fuero sobre relaciones del consumo (derechos del consumidor), la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).

El primero de los documentos establece que el Estado nacional transfiere y la Ciudad asume la competencia ordinaria en los conflictos de las relaciones de consumo. La Ciudad recibe los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; tres Fiscalías ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo; tres Defensorías Públicas Oficiales ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo; seis vocalías de la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo; una Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, y una Defensoría ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo.

Por otro lado se tratará el proyecto que ratifica el convenio interjurisdiccional de transferencia progresiva de facultades y funciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) en todas las materias no federales o de interés nacional, para ser ejercidas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires por el Organismo del Registro Público.

Además se transfieren las funciones, competencias, órganos, entes, personal, servicios y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de seguimiento y/o de comunicación), convenios y contratos en ejecución con los que cuente y utilice la IGJ. También se debatirá el convenio por el cual el Estado nacional transfiere y la Ciudad asume la competencia penal no federal relativa a los delitos que se detallan a continuación: delitos contra las personas, el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, el orden público, la administración pública, la fe pública, y leyes complementarias.

El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para investigar y juzgar los nuevos delitos de competencia penal ordinaria, aplicables en su ámbito territorial, que se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación, salvo que expresamente se disponga lo contrario, conforme lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 26.702. Finalmente también se considerará el convenio "Interjurisdiccional de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) en todas las materias no federales, entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

La transferencia importa la de todo el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP); las funciones, competencias, servicios y bienes y los contratos en ejecución que determinen las partes en las actas complementarias para cuya firma quedan autorizados el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministro de Gobierno de la Ciudad.

También está previsto debatir y votar, para su aprobación definitiva, un proyecto de ley de segunda lectura que dispone crear una plaza pública con centro cultural, educativo, recreativo y deportivo en la Manzana 66 del barrio de Balvanera. Esta iniciativa surgió años atrás de los propios vecinos del lugar y pasó recientemente por audiencia pública.