La Ciudad declaró zona calma y prohibió la pirotecnia sonora

La Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de pirotecnia con efecto audible en todo su territorio. La medida busca proteger la salud de personas mayores, bebés y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), además de reducir el impacto negativo en los animales y el ambiente.

“Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, con TEA y de bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema. Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”, explicó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Hasta ahora, regía una resolución de 2020 que establecía “zonas calmas” en un radio de 100 metros alrededor de reservas ecológicas, hospitales y espacios específicos como el Ecoparque y el Lago Lugano, donde ya estaba prohibida la pirotecnia sonora. Con la nueva normativa, la restricción se extiende a toda la Ciudad.

La normativa fue encomendada a la Agencia de Protección Ambiental (APRA), es el organismo que tiene como misión proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad, que es el conjunto de instrumentos de gestión para preservar la salud y el ambiente de sus habitantes, son quienes adaptaron la normativa vigente y tomaron medidas sobre el uso de artefactos pirotécnicos y de estruendo en toda la Ciudad.

El primer artículo de la resolución declara a la Ciudad  como “zona calma libre de pirotecnia” y prohíbe el uso de todo tipo de artificios pirotécnicos “con efecto audible”. Además, el articulo 4 establece que no podrán usarse pirotecnias ni elementos de estruendo en todo evento o espectáculo organizado por el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires.



La prohibición contempla excepciones para los dispositivos utilizados como señales de auxilio, para el uso de las fuerzas de seguridad y defensa civil, y actividades en las que su uso resulte imprescindible por razones de seguridad.

La medida se apoya en el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad, “el ambiente es patrimonio común y toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo, en provecho de las generaciones presentes y futuras”, detalla.