LEGISLATURA PORTEÑA

La Coalición Cívica busca una Ley General de Educación porteña

Fue presentada por el legislador Maximiliano Ferraro y contempla la obligatoriedad desde los tres años de edad hasta la finalización de la Educación Secundaria.

El Presidente de la Comisión de Educación Legislatura porteña Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI – CAMBIEMOS) presentó hoy un proyecto de Ley General de Educación que contempla la obligatoriedad desde los tres años de edad hasta la finalización de la Educación Secundaria, la creación del Instituto Pedagógico de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de la jerarquización académica de los educadores y un incremento en inversión educativa hasta garantizar un piso del 30% del presupuesto destinado a educación.

El proyecto se encuentra estructurado en los pilares fundamentales, organizados en 15 Títulos, 129 Artículos y 3 cláusulas transitorias y establece las políticas educativas, las normas básicas de gobierno, administración, gesyión, evalución y fiscalización del sistema educativo.

Algunas de las políticas educativas propuestas en el proyecto:

Obligatoriedad y Universalización: El Estado establece la obligatoriedad de la educación desde los tres años de edad y hasta la finalización de la Educación Secundaria. Las políticas públicas deben asegurar los medios necesarios para el cumplimiento de esta obligación a través de alternativas institucionales y pedagógicas que se ajusten a los principios de equidad, igualdad y excelencia con el fin de universalizar los niveles obligatorios de la educación.

Justicia Educativa: El Estado posiciona a los sectores social y económicamente vulnerables en el centro del sistema educativo. Desde esta perspectiva, reconoce los distintos contextos y actores del sistema educativo, revisa las condiciones del aprendizaje, la organización institucional, las pedagogías y el currículum y redistribuye el conocimiento, los recursos y los bienes materiales y simbólicos, a fin de garantizar la justicia distributiva en la oferta educativa y fortalecer a la educación pública como un espacio para todos donde sea posible el encuentro en la diversidad.

Calidad: El Estado promueve el más alto nivel de excelencia en la enseñanza y tiende a la disminución efectiva de los índices de deserción, desgranamiento y repitencia.

Innovación: El Estado actualiza y mejora permanentemente los lineamientos y diseños curriculares, las orientaciones pedagógicas y las alternativas didácticas para todo el sistema educativo. Estimula la iincorporación de nuevas tecnologías en el desarrollo de los servicios educativos. Facilita e impulsa el desarrollo de innovaciones educativas, presenciales, semipresenciales o a distancia.

Socioeducativas: El Estado formula, desarrolla y ejecuta políticas socioeducativas destinadas a proveer las condiciones pedagógicas, culturales, materiales, tecnológicas, científicas y de apoyo económico necesarias para garantizar las trayectorias escolares de niños/as, jóvenes y adultos en el sistema educativo, promoviendo de esta forma la realización de espacios educativos complementarios que favorezcan el reingreso, la retención, la terminalidad y la inclusión de la población estudiantil con educación de calidad para la formación de individuos con valores de convivencia ciudadana, éticos, cultura de paz y respeto por la democracia. El Estado genera planes y programas que fortalecen los vínculos de la escuela, las familias y la comunidad, aportando a la construcción de un sistema educativo inclusivo, integrado y de calidad.

Educación para toda la vida: El Estado debe ofrecer oportunidades amplias y flexibles de aprendizaje a lo largo de la vida por medios no formales e informales, con recursos y mecanismos adecuados y mediante un aprendizaje estimulante, aprovechando, entre otras cosas, las tecnologías de la información y la comunicación.

Diversidad: El Estado promueve una educación basada en el respeto a las identidades de los sujetos que la componen. Genera estrategias para la erradicación de todo tipo de discriminación por etnia, religión, género y orientación sexual.

Interculturalidad: El Estado desarrolla políticas educativas pluriculturales que promuevan el reconocimiento del otro en sus diferentes diversidades.

Descentralización, autonomía escolar y participación: El Estado promueve la intervención de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones. Alienta la participación de los actores sociales en los distintos ámbitos institucionales del sistema educativo y fortalece a la institución educativa en la gestión administrativa y pedagógica, jerarquizando la función de los órganos colegiados, equipos directivos, supervisores y de toda la comunidad educativa. Es por esto, que también incluimos la creación del Consejo de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual va a permitir generar un ámbito deliberativo, plural, conformado por los diversos actores relevantes. Asimismo, proponemos la creación de órganos colegiados en cada una de las instituciones educativas, con participación de docentes, padres, madres y estudiantes.

Formación Docente: El Estado garantiza las instancias de formación y capacitación docente continua y gratuita. Organiza actividades de formación y capacitación específica para acceder a los distintos cargos del sistema educativo. Se impone la obligación para el Estado de garantizar las instancias de formación y capacitación docente continua y gratuita, organizando actividades de formación y capacitación específica para para acceder a la carrera docente del sistema educativo.
En este sentido se propone la creación del Instituto Pedagógico de la Ciudad de Buenos Aires, constituido como un espacio de formación, capacitación e investigación de saberes y prácticas pedagógicas que aborda las diferentes áreas humanísticas, técnicas, profesionales y científicas apuntando alcanzar el más alto nivel académico y educativo, con el objeto de la jerarquización académica de los educadores, articulada en forma integral a todos los ámbitos del campo educativo, que permita la construcción de una mirada conjunta de la educación a nivel jurisdiccional, regional y nacional.

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