Con modificaciones claves, la cámara baja dio luz verde al Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados nacional aprobó este jueves por la madrugada el Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno. El proyecto fue aprobado con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. 

En la previa de la votación, el oficialismo giró más de 66 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional y sumó cambios en el texto para asegurar adhesiones, como un guiño a la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación y un refuerzo al Poder Judicial, mientras avanzaba con la derogación del financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

El presupuesto aprobado no prevé recomposición para jubilaciones, deja afuera la reactivación de la obra pública y carece de herramientas para impulsar la actividad económica, pero consolida el ajuste al eliminar indexaciones en asignaciones sociales, reducir metas de inversión en educación, ciencia y defensa, y restringir el alcance de las llamadas “zonas frías”.

Las proyecciones macroeconómicas incluidas también encendieron alertas, con un crecimiento del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar estimado por debajo del valor actual para fines de 2026, cifras que distintos centros de estudio consideraron desfasadas frente al contexto real.

El debate dejó además cuestionamientos legales por la inclusión de artículos que derogan leyes vigentes dentro del presupuesto, una maniobra que fue objetada por la oposición y que podría derivar en una judicialización si el texto se convierte en ley, mientras el Gobierno busca ahora avanzar con su aprobación definitiva en el Senado junto a la reforma laboral.

Pese a la aprobación, desde la gestión libertaria señalan que diferentes artículos que fueron rechazados atentan contra la polítca de déficit cero. Por ello, a la espera de lo que suceda en el Senado, una de las posibilidades sería vetar el propio presupuesto enviado por el oficialismo. 

Para los libertarios, las dos leyes que continúan vigentes (discapacidad y financiamiento universitario) generan obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit fiscal, y consolidan un presupuesto que no le sirve al Gobierno para cumplir ese mandato electoral.