Presentan un proyecto para transparentar los aportes estatales a escuelas privadas

La provincia de Buenos Aires ya manifestó su preocupación ante el aumento del 37% en las cuotas de las escuelas privadas y decidió aplicar topes a las subas. En la ciudad de Buenos Aires el año pasado, para colegios que recibían el 60% de los salarios de sus docentes, el tope que podían cobrar esas instituciones para un nivel inicial de jornada simple era de $1696 mensuales.

Cerca del comienzo del ciclo lectivo, el foco también se centra en el costo de la educación privada. Al respecto, el legislador porteño de la Coalición Cívica Ari, Maximiliano Ferraro, manifestó que “antes de aumentar más del 35% se debería dar a conocer la composición de la cuota y monto del subsidio que reciben las instituciones privadas de educación”. Por eso, junto a la ex diputada y actual Directora de Coordinación Comunitaria de la Legislatura, Laura García Tuñon, presentaron el año pasado un proyecto de ley de Transparencia en los Aportes a la Educación Privada en la Legislatura porteña. El objetivo es llevar un control transparente, acceso a la información y comisión de seguimiento a los subsidios que recibe la educación privada, dar a conocer y modificar los criterios de asignación.

El proyecto propone crear una Comisión Especial de Control de los Aportes Estatales destinados a los establecimientos incorporados a la enseñanza oficial de gestión privada. Las funciones de esta comisión serán relevar información referida a los establecimientos educativos beneficiarios de los aportes estatales previstos en el Decreto 2542/91 y la Resolución 163-GACBA-2003; efectuar un balance que refleje las necesidades del Establecimiento como unidad escolar en su zona de influencia; evaluar si los criterios que fundamentaron la concesión de los aportes estatales y sus montos se ajustan a las reales necesidades del colegio; establecer si los aportes entregados fueron utilizados para solventar los sueldos de los docentes y sus respectivos aportes y contribuciones sociales en orden a lo reglado por la resolución 163/2003.

En esta línea, el legislador resaltó que las familias tienen "derecho a saber cuánto es el subsidio que cada escuela privada recibe por parte del Estado, en ese sentido el Gobierno de la Ciudad debe hacer público el monto del subsidio que recibe cada escuela privada ya que la Ciudad en su presupuesto educativo asigna millones de pesos a esta área. Es hora de saber cuánto y cómo se distribuyen los millones de pesos destinados a la educación privada, creo que es inadmisible que este acceso a la información esté vedado en cada institución escolar”.