CARCELES JUVENILES

Cárceles para niños: traspaso de Nación a Ciudad

El Gobierno porteño aceptó por primera vez tener presos a su cargo. Los primeros detenidos serán menores de edad, que están alojados en los ex institutos de menores. Cuestionan que queden a cargo del mismo organismo que debe auditar que se respeten sus derechos.

Werner Pertot
 El nene de ocho años fue acusado de robarse unas zapatillas en un pelotero de McDonalds en Liniers. Como era de Fuerte Apache, la situación no terminó con un reto, sino que intervino la policía (a la que llamó McDonalds), se lo llevó en un patrullero, lo hicieron tocar el pianito y quedó detenido en el Centro de Admición y Derivación (CAD). Todo el tiempo preguntaba si podía irse con su mamá.  

Fue imputado en una causa penal por averiguación de hurto, que luego terminaría archivada.  Finalmente, lo liberaron. Hoy sigue yendo al secundario. El defensor público nacional Gustavo Gallo denunció el caso hace algunas semanas. “Tiene que ver con ciertas lógicas de la policía y de los jueces de menores, que son los que dan la orden de detención. Lo único que se van a modificar ahora es que los chicos no pasarían por la misma sección policial”, contó Gallo a Nueva Ciudad. El CAD es la antesala de los dispositivos penales juveniles (ex institutos de menores), que fueron traspasados a la Ciudad por decisión del presidente Mauricio Macri. Desde diversos sectores cuestionan que quede a cargo del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que deberá cumplir de ahora en más el doble rol de carcelero y auditor de los derechos de los menores de edad. Las condiciones de los lugares son otro factor a considerar, que hasta ahora ningún funcionario porteño revisó.
  El traspaso lo dispuso el presidente Macri a través de un decreto en julio de este año, pero se concretó recién en septiembre con la firma de un convenio entre la secretaria nacional de Niñez, Yael Bendel, y la titular del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, Karina Leguizamón. La primera responde a María Eugenia Vidal y fue anteriormente jefa de los asesores tutelares porteños. La segunda integra el sector de Daniel “El Tano” Angelici. La esposa del presidente de Boca, María Ines Belloni,  es la jefa de Gabinete de Leguizamón. Ocupa un cargo que se creó especialmente para ella. Ambas forman parte de la Fundación Unidos para Amar. Allí Belloni se define como una “simpática rubia de 45 años que le gusta sonreír, que confía y quiere ayudar, ser puente”.  Leguizamón es la tesorera de la fundación. Nueva Ciudad intentó contactarse con la titular del Consejo para conocer su punto de vista sobre el traspaso, pero Leguizamón declinó la posibilidad de una entrevista.

En el convenio que firmaron Nación y Ciudad, se transfirieron las residencias socioeducativas de libertad restringida Almafuerte, Juana Azurduy, y Simón Rodríguez, los dispositivos de supervisión y monitoreo, así como el CAD y los dispositivos de régimen cerrado Belgrano, San Martín y Rocca. Los últimos son los que han tenido más denuncias por las condiciones en las que se encuentran los jóvenes alojados que, en la actualidad, llegan a un centenar.

Se trasfirieron unos 300 guardias de seguridad, que tienen un régimen similar al de un servicio penitenciario.  También unos 370 trabajadores que dependían de la secretaría de Niñez nacional (SENNAF) y que estarán en comisión en el Gobierno porteño por 18 meses. Luego si el Gobierno porteño no les ofrece seguir con sus tareas, deberán ser reubicados en la Nación.

Esto puso en alerta a ATE Capital. Su secretario general, Daniel Catalano, advirtió que hubo una política de recortes en el área de niñez: “Desde que asumió este Gobierno  se cerraron talleres. Nosotros estamos preocupados porque en los traspasos anteriores de dispositivos de niñez, que no eran del circuito penal, hubo un desborde por falta de personal y no tuvieron capacidad de poder contener”. Los trabajadores de los dispositivos indican que ingresan con sueldos bajos y tienen un desgaste muy alto en su trabajo por el nivel de estrés que implica. No tienen contención ni licencias por síndrome de burnout.  

Según confirman los propios trabajadores, las condiciones en las que llegan los dispositivos no son buenas: el CAD tiene arreglos mal hechos, el Belgrano tiene deterioros importantes en las paredes y un patio diminuto. El Rocca, en tanto, quedó dañado luego de un motín que hubo en abril de este año, precisamente por las condiciones deplorables. A los adolescentes que estaban allí los trasladaron al Agote, cuyas condiciones son peores y tiene denuncias de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN). Los lugares de detención no hacen mucho por disimular que son cárceles para menores de edad: los chicos pasan la mayor parte del día encerrados en celdas.  “Tenés sobrepoblación, falta de insumos y falta de personal. Entonces, se hace muy difícil que puedas atender como corresponde a la población con la que vos laburás. En los dispositivos locales, los que dependen del Consejo, tenés dos profesionales para atender 500 situaciones. Hay un retiro de la Ciudad de lo que son las políticas de Niñez”, indicó Catalano.

La delegada general de ATE en el Consejo del Niño, Niña y Adolescentes, Romina Piccirillo, junto con los delegados de la SENNAF, como Luciano Bartilotta, se reunieron con el defensor general del Pueblo, Alejandro Amor, quien inició una actuación a raíz del traspaso de los dispositivos penales al Consejo. Los delegados plantearon que se utilizó un traspaso de 2007 de otras dependencias de niñez para justificar el hecho de que se salteó la Legislatura. La directora general de Niñez de la Defensoría, María Elena Naddeo, advirtió que “hay preocupación por esta decisión de transferir los dispositivos penales al ámbito del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. El Consejo es un organismo de monitoreo y defensa y no debería tener a su cargo instituciones penales. Debería ocuparse del control, de la defensa de los jóvenes y de su egreso. Esto violenta el texto de la Constitución de la Ciudad, que en el artículo 39 define a ese organismo como asistencia y no de ejecución penal”. Naddeo informó que se está buscando generar una mesa de trabajo con el Gobierno porteño para cambiar esta decisión, mientras en ATE estudian presentar un amparo.

El traspaso al Consejo recibió una extensa serie de rechazos, entre otros, del  propio plenario del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue desoído. Allí se le recomendó a Leguizamón que “se abstenga de asumir la atribución de dirigir los dispositivos de intervención con adolescentes infractores de la ley penal” y al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que los ubique en el ámbito del Ministero de Desarrollo Humano. En ese texto, advierten que la ley 114 de protección integral de la niñez indica que el objetivo del Concejo es la “promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes”. “Quien controla nunca debe confundirse con quien ejecuta”, indicaron.
“Lo que nosotros planteamos sobre esta decisión es que es contraria no sólo a la ley 114 sino a la propia Constitución porteña, porque la Ciudad tenía hasta ahora un sistema de protección que era referente en el país y en la región. El propio organismo de derechos humanos va a ser  el propio carcelero de los jóvenes que están privados de libertad”, señaló José Machain, representante de la Legislatura en el Consejo.

Por su parte, el asesor tutelar penal Carlos Bigalli advierte que  la Ciudad debería rechazar la transferencia, dado que se trata de “cárceles ajenas, con menores de edad detenidos por jueces nacionales”.  Bigalli destacó que no hay un solo joven detenido por un juez porteño, dado que el marco legal porteño impide esta posibilidad, a diferencia del decreto-ley 22.278, que rige a nivel nacional. Para más datos, ese decreto-ley lleva la firma de Jorge Rafael Videla . La Ciudad tiene legislación un poco más actual sobre niñez.  “La detención de menores es inaplicable en la ciudad, por el régimen procesal penal juvenil de la Ciudad”, advierte Bigalli, quien hace años consiguió con un amparo que los menores de edad no puedan ser alojados en comisarías.

Además de esto, Bigalli advirtió que es un desacierto pasar al Consejo los dispositivos penales: “Si hay algo absolutamente claro en la actualidad –quizás no lo estaba a fines del siglo XIX- es la no confusión entre medidas de protección de derechos y mecanismos de encierro. La Ciudad se verá en la necesidad de que se cree un Consejo que controle los derechos de las personas encarceladas a disposición del Consejo de derechos. Otro consejo. Un Consejo bis. Para decirlo con palabras inspiradas en Foucault: es cuando el viejo y bajo oficio de castigar es presentado con el bello manto de curar. No hay que entrar en la trampa”. 

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