Cambio de rumbo: ahora el gobierno busca injerir en la tarea de fiscales

Este miércoles se votará en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que la mayor parte de las organizaciones y entidades del ámbito del derecho considera inconstitucional. Cambiemos, el Frente Renovador, GEN y parte del peronismo presentaron un reforma que determina la expulsión de la procuradora general Alejandra Gils Carbó.

Además, crea mecanismos de injerencia política explícita sobre la inmensa estructura que componen los fiscales de todo el país, encargados de velar por el interés de la sociedad en causas penales, civiles, laborales, comerciales y juicios contra el Estado.

El dictamen aprobado la semana pasada en un plenario de comisiones le otorga a una Comisión Bicameral facultades para decidir sobre política criminal y nombramientos a contramano del artículo 120 de la Constitución, que establece la “autonomía” del Ministerio Público.

También, habilita retrocesos en los juicios por crímenes de lesa humanidad, en las investigaciones de violencia contra las mujeres, en la del atentado a la AMIA y en la búsqueda de hijos de desaparecidos que fueron apropiados. Por último, pero no menos importante, la reforma permite al procurador dirigir investigaciones penales, acción que el gobierno de Cambiemos siempre cuestionó.

En líneas generales, si se llegara a sancionar la ley como está redactada, podría pasar todo lo que se enumera a continuación:

1. El Congreso tendrá gran poder sobre la Procuración General y los fiscales. En comparación, hasta la Agencia Federal de Inteligencia gozará de más autonomía.

2. El titular de la Procuración durará cinco años en el cargo. La continuidad de Gils Carbó la determinará la Justicia.

3. Para dirigir una Procuraduría o Unidad especializada no importa la idoneidad sino tener más de cinco años de antigüedad como fiscal. Con ese criterio, se tendrían que ir todos los titulares actuales menos uno.

4. Habrá una Procuraduría antiterrorista y hay dudas sobre la continuidad de la Unidad AMIA.

5. El organigrama diseñado omite la problemática de la violencia contra las mujeres y los femicidios.

6. El/la procurador/a podrá intervenir en investigaciones judiciales.

7. Quedará en peligro la continuidad de los juicios de lesa humanidad.