Ayer se reunió la Comisión Interpoderes por juicios por delitos de lesa humanidad

La Comisión Interpoderes se reunió ayer por primera vez en el año y reafirmaron que los juicios de lesa humanidad son “una política de Estado”. La comisión está dedicada a revisar la agilidad de esos procesos y está integrada por representantes de los tres poderes del Estado.

El encuentro fue convocado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a pedido de los organismos de derechos humanos, que querían manifestar sus “preocupaciones ante los principales problemas que afectan el avance de los juicios”. “Hablamos con libertad, fuimos escuchados y la mayoría de los integrantes de la comisión coincidió con nuestro panorama y nuestro requerimiento de acelerar los procesos”, informó Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

La Comisión Interpoderes, creada por la Corte Suprema en 2008 con la función de acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, se había reunido por última vez en agosto de 2015. Participaron de la reunión distintos representantes del Estado, todos funcionarios de “primera línea”. Estuvieron presentes varios jueces de la Cámara Federal de Casación, encabezados por su presidente, Alejandro Slokar (Liliana Catucci, Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Gustavo Hornos).

También, estuvo la Procuradora, Alejandra Gils Carbó, la Defensora General, Stella Maris Martínez y los referentes de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat y Carolina Varsky. Por el Poder legislativo asistieron la diputada Victoria Donda y el senador Juan Manuel Abal Medina. Y por el Ejecutivo fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj junto a Mariano Friedman y Brian Schapira, miembros de su equipo.

La comitiva se completa con Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Carlos Pisoni, de Hijos; José Schullman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Diego Morales, del Cels, Adriana Taboada, de la Comisión de Campo de Mayo y Carlos López de Belva, director de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados (FACA).

“Se ha logrado después de mucho tiempo que se reúna la comisión y que reciba a los organismos, y ha habido una coincidencia general en mantener la política de juzgamiento y en la necesidad de hablar de métodos y herramientas para acelerar los juicios como una preocupación de todos”, resumió Slokar.

Los organismo de derechos humanos entregaron un petitorio, basado en un informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad, en el que se advierte “un colapso en el avance de los procesos en trámite, una disminución significativa de las causas que llegan a la etapa del juicio oral y una importante dilación en la confirmación de sentencias”. Además, propusieron algunas soluciones básicas, como agilizar el nombramiento de jueces para conformar tribunales, una tarea en la que tienen responsabilidad tanto la Corte, que debe asignar recursos; el Poder Ejecutivo, que debe enviar las ternas al Congreso y el Consejo de la Magistratura.

También, propusieron que tanto en la Corte como en la Casación se creen Secretarías dedicadas a analizar recursos relacionados con esas causas.