ECO y la Coalición Cívica van por el debate obligatorio de candidatos

La legisladora Natalia Fidel (SUMA+, ECO), en coautoría con Maximiliano Ferraro (CC-ARi), Adrián Camps (PSA), y Hernán Rossi (SUMA+, ECO), presentó un proyecto de ley que surge del trabajo realizado en la Comisión Especial de Reforma Política que Fidel preside.

“Quienes se proponen a la ciudadanía para gobernar y representarlos tienen la obligación de informar cuáles son sus propuestas. Más allá de las formas de propaganda que cada agrupación política decida libremente adoptar de acuerdo a su estrategia de campaña, el debate es una instancia que garantiza que los candidatos respondan y se manifiesten sobre otros temas, quizás poco explorados en sus campañas pero relevantes para la ciudadanía”,expresó Fidel.

Con el objetivo de institucionalizar el debate, el proyecto trabajado en el seno de la Comisión de Reforma Política incluye como actores obligados a debatir a los candidatos a Jefe de Gobierno, Vice Jefe, así como al primer candidato a Legislador y a Juntista Comunal de la lista. Tradicionalmente, los debates se han reservado para los candidatos a Jefe de Gobierno. Sin embargo, la autora del proyecto explicó que “la ciudadanía tiene derecho conocer la propuesta de los candidatos de cada una de las categorías, ya que las materias sobre las que trabaja cada uno son diferentes y todas hacen de igual manera a la gestión de la Ciudad. Es una obligación de los candidatos contar sus propuestas y un derecho de la ciudadanía poder conocerlas”.

Por otro lado, con el fin de asegurar las condiciones de igualdad de participación, se establece un reglamento en el cual se regulan las condiciones en las cuales se realizará el debate: este será transmitido en forma obligatoria por todos los medios de la Ciudad y, para garantizar la mayor difusión posible, se liberará la señal con el objetivo de que los demás medios también puedan transmitirlo.

Por último, explicaron que la condición de “obligatorio” no implica restringir la libertad de cada candidato, simplemente permite incorporar una sanción a la decisión de no participar. Esta sanción es justa si consideramos que en nuestro país el ciudadano está obligado a votar y si no lo hace, y no justifica su voto, es pasible de una sanción.

El proyecto, fruto del consenso logrado entre los coautores en la Comisión de Reforma Política, ahora deberá ser tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales que deberá darle luz verde para llegar al recinto.