REUNIÓN ENTRE EL GOBIERNO PORTEÑO Y LOS COMISARIOS DE LA PFA

Dudas, quejas y un mapa del delito en el traspaso de la Policía Federal

Los sueldos y ascensos son puntos de incertidumbre entre los jefes de las 54 comisarías porteñas a siete meses del acuerdo firmado por Macri y Rodríguez Larreta. Polémicas internas y riesgos de juicios laborales.

Hace unas semanas atrás el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Justicia y Seguridad Martín Ocampo y el comisario general Guillermo Calviño, superintendente de Seguridad Metropolitana, encabezaron una reunión que buscó allanar las dudas sobre el traspaso a la esfera porteña de las 54 comisarías de la Policía Federal. Además de las divisiones como Bomberos, Explosivos, Policía Científica y personal de sectores clave como Homicidios y Robos y Hurtos, con todos sus recursos correspondientes tanto muebles como inmuebles.

El cálculo incluye un universo de más de 18 mil efectivos. Ante la realidad del traspaso las dudas se hicieron palpables entre los jefes de la PFA que controlan las calles porteñas. Uno de los presentes en la reunión indicó a Infobae que se quedó con un sabor amargo en la boca tras el encuentro: "Nos prometieron más y mejor tecnología, que nadie iba a perder derechos, que todo iba a ser para mejor, pero en concreto no nos dijeron nada. Hay un nivel de improvisación muy grande. A siete meses, seguimos con expresiones de deseo. No se puede desconocer cómo piensa un policía".

Los principales problemas son los sueldo y los adicionales que realiza para complementar su sueldo fuera de su horario laboral, escalafón, rango, ascensos y la junta que se encarga de determinarlos, la obra social que tratará sus enfermedades y las de sus familias. También, la ley orgánica que deberá regir a la llamada "Policía de la Ciudad" que se formará tras completar el traspaso, con una fecha hipotética de conclusión para el 31 de diciembre de este año según el acuerdo.

Hasta el momento, las definiciones no son satisfactorias para muchos efectivos. "Vienen funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño a las comisarías, pero no contestan, no hay comunicación", asegura un jefe dentro de la PFA traspasada. El ministro Ocampo, por su parte, se muestra optimista. "Se está avanzando con las herramientas administrativas para que el traspaso se haga efectivo en términos de gerencia interna por parte del Ministerio, es decir, todos los sistemas de administración. Ya hemos traspasado todo el sistema de operaciones. La caja chica de las comisarías, por ejemplo, ya es nuestra", apuntó.

Por otra parte, se habla de cambios radicales. Existió un rumor de que se le quitará la toma de denuncias a las dependencias policiales, algo inaudito para la vida ciudadana. Ocampo desmiente esto, aunque con ciertos matices: "Se va a modificar la toma de denuncias, pero no las vamos a sacar de las comisarías. Estamos en un proyecto de mejora a la atención ciudadana y la gestión de información criminal, el mapa del delito. Eso viene del sistema de denuncias. Me es útil saber, por ejemplo, si el delito fue de día, de noche, si ocurrió cerca de una escuela, de un parque público, si pasa en calles sin alumbrado, etcétera. Es pensar como un planificador de política, para manejar a la fuerza de acuerdo a la problemática".

Este mapa de delito, en cierta forma, ya existe: la Dirección de Análisis Criminal y Planificación del MPF a cargo del doctor Diego García Yomha sistematiza números de fiscalías porteñas para establecer patrones. Los sueldos y el dinero que los policías llevan a su casa mes a mes fueron el principal interrogante al momento de la firma del acuerdo en enero último: lo son hoy también.

El término "equiparar sueldos" había sido una constante en el anuncio. Qué hacer con las custodias adicionales, un virtual segundo sueldo, se volvía un interrogante: la Policía Metropolitana no tiene permitido hacerlos. Hoy, los recibos de sueldo de las comisarías traspasadas dicen "Policía Federal Argentina". "Los paga el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero la plata es nuestra, la mandamos nosotros desde CABA", indicó Ocampo. Sobre la cuestión adicionales, el ministro responde que el tema no está saldado.

"Nosotros entendemos que la política salarial es una, así como la política de ingresos, que contempla un montón de variables, incluidos los adicionales. También están los recargos, las horas extras, el escalafonamiento, etcétera. No te puedo decir 'este tema lo resolvemos así' La idea es que no haya una merma en los ingresos de los policías. La idea, al contrario, es que tenga una mejora. Sabemos que una persona que hace adicionales necesita X cantidad de dinero para vivir. Sobre esa base estamos desarrollando la política, no solo sobre el salario. Esto se suma al régimen de prestación de servicios", dice.

Otro punto caliente es la Obra Social de la Policía Federal, a cargo de la Superintendencia de Bienestar con el hospital Churruca como epicentro. La Policía Metropolitana tiene la propia, que contrata a OSDE para sus servicios. Para Ocampo, todavía es incierto si los efectivos traspasados de la PFA tendrán OSDE o una prepaga similar como cobertura médica: "No tenemos definido cuál va a ser. Estamos haciendo un análisis de costos".

La cuestión jurisdiccional e siente hasta en los paragolpes de los móviles. Los patrulleros porteños solían llevar un sticker con un número 0-800 para realizar denuncias hoy ya no lo tienen: ese número le correspondía al Ministerio de Seguridad de la Nación.

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