Vecinos de las villas reclaman que AYSA los conecte al agua de red

Los vecinos de las villas no tienen agua potable ni cloacas. Son alrededor de 400.000 porteños que deben conectarse a través de mangueras y cañerías precarias a los puntos más próximos que AySA les habilita, siempre en las afueras del barrio. Con las cloacas pasa lo mismo: cuando llueve los desechos cloacales suben y se inundan en un líquido inmundo.

El acceso al agua potable es un derecho constitucional. “Como a las villas no llega el agua de red, el gobierno manda camiones cisterna pero con agua no apta para el consumo. Supuestamente es agua que sale de la canilla, pero como no hay ningún protocolo sobre el traslado y la higiene de los camiones se recomienda no consumirla. Muchas veces está turbia y tiene olor”, afirmó María Eva Koutsovitis, ingeniera especialista en temas hidráulicos e integrante de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA en diálogo con DiarioZ.

Desde la Cátedra Libre de Ingeniería junto a vecinos de las villas agrupados en el Frente Territorial Salvador Herrera de la CTA elaboraron un proyecto de ley para que el gobierno porteño se haga cargo de la situación y obligue a AySA a proveer el servicio. Según Koutsovitis, el argumento que usa AySA para no conectar a las villas es que sólo brindan el suministro a las viviendas linderas a la vía pública.

Como los pasillos internos de las villas no son considerados como tal los mismos vecinos deberían hacerse cargo de la red interna. “AySA considera a las villas como si fueran edificios. Abre un punto de conexión y que de los caños internos se encarguen los vecinos”, sostuvo la ingeniera.

El proyecto pide que el gobierno firme un convenio con AySA para garantizar la “prestación del servicio público de agua potable y saneamiento básico en el interior de las villas y asentamientos informales”. Además piden que, mientras tanto, las autoridades porteñas les entreguen a los vecinos de las villas dos litros de agua potable envasada por persona.

“Hoy, solo por el camión cisterna que abastece de agua y el servicio atmosférico para vaciar las cloacas de la Villa Carbonilla, en Paternal, y el Playón de Chacarita el Gobierno paga 700.000 pesos por mes. Atender la emergencia es caro y es un negocio”, afirmó Koutsovitis