La Libertad Avanza quiere edificios de hasta 70 metros sobre la avenida 9 de Julio

Legisladores de La Libertad Avanza impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca introducir modificaciones en el Código Urbanístico para habilitar construcciones de hasta 70 metros en algunos tramos de la avenida 9 de Julio y de hasta 60 metros en otros tramos del corredor.

La propuesta corresponde al expediente 3273-D-2026, iniciado el 20 de octubre de 2026, y tiene como autor al legislador Nicolás Pakgojz, de La Libertad Avanza. También cuenta con la firma de Juan Pablo Arenaza, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Rebeca Fleitas, Andrea Freguia, Silvia Imas, Marina Kienast, Solana Pelayo, María del Pilar Ramírez, Sandra Mónica Rey, Leonardo Saifert y Diego Vartabedian.

La iniciativa propone establecer nuevas alturas máximas para los edificios ubicados sobre la avenida 9 de Julio y las calles laterales Cerrito, Carlos Pellegrini, Lima y Bernardo de Irigoyen, y apunta a sustituir el artículo 4.1.21 del Anexo II de la Ley 6.099, que regula el Área Especial Individualizada AE27, correspondiente a ese corredor.

En el tramo comprendido entre la avenida del Libertador y la avenida Córdoba, los edificios podrían alcanzar los 70 metros, equivalentes a unos 22 pisos; entre Córdoba y Belgrano, en cambio, la altura máxima sería de 60 metros, aproximadamente 19 pisos.

Pakgojz argumentó que en todo el mundo existen rascacielos sobre las avenidas más anchas, y que la 9 de Julio cuenta con subte, Metrobús y conexiones con Retiro y Constitución, por lo que restringir la altura equivale a desaprovechar un suelo estratégico. El legislador señaló que el límite promedio de 12 pisos puede ser adecuado para Buenos Aires en general, pero no para esa avenida en particular.

Según los impulsores de la iniciativa, la reforma permitiría renovar edificios, atraer inversiones privadas y desarrollar proyectos residenciales, comerciales, profesionales y hoteleros, además de contribuir al aprovechamiento de los servicios y el transporte público existentes.

El texto establece expresamente que las nuevas disposiciones no se aplicarán a los inmuebles catalogados o sujetos a protección patrimonial, los cuales conservarían el régimen específico de protección que les corresponde, sin quedar alcanzados por las nuevas alturas máximas.

Para los que sí pudieran edificar más metros, aplicaría la plusvalía urbana prevista en el Código Urbanístico, y tampoco será posible generar salientes o voladizos por fuera de la línea municipal.

La iniciativa deberá atravesar el procedimiento legislativo correspondiente para modificar el Código Urbanístico; al tratarse de una reforma de esa normativa, el mecanismo previsto es el de doble lectura, que contempla una instancia de participación pública mediante audiencia antes de la resolución definitiva. Sin embargo, ya surgieron críticas porque entre los posibles beneficiarios del proyecto estaría la empresa IRSA. El legislador Facundo Del Gaiso rechazó la propuesta al señalar que la libertad sin controles termina en este tipo de proyectos.