INFORME ESPECIAL

Una gestión con muchas concesiones

Se estima que en la Ciudad hay 622 espacios concesionados, sin embargo en la web del Gobierno porteño solo figuran 258. Algunas concesiones como la de Costa Salguero o Buenos Aires Design recuperan con el alquiler de uno solo de sus espacios la totalidad del canon que pagan por mes. Ministros nacionales y funcionarios de primer nivel del GCBA en la mira de la justicia.

Werner Pertot
Las Concesiones en la Ciudad.

Menos de 200 millones de pesos. Es lo que recibe el Gobierno porteño por año por todos los espacios públicos que tiene concesionado a empresas privadas. En los pasillos de la sede de la gestión PRO, los funcionarios reconocen que es casi un regalo.  Si bien se estima que hay 622 espacios concesionados, en el listado oficial que figura en la web del Gobierno de la Ciudad figuran tan sólo 258 concesiones. Si bien en varias no se informa cuánto pagan, la suma de los montos arroja un total de 132 millones por año por espacios como el Complejo Costa Salguero o el Buenos Aires Design, que recuperan el dinero que le pagan al Estado con un solo local que subalquilan. La oposición cuestiona has años el canon que pagan. “Irrisorio” es el adjetivo que los acompaña desde hace años. Hay una causa penal que involucra a buena parte de los directores de concesiones de la época de Mauricio Macri por un esquema que antecede al macrismo: proviene del menemismo profundo.

Ni el director de Concesiones, Emilio Dojas, ni el Ministro de Modernización, Andrés Freire, estuvieron disponibles para explicar ante una cámara de Nueva Ciudad cómo funciona el sistema de concesiones porteño. No obstante, en estricto off the record, un funcionario macrista accedió a dar detalles sobre las contrataciones. Indicó que la cifra que se lleva la Ciudad no supera los 200 millones por año.  “Es muy poca plata, comparado con el negocio que tienen algunos de los grandes concesionarios”, indicó. En la web oficial de la Dirección de Concesiones hay un listado de 258 espacios concesionados. La suma del canon mensual que paga cada uno da 11.215.752 pesos. Esto implica que la Ciudad recibe cerca de 132 millones al año. Pese a estos números, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta defendió las concesiones: “Son inversiones donde el Estado no tiene que poner dinero y después la gente les saca provecho. Son beneficiosas en todo sentido”.

“Hay tres o cuatro tipos de concesiones en la Ciudad que son conocidas: está la de grúas y acarreos que está cumpliendo sus bodas de papel: hace 15 años que están fuera de norma. Tenés Costa Salguero que está hace 25 años. Cumplió bodas de plata con la Ciudad. Tienen cánones irrisorios. Tenés, por ejemplo, la del Hipódromo. Hay gente que no sabe que el estacionamiento del hipódromo que tiene mil coches y no se paga un peso. Hay una orden de desalojo, que la Policía Federal se negó a cumplir, pero la Metropolitana nunca actuó”, indica el auditor Facundo del Gaiso, que investigó las concesiones de las grúas y halló un subsidio encubierto del Gobierno porteño. Este negocio merece un informe especial aparte.

La Auditoría General de la Ciudad investigó en 2009 a la Dirección de Concesiones y encontró una serie de irregularidades. Entre otras, que “no surge que haya arbitrado los medios necesarios a fin de otorgar en tiempo oportuno las nuevas concesiones”.  También encontró que “existen cánones impagos y concesiones vencidas, donde no se ha dictado ningún acto administrativo ordenando la desocupación”.

Entrevista al Auditor Facundo del Gaiso.


A raíz de estas y otras irregularidades el legislador Gustavo Vera junto a Pablo Bergel y el dirigente del Partido Social Facundo Di Filippo presentaron una denuncia penal contra los sucesivos directores de Concesiones, incluido Gabriel Astarloa, quien asumirá como procurador porteño a fin de mes. Los opositores pidieron que se investigara a esas personas por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En la denuncia recordaron que después de cinco años, toda concesión debería pasar por la Legislatura, algo que el Gobierno porteño incumple sistemáticamente.

La causa judicial, que actualmente se está tramitando en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, fue impulsada por la fiscal Paula Asaro, quien tras una investigación firmó un dictamen lapidario en septiembre de 2015. Señaló como presuntos responsables de supuestas maniobras  de defraudación en perjuicio de la administración pública nacional y local a Astarloa, a Ezequiel Sabor -actual secretario de Trabajo nacional-, y a Silvia Imas.  Indicó que como directores de Concesiones estos funcionarios “eludían el procedimiento legal establecido en la Constitución (…) y recurrían a otorgar concesiones por períodos menores a cinco años, los que renovaban previo a su vencimiento”. Destacó que se solían firmar “actas acuerdo” con los concesionarios “donde se establecían condiciones sumamente ventajosas, plazos laxos y renovaciones anticipadas”.  La fiscal advirtió que los funcionarios  “habrían otorgado a lo largo del tiempo diversas concesiones, adjudicaciones o permisos de uso precario a título gratuito o bien bajo cánones irrisorios a favor de los concesionarios, al tiempo que habrían omitido el necesario control de esas concesiones y permisos, al que estaban legalmente obligados”.

Entrevista a Facundo Di Filippo


Asaro advirtió que esto “obedeció claramente a un modelo sistémico de administración de recursos del Estado local en beneficio de ciertos concesionarios con los cuales podría haber entablado una relación de connivencia”. Sostuvo que las responsabilidades penales podrían llegar al entonces ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera (actual ministro de Producción nacional).  

La fiscal hizo un recorrido concesión por concesión:

Costa Salguero. Asaro advirtió que la concesión estaba en manos de la empresa Telemetrix, que pertenece a Federico Bensadon, Ablerto Gutiérrez y Enrique Pichón Riviere. También destacó que esos empresarios comparten directorio en varias de las subconcesionarias, y que en una de ellas participaba Fernando Polledo Olivera, marido de Carmen Polledo (hoy vicepresidenta primera de la Legislatura). La fiscal cuestionó la explicación sobre el canon de Costa Salguero que dio Astarloa en el expediente. En 2008, sostuvo el funcionario, “se elevó el monto del canon a la irrisoria suma de 65.000 pesos, lo que quedó plasmado en una acta acuerdo de fecha 29 de octubre de 2008”. “Astarloa explicó que recién en enero de 2014 se le pidió a la firma concesionaria que presente documentación actualizada para que el área económica y financiera se expida sobre la proporcionalidad y razonabilidad de los cánones que abonan”, advirtió la fiscal, quien cuestionó la falta de actualización de los canones.

La concesión de Costa Salguero ya había sido cuestionada antes que la investigara la fiscal por un informe de la Auditoría General de la Ciudad, que se firmó cuando su presidente era macrista. En ese trabajo de 2007, se indicaba que  el canon era irrisorio, dado que en ese momento representaba “un ratio de 0,16 pesos el M2, mientras que el promedio al cual Telemetrix subconcesiona el espacio representa un valor 20 veces superior a aquel (3,20 pesos)”. También señalaba que “los locales bailables no fueron habilitados”. Por ese motivo, el juez Andrés Gallardo los clausuró dos años más tarde, pero el Gobierno porteño les dio la habilitación en tiempo récord. “Los antecedentes compilados en este informe merecerían ser considerados y –en algún caso– profundizados, de modo de evaluar la posible extinción del contrato de concesión e investigar eventuales responsabilidades del concesionario”, indicaba ese informe de 2007. Ahora la Auditoría está haciendo un nuevo informe sobre el período 2015.  “La concesión hoy paga 313 mil pesos por 185 mil metros cuadrados. Estamos a 1,8 pesos el metro cuadrado. Las subconcesionarias pagan 200 pesos por metro cuadrado. Eso recibe Telemetrix”, indicó el auditor Del Gaiso.

“La concesión hoy paga 313 mil pesos por 185 mil metros cuadrados. Estamos a 1,8 pesos el metro cuadrado. Las subconcesionarias pagan 200 pesos por metro cuadrado. Eso recibe Telemetrix”.



Buenos Aires Design.  “Buenos Aires Design era parte del Centro Cultural Recoleta. La intendencia de Grosso lo secciona y lo cede por un canon irrisorio, que prorrogó el jefe de Gobierno en el año 2012 hasta el 2018”, advirtió Di Filippo. Según los datos oficiales del Gobierno porteño: hoy paga 220 mil pesos y subalquila 70 locales (S)El evidente comprador sería IRSA, la empresa que tiene la concesión. Ese proyecto no avanzó el año pasado, aunque ahora podría aprovechar la flamante Agencia de Bienes para concretar esa venta.

En el dictamen de la fiscal Asaro, se indican algunas de las condiciones de favorables que recibió la empresa, que usufructúa ese espacio desde 1990. Veintiún años después, firmaron un acuerdo con el macrismo que les extendió la concesión. Se fijó un canon muy bajo a cambio de que hicieran inversiones por dos millones de pesos. Luego de un análisis de los documentos, la fiscal concluyó en que esas mejoras nunca se hicieron. Computaron, según advirtió la fiscal,  “más que de ampliaciones y mejoras, meras medidas de mantenimiento de instalaciones ya presentes en el predio concesionado y, en todo caso, la cláusula antes citada, le daba la posibilidad al concesionario de aplicar el monto comprometido en mantenimiento de instalaciones que, de todos modos, debería realizar”. La fiscal advirtió que la gestión macrista no controló que se hicieran las obras.

Estacionamiento del Hipódromo. Junto al Casino, en avenida Dorrego y Libertador, hay mil cocheras que pertenecen a la Ciudad pero que son explotadas por la empresa Hipodromo Argentino de Palermo S.A., manejada por Federico Achával y hasta hace poco por Cristobal López. Esa empresa no paga un peso por el uso del espacio público y tiene un litigio con el Gobierno porteño, en el que ya tuvo sentencia en 2009 a favor del Gobierno. Sin embargo, el macrismo no desalojó a la empresa vinculada al amigo de Macri, Ivan Achával.  ”La Ciudad dice que no tiene fuerza de policía para hacer el desalojo.  En el medio han desarrollado enormes operativos  en  el conflicto del Borda, el desalojo del Papa Francisco y del Indoamericano. Ese poder de policía tan presente, tan fuerte, tan bestial para algunas de las políticas públicas que intentan implementar no lo utilizaron acá, porque mandando un solo patrullero podían desalojar a los seis empleados que estacionan autos en esa cochera”, advirtió Di Filippo.  La fiscal Asaro destacó que esa omisión permitió que “al menos desde el año 2002, pudieran explotar ese predio en forma totalmente gratuita sin abonarle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ningún canon”.

Esa empresa no paga un peso por el uso del espacio público y tiene un litigio con el Gobierno porteño, en el que ya tuvo sentencia en 2009 a favor del Gobierno. Sin embargo, el macrismo no desalojó a la empresa vinculada al amigo de Macri, Ivan Achával.



GEA 8. Di Filippo encontró (y denunció) otro caso llamativo, que involucra a una empresa llamada GEA 8.  “Esa empresa se ha creado tres meses antes de recibir una gran cantidad de inmuebles, principalmente bajo autopista, para explotar como cocheras. Una empresa entre un empresario argentino y un empresario colombiano que consiguió la concesión de los bajo autopista a razón de entre seis y siete mil pesos por cada bajo autopista. Hoy explota algunos espacios gastronómicos en el Centro Metropolitano de Diseño y en el Centro Cultural Recoleta. Alquila bicicletas y piscinas en el ex KDT.  Son bastante versátiles”, indicó el ex legislador Di Filippo.

El caso de GEA 8 es llamativo porque la concesión la otorgó por decreto Macri cuando era jefe de Gobierno (el decreto es el 963/09). Le dio 11 bajo autopistas en un solo acto a esa empresa, entre cuyos dueños figuran Horacio Fuentes y Santiago Castaño Velez.  Esta empresa, según la denuncia que presentaron los opositores, “declara una facturación estimada de uno a cinco millones de pesos anuales. Tienen 45 empleados aproximadamente. Dicen haber realizado consultorías para el proyecto del Metro de Medellín, explotan las playas de estacionamiento bajo el nombre de Playas 25 de Mayo, cuya página web se encuentra hace años en construcción”.  
  Un informe de la Auditoría de 2009 también advertía sobre esta empresa. Allí señalaron que la explicación que daban en el Gobierno porteño es que los predios debían ser entregados rápidamente “por el alto riesgo de instrucción, abandono y seguridad” que había. La fiscal Asaro encontró “increíble” esa explicación y en su dictamen señaló: “No se explica por qué se entregaron las playas a un solo permisionario pues si no eran rentables, cabe concluir que un solo permisionario no querría recibir, él solo, muchas unidades de un mal negocio”. La fiscal hizo el cálculo de cuánto ganan con cada cochera y dejó en claro que con uno  o dos días de facturación al mes pagan el canon que fijó el Gobierno porteño, que según la web oficial era de 253 mil pesos por las 11 playas.  En la Dirección de Concesiones, no obstante, informaron a Nueva Ciudad que GEA 8 entregó ya dos de las playas cuya concesión se venció y que para las otras nueve ya se hizo el llamado a licitación.

Una empresa entre un empresario argentino y un empresario colombiano que consiguió la concesión de los bajo autopista a razón de entre seis y siete mil pesos por cada bajo autopista. Hoy explota algunos espacios gastronómicos en el Centro Metropolitano de Diseño y en el Centro Cultural Recoleta. Alquila bicicletas y piscinas en el ex KDT.



GEA 8 conserva  la confitería del ex KDT, en cuya licitación se presentó sola y sin competencia alguna y obtuvo un canon más bajo que los anteriores concesionarios.  También tiene el Café del Centro, en el Centro Cultural Recoleta -aunque no se conoce cuánto paga de canon- y el del Centro Metropolitano de Diseño, en el que paga 18.720 pesos. Para ser beneficiada con ese monto, la empresa prometió una serie de inversiones que –según pudo comprobar la fiscal Asaro- nadie está controlando que se hagan.

Vilas Raquet Club. Hoy no figura como concesión, porque fue vendida a un privado, pero la fiscal Asaro indicó que estaba concesionada a Norwalk S.A., una empresa que integraba Guillermo Vilas y otros empresarios. La concesión estaba desde 1990. La fiscal advirtió que Carlos Pirovano formaba parte del directorio de esa empresa y era, en ese entonces, el subsecretario de Inversiones porteño. Se trata de un funcionario macrista que se hizo conocido cuando propuso abolir la educación pública. Actualmente, es el vicepresidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

 

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