LA RESOUCIÓN NO SE PUBLICÓ EN EL BOLETÍN OFICIAL

Cuatro policías metropolitanos fueron enviados en secreto a Santa Cruz

Cuatro oficiales de la fuerza porteña fueron enviados en secreto a Santa Cruz con una resolución que no se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad pese a que la Cámara Federal falló que no deben ser usados fuera de la Ciudad.

Por medio de la resolución 373/MJYSGC/16 firmada por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, se enviaron seis efectivos de la Policía Metropolitana a Santa Cruz. Esto no fue publicado en el Boletín Oficial y contradice a la Cámara Federal que falló hace un tiempo  que no deben ser usados fuera de la Ciudad.

El texto de la resolución fue publicado por el portal Nuestras Voces y en el mismo se indica que seis policías están autoriados a viajar a suelo santacruceño entre los días 13 y 22 de junio, “a fin de cumplir tareas de inteligencia ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21”.

La orden la impartió el juez federal Claudio Bonadio, mientras que la Cámara Federal ya había marcado a este juez en otro expediente que no corresponde usar a la Policía Metropolitana fuera del ámbito de la Ciudad.

En diálogo con el portal Nuestras Voces, el ministro Ocampo confirmó el requerimiento presentado por Bonadio y la posterior puesta a disposición de la media docena de efectivos. El texto de la resolución dice: “Autorízase al Inspector LP 3994 Leonardo Salazar (DNI Nº 26.965.666), al Subinspector LP 4272 Sergio Sequeira (DNI Nº 28.123.136), al Oficial Mayor LP 1180 Juan Pez (DNI Nº 27.888.517), al Oficial LP 1685 Gabriel Issasi (DIN Nº 28.672.085), a la Oficial LP 2986 Ruth Vera (DNI Nº 36.534.877) y a la Oficial LP 5697 Mariela Centurion (DNI Nº 32.796.013) a viajar a la Provincia de Santa Cruz, entre los días 13 y 22 de junio del corriente año, a fin de cumplir tareas de inteligencia ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21”.

No es la primera vez que este magistrado echa mano a la fuerza de seguridad creada por Mauricio Macri para efectuar diligencias en Santa Cruz: a mediados de julio de 2015, había usado a la Metropolitana para efectuar una serie de allanamientos en propiedades vinculadas a la familia Kirchner en Río Gallegos. Fue en el marco de la causa Hotesur, de la que luego fue apartado por una serie de irregularidades.

A casi un año de aquel sonado episodio, el juez volvió a acudir a la misma policía para de nuevo pisar el pago de los Kirchner. En esta oportunidad, el equipo de inteligencia que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta envió día atrás estuvo compuesto por el inspector Leonardo Salazar, el subinspector Sergio Sequeira, el oficial mayor Juan Pez y los oficiales Gabriel Issasi, Ruth Vera y Mariela Centurión. Todos cargos jerárquicos.

Exactamente, a cuatro de esos mismos policías mencionó ayer Cristina Fernández en una carta donde advirtió sobre un clima de “persecución ideológica y hostigamiento mediático”. En el escrito, luego de detallar lo sucedido en la vivienda de sus suegros, la ex jefa de Estado relató como otro hecho llamativo que, “unos días antes, la Policía de Santa Cruz identificó en el puesto de control de ingreso a Río Gallegos, en Güer Aike, a seis oficiales de la Metropolitana procedente de Calafate”.

Se trataba –y así los enumeró Cristina con nombre y apellido– de los mismos agentes enviados por Bonadio y Ocampo. Según la reconstrucción hecha por la ex mandataria, los efectivos sólo revelaron su condición “al comenzar el control respectivo con los canes sobre los rodados en busca de estupefacientes y/o armas de fuego”.

En cuanto al motivo de su visita a la capital provincial, primero dijeron que era simple turismo, pero luego, cuando se les halló una pistola Glock 9 mm, admitieron que tenían “el fin de llevar a cabo diligencias procesales de allanamientos”. No hubo noticias de allanamiento alguno. En ese texto, la ex presidenta dio a conocer un ataque contra la vivienda de los padres de Néstor Kirchner en Río Gallegos –cuya puerta fue destruida a las patadas en la madrugada del sábado pasado– y denunció la existencia de “una fuerza paraestatal” creada para operar sobre su persona y la de quienes fueron altos funcionarios durante su gestión.

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