Las comisiones del Senado comienzan a tratar el megaproyecto sobre jubilados y blanqueo

Un plenario de cuatro comisiones del Senado comenzará a tratar hoy el megaproyecto de ley por el cual se busca, por un lado, saldar deudas con un sector de los jubilados del país, que reclaman por diferencias en sus haberes, y, por otro, habilitar un nuevo blanqueo de capitales de argentinos en el exterior.

La iniciativa comenzará a ser analizada hoy, a partir de las 17, por el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social (designada como cabecera y es preside el peronista pampeano Daniel Lovera), de Presupuesto y Hacienda, de Coparticipación Federal e Impuestos y de Economía Nacional de la Cámara Alta Envalentonado por los resultados que viene obteniendo en ambas Cámaras del Congreso, el macrismo quiere emitir dictamen 24 horas después, es decir el miércoles, y llevarlo al recinto el miércoles de la semana siguiente.

La iniciativa impulsa la declaración de una emergencia en litigiosidad previsional con el objetivo de que el Poder Ejecutivo establezca acuerdos con los jubilados que están en juicio, por mala liquidación de haberes, con el Estado para cerrar esa instancia a cambio del pago requerido. La misma propuesta deja abierta la puerta para la futura de venta de acciones de empresas privadas que el Estado argentino obtuvo, en 2008, tras el proceso de eliminación del llamado sistema de capitalización que derivó en la estatización de las AFJP y la vuelta a un sistema total de reparto.

Y, además, establece la posibilidad de un blanqueo de capitales, pero, tal la versión aprobada la semana pasada en la Cámara Baja, quedan excluidos los funcionarios de los tres poderes del Estado y en todos los niveles (nacional, provincial y municipal) y, también, es extensiva esa prohibición a padres, conyuges e hijos; así como a legisladores del Mercosur.

La iniciativa tenía también un polémico artículo que establecía la pena de prisión para quien difundiera información sobre quienes se acojan al blanqueo, pero ante las críticas originadas porque involucraba a periodistas, se resolvió excluir en forma explícita de esa pena a periodistas y comunicadores sociales.