- Política
- 20.06.2016
ASISTENCIA SOCIAL
Duro informe contra el Gobierno porteño: "Desgastó, recortó, tercerizó y fragmentó las políticas sociales”
En el informe, la Junta Interna de ATE destaca que el "PRO desligó al Estado de sus responsabilidades como empleador y garante de derechos". Denunciaron las condiciones de trabajo y la asistencia hacia los sectores más vulnerables.

Los trabajadores estatales sostienen, a modo de ironía, que se trata de "la pesada herencia del macrismo en la Ciudad” y señalaron que “Esto es imperdonable en la jurisdicción con mayor ingreso per capita de la Argentina”.
A pesar de la pormesa de "mejorar notablemente la caldiad de vida, sobre todo en la población más vulnerable" que hiciera Guadalupe Tagliaferri al asumir el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en reemplazo de Carolina Stanley, las direcciones de Mujer, Adicciones, Niñez y Adolescencia, y en el Programa Buenos Aires Presente denuncian “desmembramiento y falta de presupuesto de los programas destinados a trabajar con la población en situación de calle, con niñas/os y adolescentes víctimas de explotación sexual, en el abordaje del uso problemático de sustancias psicoactivas, y en la restitución y el fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios en villas de emergencia”.
De este modo, los trabajadores denunciaron que no hay proyectos institucionales ni protocolos de intervención claros porque "cada equipo (en el caso más óptimo) o bien cada trabajador/a despliega su quehacer desde su individualidad”. En hogares convivenciales que por ley no deben alojar a más de 30 bebés, niños y adolescentes “se hacinan 50 chicos/os”.
Tras señalar que los edificios destinados a las políticas sociales están con goteras, plagas de ratas y cucarachas y faltan elementos básicos para atender a las personas, como pañales, alimentos o medicamentos, los trabajadores destacaron que “Un palacio de cristal destinado a tareas administrativas se contrapone atrozmente con las dependencias donde se atienden problemáticas sensibles”.
De este modo, la ausencia del Estado implica, en este caso, que las 17 mil personas en situación de calle "sean abandonadas en pleno invierno por falta de camas o por criterios técnicos muy discutibles y que vulneran derechos humanos, como la falta de DNI”, destacan los empleados. Los paradores funcionan desde la tarde a la mañana y no aseguran un lugar a las familias. Por otro lado, el único subsidio habitacional de parte del Gobierno porteño es de $1800 por familia durante 6 meses, monto que no alcanza para pagar un alquiler.
Por otro lado, en la Dirección General de Adicciones, denuncian que se improvisan “programas territoriales ‘para la foto’, que al poco tiempo de crearse se ven desbordados por falta de recursos profesionales”.
Finalmente, denunciaron las condiciones de trabajo en las que se encuentran. Según el informe, más de 1200 trabajadores no tiene estabilidad ya que 900 están con contratos de locación, por lo tanto no tienen licencias, ART, salario familiar o aguinaldo, y otros 300 son tercerizados facturando a la Universidad Nacional de Buenos Aires u organizaciones no gubernamentales sobre las que no cae ningún control.
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