Denuncian desarticulización en la política de vivienda

Con la nueva Ley de Ministerios de la Ciudad sancionada a principios de diciembre del año pasado, se profundizaron los problemas de desarticulación institucional en áreas relativas a los organismos de diferentes ministerios que tienen competencia en materia de vivienda.

De este modo, dada la fragmentación de las funciones y la ausencia de políticas integradoras, se ha mostrado una “incapacidad de aplicar políticas urbanas integradoras”, indica en un informe el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Así, sostiene el texto de la ONG, la Ley 5.460 creó más organismos con competencia en atender la emergencia habitacional porteña, profundizando los problemas de la gestión anterior a cargo del actual presidente, Mauricio Macri.

La problemática de vivienda en la Ciudad no es nueva. Ya en 2004 la Capital Federal había sido declarada en estado de emergencia habitacional. A raíz de ello, se creó un fondo específico y se suspendieron cierto tipo de desalojos. A su vez, se catalogó como de “resolución urgente” las construcciones de viviendas para personas de bajos recursos. La emergencia fue extendida por la Legislatura en 2007 y en 2010 (por otros tres años), pero en 2011 Mauricio Macri vetó la norma por considerar que el plazo había concluido antes de la última prórroga.

Al respecto, según indicó Andrés Asiain en base a datos del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) y al último Censo, “en la Ciudad habitan 1.150.134 hogares según el último censo. De esas familias, 173.721 hogares, más de medio millón de porteños, tienen necesidad de una nueva vivienda, ya sea por habitar viviendas en malas condiciones no recuperables alrededor de 51.479 hogares, 154 mil ciudadanos aproximadamente o por vivir hacinados 122.242 hogares, 367 mil personas aproximadamente”.

Además el economista datalló que “en contraste con ese déficit habitacional, el % de las viviendas de la CABA, unas 341 mil casas y departamentos, se encuentra vacío. Ese porcentaje se ubica bastante por arriba del promedio nacional, que es de un 18 por ciento e incluye en ese número las zonas con casas de fin de semana o vacacionales que lo empujan para arriba”.

Ahora el mapa de las instituciones estatales competentes en materia de vivienda se ha modificado, lo que generó mayor dispersión y confusión. En el Gobierno anterior, la problemática habitacional había quedado bajo la competencia del Ministerio de Desarrollo Económico y las situaciones de extrema emergencia en cabeza del Ministerio de Desarrollo Social, en la actualidad fueron distribuidos en tres ministerios diferentes.

"Más de medio millón de porteños, tienen necesidad de una nueva vivienda, ya sea por habitar viviendas en malas condiciones o por vivir hacinados.

El Instituto de la Vivienda pasó a la órbita de Desarrollo Urbano y Transporte; la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) pasó al Ministerio de Desarrollo Económico al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; y la Corporación Buenos Aires Sur S.E. se encuentra bajo la órbita del Ministerio Modernización, Innovación y Tecnología.

Según el informe del Observatorio, si en el Gobierno de Macri la coordinación entre los organismos fue nula, en la actual gestión el acuerdo es incluso más lejano dada la fragmentación de los organismos.

Sin embargo, en este marco de dispersión, se creó el Ministerio de Hábitat, el cual fue considerado “un paso importante”. De todos modos este organismo no concentra todas las políticas vinculadas a la vivienda, sino algunas pocas instituciones referidas a la temática, por lo que pasa a ser sólo un nombre.

Un avance sea, tal vez, la inclusión de las competencias habitacionales del Ministerio de Desarrollo Social en el de Hábitat y Desarrollo Humano. Es que anteriormente “las soluciones habitacionales transitorias de emergencia que brindaba el Ministerio de Desarrollo Social a las personas en situación de calle nunca fueron conectadas con los programas encargados de brindar soluciones habitacionales definitivas”, explica el informe.

Dada la ausencia de políticas integradoras, se ha mostrado una “incapacidad de aplicar políticas urbanas integradoras”.

En esta línea, agrega que la “desconexión se fundaba en que los organismos que brindaban las soluciones definitivas no se encontraba bajo el mismo Ministerio que el que otorgaba soluciones transitorias. Ahora que se encuentran bajo el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano es la oportunidad para cumplir cabalmente con la ley N° 4.706 que obliga a brindar una atención integral a las personas en situación de calle, entre ellas, una solución habitacional definitiva”.

Por otro lado, una vieja deuda pendiente de la administración porteña es la urbanización de la Villa 31-31 bis que – nuevamente – quedó en manos de un nuevo organismo.

En 2010, a través del Decreto 495/2010, se creó el "Programa de Mejoras para las Villas 31 y 31 bis"en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Con posterioridad este programa pasó a la órbita de la SECHI. Ahora, en el nuevo organigrama, a la actual Jefatura de Gabinete de Ministros se le atribuyó la competencia de “diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados a la regularización y urbanización de la villa 31 y 31 bis"[1] a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana”.

En materia de urbanización de villas es una novedad que el IVC haya vuelto a tener injerencia directa en ellas. Anteriormente había delegado esta responsabilidad a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., a la SECHI y a la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS). Según informó el Instituto de la Vivienda, la prioridad ahora serán los servicios públicos.

Finalmente, otra de las novedades está vinculada al saneamiento del Riachuelo porque también se ha creado la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo (CUMAR) y la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires (APEAMBA) que “deberán coordinar con otros organismos que tienen bajo su órbita territorios coincidentes. Este es el caso de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. que tiene competencia sobre toda la zona sur de la Ciudad que coincide con el área de la Cuenca Matanza Riachuelo”.

La urbanización de las villas, el saneamiento del Riachuelo y el traslado de las familias que viven en esa cuenca son grandes deudas pendientes de la administración porteña para mejorar la calidad habitacional de los vecinos.