Tensa reunión con los organismos de DDHH

Se realizó en la Casa Rosada la reunión entre representantes de organismos de derechos humanos y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. El encuentro duró aproximadamente una hora. Los miembros de los organismos de derechos humanos presentaron al Ejecutivo un documento consensuado de cuatro puntos que recorre las preocupaciones que escalaron en el último tiempo: desde la desactivación de programas vinculados a políticas de Memoria, Verdad y Justicia y los despidos del área, hasta la represión a la protesta social y el encarcelamiento de Milagro Sala. El texto incluye una mención sobre las puertas cerradas del Congreso de la Nación y el dato de que la falta de debate “remite a períodos a los que los más de 40 millones de argentinos ya dijimos `Nunca Más`”. Ese dato hizo enojar al jefe de ministros.

Peña recibió a los organismos de derechos humanos en una mesa en la que sentó al ministro de Justicia, Germán Garavano y al secretario de derechos humanos, Claudio Avruj. Escucharon, respondieron punto por punto, pero justificaron cada decisión y no dieron señales de cambios. En el encuentro no hubo ni compromiso ni señales de revisión de medidas. Los miembros de las organizaciones de derechos humanos incluyeron un pedido para que el secretario de Cultura porteño, Darío Lopérfido, haga una disculpa pública por su discurso acerca del número de los desaparecidos, el único punto que el jefe de ministros casi que reconoció como posible error.  

“Nos fuimos preocupados porque vimos que muchas de las cosas que planteamos no tienen vuelta atrás”, explicó Carlos Pisoni, de HIJOS, a Página/12. “Vimos que muchas de las medidas que están tomadas no tienen vuelta atrás, pero así y todo manifestamos que estamos dispuestos a seguir dialogando para resolver conflictos como el de Milagro Sala e interceder como garantes en situaciones de conflictividad porque, como les dijimos, cuando vemos que hay despidos, ajuste y represión eso termina con muertes.”

  De la reunión participaron quienes firmaron el documento: Abuelas de Plaza de Mayo (Estela Carlotto, y Rosa Roisinblit), Madres Línea Fundadora (Taty Almeida y Laura Conte), Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas (Lita Boitano), HIJOS (Pisoni y Eva Arroyo, de Jujuy), APDH, Buena Memoria (Gabriela Alegre) y el CELS (Luz Palmas Zaldúa y Valeria Barbuto).    A continuación, se planteó el documento. La continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia de parte del Ejecutivo; el compromiso de persecución a militares y civiles; la búsqueda de prófugos y los programas que sostienen esas políticas dentro del Estado. Sobre ese punto, las representantes del CELS señalaron “la preocupación por los despidos de trabajadores en áreas sensibles para los juicios de lesa humanidad como el Programa Verdad y Justicia y el Centro Ulloa”.    El derecho a la protesta social, la represión y la detención de Sala quedaron planteados enseguida. También la desactivación del Congreso.