Denuncian desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva

Organizaciones y referentes del movimiento de mujeres alertaron sobre un eventual desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, luego de los cambios dispuestos en la estructura del Ministerio de Salud por el decreto 114/2016, firmado por Mauricio Macri el 12 de enero y publicado ayer en el Boletín Oficial.

A través de un comunicado de prensa, las entidades advirtieron que “sus funciones se encuentran formalmente suspendidas” desde el 4 de enero, y que “se está desmantelando su unidad funcional en áreas fragmentadas, generándose un quiebre en la ejecución de las política públicas integradas que es necesario llevar adelante para lograr el efectivo acceso a los derechos”.

Consultado por este diario, el vocero del ministro, Patricio Ancarolla, negó que exista la decisión política de eliminarlo, pero lo cierto es que no aparece en el nuevo organigrama de la cartera que encabeza Jorge Lemus. En diálogo con Página/12, la secretaria de Género de la CTA e integrante del consejo consultivo del Programa, Estela Díaz, advirtió que “peligran la continuidad de suministro de insumos como métodos anticonceptivos, las capacitaciones que se venían llevando adelante y la formación de equipos de salud”.

Junto a otros miembros de ese organismo, Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir, y Susana Chiarotti, de Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, de Rosario, Díaz pidió ayer una reunión urgente a las nuevas autoridades del área, para conocer el futuro del PSSyR. “Este programa contaba con una autonomía funcional y especialización reconocida por su trabajo y los resultados beneficiosos para la población. Esta alteración en el organigrama atenta contra la puesta en valor y jerarquía de los mismos, disolviendo así el trabajo de construcción colectiva que había logrado poner a los derechos sexuales y (no) reproductivos en la agenda de la política del Estado Argentino”, señaló en un pronunciamiento el Frente Feminista de Defensores de DD.HH., al que adhirieron la Red de Mujeres, el Frente de Mujeres Evita, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otras organizaciones.

El Programa fue creado en 2003, por la ley 25.673 sancionada por el Congreso un año antes: fue el resultado de la movilización y el activismo del movimiento de mujeres. “Nos llevó veinte años de democracia lograr esa ley. Fue una larga lucha”, destacó Díaz. “El Programa vino a cumplir aspectos de una política fundamental para toda la población”, apuntó la secretaria de Género de la CTA.

A partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género, incorporó la compra de hormonas para proveer en centros de salud a personas trans, que las necesiten, y de insumos para los tratamientos de fertilización asistida. El alerta sobre su funcionamiento futuro surgió luego de que en los últimos días el personal recibiera una orden de las nuevas autoridades de suspender todas las actividades que venían desarrollando.