La Justicia ordenó anular permiso de obra para torres en Caballito

La Justicia porteña resolvió anular un permiso de obra para la construcción de tres torres, de entre 21 y 30 pisos, en una manzana del barrio de Caballito. Los vecinos de la zona habían denunciado que el trabajo de las maquinarias de excavación en ese lugar había provocado vibraciones y daños en las casas aledañas.
 
La sentencia fue dictada por el Dr. Lisandro Fastman, Juez del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 14. Esta decisión judicial abre un nuevo capítulo en la batalla que llevan adelante las agrupaciones SOS Caballito, Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad que buscan evitar la edificación de inmuebles que atentan contra la fisonomía de casas bajas de Caballito.
 
En junio de 2008, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro de la Ciudad (DGROC) autorizó la ejecución de una obra para la construcción de tres edificios -de 70, 80 y 90 metros de altura, respectivamente- entre las calles Rojas, Felipe Vallese, Colpayo y Méndez de Andes.
 
Menos de un mes antes, la Legislatura porteña había aprobado la ley 2722, que excluía de este tipo de edificación a más de 80 manzanas, entre ellas, la elegida para este megaproyecto. La nueva norma limitó la altura de las construcciones a un tope máximo de 13,50 metros.
 
"Pero faltaba su promulgación y la DGROC lo sabía. Por eso se apuró y permitió la ejecución, atentando contra el barrio y los vecinos", dijo a La Nación Mario Oybin, integrante de la agrupación SOS Caballito.
 
Tras varias idas y venidas judiciales, que incluyeron una orden de suspensión de la obra en 2012, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña anuló el permiso de obra otorgado a la empresa IRSA-TGLT.
 
Oybin agregó que "ahora, en esos tres cuartos de manzana deben atenerse a la ley de 2008 y levantar edificios de hasta 13,50 metros de altura con una planta baja, dos pisos y un retiro, como máximo".
 
Según los vecinos, la obra estaba paralizada desde hacía mucho tiempo. "Contratamos un escribano que certificó que no había avances. Si pasan seis meses sin trabajos, la constructora debe solicitar un nuevo permiso", explicó Oybin a La Nación. Si bien los planos fueron aprobados en 2008, su ejecución comenzó a mediados de 2011.
 
Para las agrupaciones de vecinos “este caso constituye un ejemplo paradigmático en donde el Gobierno de la Ciudad al momento de elegir entre respetar la ley y garantizar derechos ambientales de los habitantes de la Ciudad, y proteger los intereses económicos de los desarrolladores inmobiliarios, elige éste último”.