BALOTAJE

El PRO espera el balotaje para avanzar con sus proyectos en la Ciudad

Luego del balotaje el PRO volverá a la carga con sus proyectos que involucran la venta de terrenos públicos y concesiones a privados por varias décadas.


Las distintas medidas que el macrismo impulsará en la Ciudad después del 23 de noviembre incluyen la venta del  Buenos Aires Design, el predio de El Dorrego y parte del Tiro Federal y la concesión del autódromo, el Centro de Exposiciones y el bus turístico. Además, dentro de ese paquete de leyes también está el Presupuesto 2016, que Mauricio Macri debería haber girado a la Legislatura antes del 30 de septiembre.

Así, con la intención de mantener la calma de cara al balotaje del próximo 22 de noviembre, el macrismo prepara un paquete de leyes que incluyen la venta de terrenos públicos, la concesión por décadas del autódromo o del Centro de Exposiciones, entre otras. Los proyectos son resistidos por un sector de la oposición y, al igual que ocurrió hace dos años, las votaciones podrían quedar sujetas a la negociación de siete cargos de la Auditoría porteña, que se deben votar a fin de año.

Entre esas leyes, está la del Presupuesto 2016, que desde el PRO deberían haber mandado antes del 30 de septiembre y sin embargo, eso no sucedió. Por ese motivo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) entabló una demanda ante el fuero contencioso administrativo. El gobierno porteño, que extraoficialmente admite que no piensa mandar el presupuesto hasta después de las elecciones, contestó un requerimiento de la jueza Elena Liberatori. Pero el fiscal Ocampo pidió urgente el expediente, como una forma de frenar la demanda.

Entre los proyectos de ley más significativos que el macrismo intentará aprobar se encuentran:   1 Venta del Buenos Aires Design. 
El paseo comercial tiene desde hace años una concesión con un canon de 49.029 pesos por un complejo que tiene 60 locales comerciales, 145 cocheras, una terraza de 300 metros cuadrados y dos centros de convenciones. Es administrado por la empresa Emprendimientos Recoleta SA (ERSA), cuyo accionista mayoritario es el grupo IRSA de Eduardo Elsztayn. Desde julio, el PRO busca vender ese complejo con el objetivo de financiar la construcción de la Ciudad Judicial. Se presupone que la compradora sería la misma empresa. Los legisladores del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti, Lorena Pokoik, Paula Penacca, José Cruz Campagnoli, Fernando Muñoz y Pablo Ferreyra participaron de una radio abierta junto a los vecinos para rechazar la venta.

2 Venta del predio El Dorrego.
El macrismo ya había intentado vender el edificio conocido como El Dorrego hace dos años. En 2013 recortó tres millones de pesos al programa de Intervención Social en Villas para refaccionarlo y luego tenía pensado entregárselo a la productora de Adrián Suar, quien compartió con Macri el partido en el que Boca se consagró campeón del torneo local. Ahora el PRO retomó la idea con un proyecto más moderado y propone vender parte del predio para financiar en la otra parte el Centro Metropolitano Audiovisual.

3 Concesión del Autódromo. 
Se busca crear un fideicomiso por 30 años que será administrado por la Corporación del Sur y empresas vinculadas a la industria automotriz. “Todo lo que tiene que ver con venta de activos de la ciudad me voy a oponer, porque es el único capital que tiene la ciudad. No es un Estado con empresas productivas y de servicios, sino con tierra”, señaló el legislador Fernando Muñoz.

4 Concesión del Centro de Exposiciones y Convenciones. 
Recién terminado, el PRO busca entregar a un privado el nuevo edificio junto a la Facultad de Derecho de la UBA. El Gobierno porteño hizo una inversión del 313 millones de pesos en la construcción, por lo que tanto la jefa del bloque del kirchnerismo Gabriela Alegre como el legislador Aníbal Ibarra discutieron a fines del año pasado con la jefa del bloque macrista Carmen Polledo cuando se trató el proyecto para concesionarlo por 30 años.

5 Venta de una parte del Tiro Federal. 
Se propone vender una parte para construir un Centro de Innovación. “Con el Tiro Federal, se reproduce una lógica de distritos que no promueve un desarrollo positivo para la ciudad. Todas las medidas avanzan con la enajenación de tierras públicas y con el Estado gobernando a favor de los intereses de grandes empresas”, advirtió Penacca.

6 Concesión del Bus Turístico. 
El contrato venció en 2013, pero el PRO se resiste a licitarlo. El negocio está en manos de una unión transitoria de empresas (UTE) de las compañías Flechabus y Rotammund. Estas empresas informaron que la cantidad de pasajeros es cercana a 300 mil personas, por lo que la facturación llegaría a los 78 millones de pesos anuales. El Estado se queda con el 25 por ciento de ese dinero. En lugar de licitarlo, el PRO quiere renovar la concesión a través de una resolución que requiere de 31 votos en lugar de 40 votos. En la oposición, lo ven como una trampa reglamentaria, de esas por las que el PRO suele poner el grito en el cielo en el Congreso nacional.

A estos proyectos se podrían sumar otros, como la renovación de la concesión del Club de Golf en Lugano, la aprobación del proyecto de IRSA del barrio Solares de Santa María junto a la Reserva Ecológica o incluso existe la versión de la creación de una Agencia de Bienes del Estado (aunque no hay ningún proyecto presentado). Para la gran mayoría de estas normas, el macrismo requiere de 40 votos, por lo que tendrá que negociar con algún sector del interbloque kirchnerista o bien con alguna parte de la bancada de ECO.

Como si esto fuera poco, se le suma otro elemento de la negociación: los cargos. En 2013, hubo denuncias de que se negociaban los cargos de la Defensoría del Pueblo, el Ente Regulador de Servicios Públicos, el Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, el Consejo del Plan Urbano y las tres cabezas del Ministerio Público. En esa situación fue que llegó al cargo del fiscal general el macrista Martín Ocampo, que ocupa un cargo equivalente al de Alejandra Gils Carbó a nivel nacional. En este caso, están en discusión los siete puestos de la Auditoría General de la Ciudad, que serán tratados en paralelo a un paquete de leyes que el PRO intentará aprobar luego de que pasen la segunda vuelta nacional.


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