Se firmó el proyecto que ratifica el juicio a los militares represores

Ayer por la tarde se realizó la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto firmado por todos los bloques que ratifica el juzgamiento a los responsables de los crímenes de lesa humanidad como política de Estado de carácter irrenunciable.

Formaron parte de a reunión: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas e integrantes de la APDH. También hubo representantes del poder Ejecutivo, de la Procuración y del Poder Judicial. La única ausente fue la diputada del PRO, que en su lugar envió a su asesor.

Ante la firma del proyecto, Estela Carlotto lo entendió como un “signo” pero en línea con el resto de la sala pidió el compromiso de “no violentar a nuestro país haciendo caer normas de defensa de la integridad de cada habitante. Hacer posible la tranquilidad de que venga quien venga, no se va a tocar un centímetro de lo que ya se consiguió”.

En ese sentido, parte del movimiento de derechos humanos presente en la reunión mostró su preocupación por las declaraciones públicas del candidato de Cambiemos, Mauricio Macri, y por la acción política desplegada por sus funcionarios en la calle y por sus diputados en el parlamento.

Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos, integrante de Abuelas y diputado, aseguró: “Necesitamos que el actor político que hoy está disputando la presidencia de la Nación tome un compromiso serio con esto dijo. Nuestras Madres y Abuelas hicieron un recorrido muy largo para poder ver a los asesinos de sus hijos en prisión. Hubo un cambio en el juzgamiento a los genocidas, pero creemos que no nos alcanza la firma de un diputado en una declaración, ya que sabemos que las que hablan son las acciones que ese espacio llevó adelante en los últimos años”.

En relación a las acciones mencionadas por Pietragalla, se trata de la desfinanciación de los ex centros clandestinos de detención a cargo del Ejecutivo porteño, que hizo que tuvieran que pasar a ser gestionados por la Nación y la represión en el Borda y el barrio Papa Francisco.

Este proyecto de declaración tiene como objetivo reafirmar el compromiso del Estado con el proceso de Verdad y de Justicia. Sus bases son un proyecto presentado por el CELS en adhesión al Bicentenario que se aprobó en mayo de 2010.

La presentación fue impulsada con adhesión del FpV. Y firmaron Myriam Bregman del PTS, Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido de la UCR, Pinedo del PRO y el Felipe Solá del Frente Renovador.