El gobierno de la Ciudad comenzó a demoler un centro de jubilados en Villa Urquiza

Un edificio del barrio porteño de Villa Urquiza lleno de habitantes comenzó ayer a ser derribado por obreros de una empresa que, custodiados por la Policía Metropolitana, tiraron parte de una pared de la planta baja, donde funcionaba un centro de jubilados.

"Nos asustamos cuando escuchamos los ruidos de las máquinas. No entendíamos nada hasta que nos dimos cuenta que nos estaban tirando abajo las paredes de la planta baja", explicó Mercedes Medina, una de las personas que viven en el edificio ubicado en Holmberg 2858.

La mujer relató cómo se dieron los hechos: "Obreros de una empresa se presentaron con la policía y empezaron a demoler las paredes de la planta baja del edificio donde, en el primero y segundo piso, vivimos nueve familias", manifestó.

"Adentro temblaba todo y se rompieron los vidrios", sostuvo Medina, quien mantuvo diálogo con la prensa a pocos metros del cordón de Infantería de la Policía Metropolitana plantado de espaldas al edificio.

Según Medina, para tratar de frenar el sorpresivo operativo, los vecinos se defendieron arrojando "baldazos de agua a los que lo ejecutaban".

"Lo hicimos para frenar la obra, por miedo", subrayó Marcelina Frutos, una vecina que se acercó a ayudar a los habitantes del edificio, a Télam.

La propiedad de la calle Holmberg es una de las tantas propiedades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afectadas por las obras del Ministerio de Desarrollo Urbano para construir el Barrio Parque previsto sobre Donado y Holmberg, entre Avenida Congreso y Carbajal.

Según el mismo gobierno porteño, ese emprendimiento inmobiliario "recupera y revitaliza el espacio de la traza de la ex autopista (AU3), revirtiendo una situación que afecta a 600 familias", y permite el desarrollo social, cultural y económico "de una zona de la Ciudad relegada por mucho tiempo".

"Relegados son estas familias, que viven en este barrio hace tantos años. Nosotros, la agrupación del PJ que tenia un centro de jubilados y talleres para chicos en la planta baja del edificio, nos fuimos cuando nos llegó la carta del gobierno porteño, sin saber que con la gente adentro iban a empezar a derribar las paredes", dijo Fernando, uno de los militantes que trabajaban en el espacio.

Según los vecinos, el edificio lo ocupan nueve familias, algunas de las cuales ya fueron reubicadas en el marco de ese plan del Ejecutivo local para "modernizar" la zona.

"Creemos que nos quieren sacar de encima. Desde que el centro de jubilados se fue, el espacio comenzó a ser merodeado por barras de All Boys y gente que vendía droga. Después vino Desarrollo Urbano a decirnos que no quieren que intrusen el edificio. Con esa excusa vinieron hoy a demolernos con nosotros adentro", denunció Medina.

En tanto, el abogado de las familias, Carlos Gustavo López, aseguró que "se puso en riesgo la estructura de un edificio que es antiguo donde hay gente viviendo".

"Hay una especie de capricho o de provocación que no entendemos. Esto debió arreglarse con una reunión con las familias que viven en el edificio. La gente acá quiere colaborar, pero necesitamos que el gobierno porteño respete el estado de derecho", agregó el abogado.

El centro barrial de jubilados, en el que también unos 30 chicos practicaban karate, taekwondo y asistían a apoyo escolar, dejó de existir de un día para el otro. "La acción del gobierno porteño buscó tanto desalojar el centro como debilitar la estructura del inmueble para forzar a sus habitantes a marcharse", concluyeron los vecinos y militantes presentes en el desalojo.