Cuestionan en audiencia pública el aumento de parquímetros y a empresas con contratos vencidos

Los vecinos criticaron los argumentos con los que el Gobierno porteño defendió el incremento en la tarifa y cuestionaron la permanencia en la gestión del estacionamiento medido y el acarreo vehicular de empresas que tienen el contrato vencido desde 2011.

La audiencia se llevó a cabo con pocos vecinos, a partir de una convocatoria realizada por Decreto N°500 del Gobierno porteño -publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad el 30 de diciembre pasado, que pasó inadvertida-, y cuya finalidad fue exponer y justificar la propuesta de la Subsecretaría de Transporte porteño respecto de la suba de tarifa del parquímetro de 3 a 4 pesos, y escuchar las opiniones de los vecinos, en el marco de una reunión no vinculante..

"El gobierno de Mauricio Macri viene mintiendo desde hace 10 años, defiende a las empresas públicas que tienen contrato vencido y no democratiza el espacio público", expresó a Télam Pablo, uno de los vecinos del barrio de Congreso, quien añadió que "nos invitan a discutir sobre tarifas y nos mienten sobre los componentes de las mismas generando una situación insostenible".

El vecino hizo alusión a la presentación del funcionario porteño Diego Nappa, quien en su argumentación sobre el aumento de tarifas relacionó la tarifa del estacionamiento regulado con el combustible y los salarios, más la estructura de los costos.

Entre las conclusiones oficiales se planteó un "evidente retraso" de estas tarifas y la "baja rotación" que "atenta contra el uso racional de la vía pública".

Por su parte Rogelio González, vecino de Villa Urquiza, destacó que "el sistema no funciona, y están tratando de actualizar una tarifa sobre contratos que están vencidos, además de que no dio resultado el sistema".

La rotación de los autos estacionados "es importante, pero más importante es que se pueda solucionar dando dos horas libres para estacionar donde haya estacionamiento medido; lo que habría que lograr es que haya más playas de estacionamiento, que las tendría que hacer el gobierno de la Ciudad", consideró.

Sobre el aumento de la tarifa, Gonzalez manifestó que "no se cuestiona tanto que pase de 3 a 4 pesos, sino que, aparte de preguntarse dónde va la plata, nada va a funcionar en el tránsito si no tenemos un transporte público bueno, de calidad, para que la gente deje de utilizar el automóvil, no porque le cueste caro, sino porque es mejor el transporte público".

Por su parte, el legislador del Frente de Izquierda de los Trabajadores Marcelo Ramal, quien presentó el recurso de amparo que derivó en la medida cautelar que frenó el aumento de tarifa del acarreo de vehículos, consideró que "hay una protección del gobierno de Mauricio Macri" a las empresas que controlan el estacionamiento medido y el acarreo "que debería ser investigada".

En diálogo telefónico con Télam, el diputado aseguró que son empresas que "tienen la concesión vencida, que se le fue prorrogando desde el año 2001 con el agravante de que el propio Estado es el que asume el pago de los sueldos y otros gastos, y las concesionarias se llevan todos los ingresos".

En ese sentido, Ramal aseguró que frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires "se está construyendo una playa para 900 coches de los cuáles 150 van a ser para los concesionarios. Es un negocio parasitario donde el Estado aporta recursos y el ingreso se lo llevan los concesionarios".

A su vez, señaló que "en relación a la tasa de acarreo, es mentira que sea una tasa, es una multa encubierta porque 480 pesos no es una tasa de acarreo, es una multa, y ahora quieren reforzar esto con los parquímetros".