La jueza se tomó cinco días para resolver sobre la competencia de la causa de ocupación

La jueza Gabriela López Iñiguez, titular del juzgado 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad dispuso que resolverá dentro de los próximos cinco días hábiles si la Justicia penal porteña es competente para investigar la ocupación de las tierras de Lugano.

Hoy se retomó la audiencia del lunes pasado para resolver la competencia en torno al denominado barrio Papa Francisco, en la cual las partes se mantuvieron en sus posiciones.

El fiscal Carlos Rolero sostuvo que la jueza debe declararse incompetente y que la causa tiene que tramitarse en el fuero penal basándose en que la toma del predio de Lugano configuraría el delito de "asociación ilícita" en lugar de la actual calificación de "usurpación".

Mientras que Pedro Dáttoli, abogado defensor de Marcelo Chancalay -único detenido en la causa, entre la decena de imputados- planteó que la competencia corresponde a la justicia porteña.

"Es un predio de la Ciudad, intervienen jueces de la Ciudad y fue la Ciudad la que participó en el censo a pedido de la jueza María Elena Liberatori. Dejar en manos de la justicia nacional esta causa sería sacársela de encima", dijo Dáttoli.

En tanto, Juan Manuel Di Teodoro, abogado defensor de Marta Yane, acusada como "partícipe necesaria" de la toma, reclamó que la jueza rechace el planteo de incompetencia al frente de la causa.

López Iñiguez resolvió tomarse el plazo legal para resolver sobre la materia después de escuchar además a Francisco Dálvora, director general de la Procuración en materia penal, quien informó que "se mantiene el pedido de allanamiento y desalojo del predio".

El defensor general adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Duacastella, que representa a los diez imputados en la causa penal, se pronunció en favor de que la causa permanezca en el fuero local y recordó que la orden de restitución del inmueble dispuesto por la Cámara de Apelaciones Penal está firme.

"La Defensa no apeló la orden pero la forma en que se desarrolle la restitución debe ser pacífica y ordenada", aclaró Duacastella.

Mientras que Francisco Dálvora, director general de la Procuración en materia penal, informó que se mantiene el pedido de allanamiento y desalojo del predio. Se prevé que sea cual sea la resolución de la jueza, la causa terminará en la Cámara ya que tanto la Fiscalía como la Defensa apelarán la decisión judicial en uno u otro sentido.

La audiencia que comenzó a las 10.30 hs en la sede judicial de la calle Tacuarí al 100 fue breve e incluyó la lectura de dos escritos solicitada por la jueza a la Policía Metropolitana y a la Policía Federal sobre el plan de desalojo.

La jueza remarcó que la Policía Metropolitana en su plan informó que "sería inviable" un desalojo sin la participación de las fuerzas de seguridad federales. En tanto, informó que para la fuerza federal el plan de la Metropolitana "sería un atentado a la razón".

Además, Mónica Reina, de la subsecretaría Legal y Técnica de la Defensoría del Pueblo, dio un informe sobre el censo en la toma de Lugano que alcanzó a unas 1.800 personas y contó de la buena predisposición por parte de los vecinos.

De acuerdo al relevamiento, unas 1.800 personas, 700 familias, se encuentran en el predio de más de diez hectáreas desde el 24 de febrero pasado, cuando en su mayoría habitantes de la villa 20, lindera con estos terrenos, decidieron ocuparlos ante la falta de viviendas.


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