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- 30.05.2014
La oposición porteña quiere saber si la Metropolitana fabrica drones
Legisladores de distintos bloques presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo de la Ciudad detalle si la Policía Metropolitana está produciendo esos dispositivos para video vigilancia. Es una tecnología que no está regulada en la Argentina.
Gustavo Vera y Pablo Bergel de Verde Alameda; Jorge Taiana, del Frente para la Victoria; Alejandro Bodart, del MST; Virginia Gonzalez Gass, del PSA; Pablo Ferreyra, de Izquierda Popular; Edgardo Form, de Nuevo Encuentro; Marcelo Ramal del FIT; y Susana Rinaldi del Frente Progresista Popular expresaron su preocupación por enterarse a través de los medios de que el presupuesto que aprobaron se está usando para hacer drones, cuando “el Ministro nunca lo había explicitado”.
Según se informa en el comunicado de los legisladores, el 14 de mayo el diario Clarín publicó una nota, en la cual un vocero anónimo de la Policía Metropolitana, informó que la joven fuerza estuvo diseñando y construyendo con recursos propios esta tecnología de avanzada, sobre la que aún no hay regulación específica en el país, y que es materia de polémica a nivel internacional. Incluso ese mismo día un dron sobrevoló la manifestación de la CGT en la Plaza de Mayo.
Los diputados también agregaron preocupación en referencia a las intenciones de uso, en especial porque el vocero expresó que “sólo nos limita nuestra capacidad, imaginación y recursos”, desconociendo criterios generales del código aeronáutico y la ley que regula el uso de videocámaras. Y sobre las posibilidades de modificación del dispositivo para otros usos, como puede ser la grabación de sonidos, trasladar objetos y hasta disparar, tal como sucede en fuerzas policiales estadounidenses.
“Es difícil pensar el uso de estos drones por parte de la Policía Metropolitana sin recordar que hace muy poco su primer primer jefe, el "Fino" Palacios, estuvo detenido por espionaje y sigue procesado junto a Mauricio Macri”, manifestó Vera.
En el mismo sentido se expresó Pablo Ferreyra, quien advirtió que “la fuerza de seguridad podría estar utilizándolos para realizar tareas de espionaje, algo expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Pública”.
Por su parte, Bodart recordó que “la Policía Metropolitana quiere usar estos dispositivos mientras se niega explícitamente a registrar sus 2000 cámaras fijas en la Defensoría del Pueblo como obliga la Ley de Protección de Datos Personales”.
Virginia Gonzalez Gass, del Partido Socialista Auténtico, también expresó su rechazo: “En lugar de preservar el espacio público y promover la creación de un ambiente para la libertad, el gobierno de Mauricio Macri avanza sobre derechos fundamentales como la libertad de expresión y la protesta en sus diversas manifestaciones pacíficas”.
Al ser consultado el sociólogo Andrés Pérez Esquivel, de la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia, Tecnología y Sociedad, señaló: “Hace un mes, España prohibió el uso civil de estas aeronaves hasta tanto terminen una regulación específica”.
Y luego agregó que “todo el mundo está debatiendo esto ya que su uso involucra asuntos de defensa nacional, seguridad aérea, orden público, protección de datos, privacidad y de responsabilidad de terceros”.
Fuente: Semanario Parlamentario
Gustavo Vera y Pablo Bergel de Verde Alameda; Jorge Taiana, del Frente para la Victoria; Alejandro Bodart, del MST; Virginia Gonzalez Gass, del PSA; Pablo Ferreyra, de Izquierda Popular; Edgardo Form, de Nuevo Encuentro; Marcelo Ramal del FIT; y Susana Rinaldi del Frente Progresista Popular expresaron su preocupación por enterarse a través de los medios de que el presupuesto que aprobaron se está usando para hacer drones, cuando “el Ministro nunca lo había explicitado”.
Según se informa en el comunicado de los legisladores, el 14 de mayo el diario Clarín publicó una nota, en la cual un vocero anónimo de la Policía Metropolitana, informó que la joven fuerza estuvo diseñando y construyendo con recursos propios esta tecnología de avanzada, sobre la que aún no hay regulación específica en el país, y que es materia de polémica a nivel internacional. Incluso ese mismo día un dron sobrevoló la manifestación de la CGT en la Plaza de Mayo.
Los diputados también agregaron preocupación en referencia a las intenciones de uso, en especial porque el vocero expresó que “sólo nos limita nuestra capacidad, imaginación y recursos”, desconociendo criterios generales del código aeronáutico y la ley que regula el uso de videocámaras. Y sobre las posibilidades de modificación del dispositivo para otros usos, como puede ser la grabación de sonidos, trasladar objetos y hasta disparar, tal como sucede en fuerzas policiales estadounidenses.
“Es difícil pensar el uso de estos drones por parte de la Policía Metropolitana sin recordar que hace muy poco su primer primer jefe, el "Fino" Palacios, estuvo detenido por espionaje y sigue procesado junto a Mauricio Macri”, manifestó Vera.
En el mismo sentido se expresó Pablo Ferreyra, quien advirtió que “la fuerza de seguridad podría estar utilizándolos para realizar tareas de espionaje, algo expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Pública”.
Por su parte, Bodart recordó que “la Policía Metropolitana quiere usar estos dispositivos mientras se niega explícitamente a registrar sus 2000 cámaras fijas en la Defensoría del Pueblo como obliga la Ley de Protección de Datos Personales”.
Virginia Gonzalez Gass, del Partido Socialista Auténtico, también expresó su rechazo: “En lugar de preservar el espacio público y promover la creación de un ambiente para la libertad, el gobierno de Mauricio Macri avanza sobre derechos fundamentales como la libertad de expresión y la protesta en sus diversas manifestaciones pacíficas”.
Al ser consultado el sociólogo Andrés Pérez Esquivel, de la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia, Tecnología y Sociedad, señaló: “Hace un mes, España prohibió el uso civil de estas aeronaves hasta tanto terminen una regulación específica”.
Y luego agregó que “todo el mundo está debatiendo esto ya que su uso involucra asuntos de defensa nacional, seguridad aérea, orden público, protección de datos, privacidad y de responsabilidad de terceros”.
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