Fiscales se acercan a los habitantes de asentamientos de la Ciudad para que conozcan sus derechos

El flamante coordinador del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, Julián Axat, consideró que la función de esta iniciativa tiene por objetivo "difundir derechos entre los habitantes de los territorios y los asentamientos" de la Ciudad de Buenos Aires.

"La intención de este programa es acercar la Justicia a los lugares a los que no llega. Queremos sacarla de los despachos y vincularla con las necesidades de los barrios y los asentamientos. La idea es difundir derechos entre los sectores populares", señaló Axat en diálogo con Télam.

Creado por la Procuraduría General de la Nación, que encabeza Alejandra Gils Carbó, este programa intenta que el Poder Judicial tenga presencia, en una primera etapa, en los asentamientos de la Capital Federal con el establecimiento de "casas de justicia" en esos territorios.

"En esta etapa inicial, estamos trabajando para estar en los barrios donde las instituciones no llegan. Vamos a instalar unidades móviles con abogados, asistentes sociales y programadores comunitarios, no sólo para recibir denuncias, también para promover derechos", explicó el funcionario. Asimismo, Axat aseguró que la intención es que las casas de justicia sean "espacios de promoción comunitaria y cultural para la gente de los barrios".

"Me parece que con este programa damos un primer paso para romper la lógica vertical de la oficina del tribunal, donde quien concurre a pedir justicia es tratado como un subordinado, sobre todo si provienen de un asentamiento o villa", fundamentó.

En principio, el programa trabajará en la villa 21, en la 31 y en la 1-11-14 con problemáticas individuales y colectivas, y luego el objetivo es que la iniciativa se proyecte a otros barrios de Buenos Aires, el Conurbano y las periferias de otras grandes ciudades del país.

"Este programa implica también una manera de democratizar la justicia. Los puestos laborales del Poder Judicial deben cubrirse con personas que provengan de distintos estratos sociales. Es la mejor forma de terminar con el funcionamiento corporativo que hoy existe en los tribunales", apuntó.

En ese sentido, Axat ponderó "como un primer paso muy positivo" la actividad que el Ministerio Público Fiscal llevó a cabo el martes en la Villa 21 de Barracas, donde se ofreció una charla destinada a cubrir vacantes laborales en los puestos más bajos de la justicia.

Axat tiene 37 años, nació en La Plata, sus padres están desparecidos y en los años `90, mientras estudiaba derecho, militaba en la agrupación HIJOS con el compromiso de lograr Memoria, Verdad y Justicia, en los tiempos en los cuales los represores de la última dictadura cívico militar parecían tener asegurada la impunidad.

Además, es escritor y poeta, y publicó varios trabajos, el más reciente es "La Plata Spoon River", una antología de versos en las que se describe el sufrimiento que atravesaron las víctimas de la inundación que afectó a la capital bonaerense en abril de 2013.

"Siempre que pude busqué relacionar la poesía con el ejercicio del derecho en la búsqueda de lo que podría ser una justicia poética. Muchas de las demandas que presenté son el resultado de cuestiones que primero formulé en la prosa", describió.

Hasta el 5 de mayo, día en el que asumió al frente de este Programa, Axat se desempeñó como defensor penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires, y desde esa función intentó "administrar justicia para responder ante el dolor de los que menos tiene".

"Un defensor oficial, un fiscal, un juez debe ponerse en el cuerpo de las víctimas, de los que sufren. Litigar es trabajar con el dolor ajeno, asumirlo, procesarlo y tratar de hacer justicia. Lo contrario sería entrar a un barrio y maltratar a los vecinos como hizo (José María) Campagnoli en Villa Mitre", apuntó.

Integrante del movimiento Justicia Legítima, Axat interpretó como "impostergable la necesidad de una reforma en el Código Penal", y respaldó el anteproyecto que será debatido en el Congreso nacional. "Creo que los cambios son necesarios para saber dónde estamos parados en términos legales. El anteproyecto de Código Penal plantea una postura racional, de equilibrio entre las posturas de `mano dura` y el abolicionismo", destacó.

En ese sentido, consideró: "La inflación punitiva representa una dificultad seria a la hora de establecer justicia. Con el mero incremento de penas no se soluciona nada si no existe una respuesta de fondo ante las problemáticas sociales".

Por último, entendió que "cualquier reforma del sistema judicial debe estar acompañada de una profunda democratización de las fuerzas de seguridad". "Así como necesitamos abrir el sistema de justicia para que no tenga una composición corporativa, se debe democratizar a todas las policías y cuerpos de seguridad. Estos cuerpos deben dejar atrás la militarización e incluir la participación de los ciudadanos en el control de su tareas", enfatizó.