Los trabajadores del restaurante Lalo ya son una cooperativa pero aún no pueden atender al público

Desde el 24 de abril ocupan el local en reclamo de los haberes que se les adeudan desde hace cuatro meses. Hoy se constituyeron como una cooperativa, por lo que esperan "poder abrir al público lo antes posible".

"Estamos muy contentos porque se hizo todo muy rápido, pero queremos volver a trabajar lo antes posible y todavía no podemos porque seguimos teniendo consigna policial en la puerta", dijo a Télam Rafael Heredia, mozo de Lalo.

Heredia explicó: "desde que el patrón nos denunció por usurpadores tenemos policías en la puerta, estamos desesperados por volver a atender".

Los empleados, que a través de la resolución 1.446 están inscriptos en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) como cooperativa de trabajo, tienen personería jurídica vigente a partir de hoy.

"En estos conflictos tratamos de actuar articuladamente y acelerar los trámites, por lo que desde el Estado nacional intervinimos de forma conjunta, como en el caso del restaurante Alé Alé" de la avenida Estados de Israel 4503, contó a Télam Eduardo Montes, vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas del Ministerio de Trabajo.

El asesor de la Secretaría de Desarrollo y Promoción del Inaes, Fernando Herrero, apuntó: "el acto constitutivo formal se hizo la semana pasada" y que "los trámites se hicieron en tiempo récord una vez agotadas las instancias de negociación con la patronal".

"Acá hay un claro ejemplo de irresponsabilidad patronal, porque una empresa que trabajaba 150 cubiertos por día en un lugar emblemático de la Ciudad es absolutamente viable", señaló el diputado provincial Miguel Funes (FpV).

Funes remarcó que "los trabajadores están esperando ahora que les levanten la consigna y se vayan los policías de la puerta para empezar a atender", ya que la denuncia por usurpación que realizó la empresa Sargento Cabral 2426 S.A. -dueña del fondo de comercio- sigue en curso.

"Es increíble que aún con todo el apoyo y respaldo del Estado nacional no los dejen trabajar", concluyó Funes.

Rubén Soriano, otro de los trabajadores de Lalo, contó que "aún sigue vigente la orden de desalojo" y que "el oficial de justicia Ricardo Saravia continúa reteniendo el mandamiento".

"Tendría que devolverlo al juez, no sabemos por qué no lo hace", apuntó y agregó: "Estamos contentos por ser cooperativa y esperamos poder abrir al público lo antes posible, pero seguimos en estado de asamblea permanente".

Tras la audiencia del lunes pasado en el juzgado Civil Nacional 63, a cargo de Pablo Torterolo, los trabajadores aguardan el próximo encuentro convocado para el lunes, cuando los propietarios responderán si acceden a alquilarles el local ubicado en Montevideo 355.

En tanto, los trabajadores ratificaron ante el Juzgado de Instrucción 9 la denuncia que presentaron contra Juan González Costa y su contador, Guillermo Pereyra, por "estafa y defraudación".

Durante tres meses el personal de Lalo concurrió a su trabajo sin cobrar los haberes, observando el vaciamiento del comercio. Un día antes de ocupar el local, notaron que los dueños habían cambiado la cerradura de ingreso, por lo que decidieron declararse en estado de asamblea permanente.