Repudian la designación de un ex funcionario del PRO como juez en la causa del boliche Beara

Padres de las dos víctimas del derrumbe en el boliche, familiares de Cromañón y diputados del arco opositor al PRO repudiaron la posible de designación de Martín Farrell, quien era director de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control porteña, cuando ocurrió la tragedia en 2010.

"Queremos denunciar públicamente que en 19 días los ciudadanos podemos correr el riesgo de tener nombrado un juez, cuya designación se realizó sin el trámite parlamentario correspondiente, es grave porque quienes tienen que tomar esa decisión son los legisladores", dijo Juan Lizarraga, padre de Ariana Beatriz Lizarraga, una de las chicas muertas.

En tanto, Alicia Tagliaferro, mamá de otra de las víctimas, Leticia Paula Provedo, sostuvo que "lo que queremos es que se tome conciencia que que este juez que tiene que velar por los intereses de los ciudadanos no cumplió con sus obligaciones como funcionario pública". "Si Farrell tuviera ética se hubiera bajado de esta designación", opinó Tagliaferro, durante una conferencia de prensa que se realizó en el Salón Jauretche del palacio legislativo.

Lizarraga contó que Farrell estuvo declarando ante la jueza Alicia Iermini, por "homicidio culposo y cohecho" y advirtió que "una persona así no puede estar al frente de un juzgado".

En tanto, Nilda Gómez, mamá de una víctima de Cromañón, tomó la palabra también para decir que "la corrupción mata, queremos nada más que se cumpla con la ley".

Luego Tagliaferro leyó una carta en la que entre otros párrafos se afirma que "a nuestras hijas las mató la corrupción, como a los (chicos) de Cromañón, pero todo sigue pasando". "Farrell habilitó este boliche a pesar de que le recomendaron no habilitarlo por las múltiples clausuras y desvirtuación del rubro que poseía y si no lo hubiera hecho, nuestras hijas estarían vivas y no estaríamos aquí diciendo que este señor no cumplió con sus deberes de funcionario público", se afirma también en la misiva.

Asimismo, los padres de las víctimas de Beara sostuvieron en la carta que Farrell, cuyo cargo sería juez en lo Contencioso Administrativo, "está imputado en dicha causa y de la misma emergen pruebas que muestran cohecho y corrupción con los empresarios del boliche".

"A esto se suma el proceder del presidente de la Junta de Etica de la Legislatura, Jorge Garayalde, que en una reunión de pocos minutos, con la sola presencia de los diputados del PRO y sin esperar a los demás miembros presentó un cronograma que posibilita la designación de Diego Farrell", afimaron.

Estuvieron presentes los diputados opositores Jorge ´Quito´ Aragón, Pablo Ferreyra, Marcelo Ramal, José Cruz Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Claudio Neira, Paula Penacca, María Rosa Muiños, Gabriela Alegre y Virginia González Gass. También los legisladores Gustavo Vera, María Rachid, Jorge Taiana, Claudio Palmeyro, Gabriel Fuks y Alejandro Bodart.

En este sentido, la legisladora del Frente para la Victoria y miembro de la Junta de Ética, María Rosa Muiños, informó que "la modificación del cronograma se torna de suma importancia porque, si siguen vigentes los plazos actuales, no alcanzarán los tiempos para que el expediente llegue a ser tratado en Sesión ordinaria, ya que vencerían los 60 días que este tiene para ponerse en consideración desde su arribo a la Legislatura".

"De ser así, Farrell asumiría el cargo a juez de la Ciudad de forma ‘ficta’, es decir, directamente, sin ser sometido a la discusión ni a la votación del Cuerpo parlamentario", advirtió Muiños.

Por último, la legisladora del Frente para la Victoria repudió que "una persona como Farell, que está imputado en esta causa, por cohecho y corrupción, y que no cumplió con su deber como funcionario público, sea nombrado juez sin ser sometido a votación en el recinto".