Tras un intenso debate, legisladores porteños expresaron "preocupación por los hechos de violencia"

Los legisladores porteños aprobaron ayer, en sesión ordinaria, una declaración que expresa su "profunda preocupación por los hechos de violencia acontecidos en los últimos días en diversas localidades del país y de la Ciudad de Buenos Aires" y rechaza la denominada justicia por mano propia.

Tras un fuerte debate, los diputados porteños lograron consensuar un texto de rechazo a los hechos de violencia contra supuestos delincuentes en base a una serie de proyectos presentados por los legisladores Lorena Pokoik, del Frente para la Victoria; Aníbal Ibarra, del Frente Progresista y Popular; Gustavo Vera y Pablo Bergel, de UNEN, y Alejandra Caballero, del PRO.

En rigor, el tratamiento de la declaración no estaba dentro de la lista de temas a tratar en la sesión, no obstante su inclusión fue pedida por el diputado Ibarra, lo que generó malestar en el bloque del PRO que prefería un debate en el marco de la Comisión de Seguridad de la Legislatura.

Esta postura fue objetada por los bloques de la oposición, como el caso de Gabriela Alegre, titular de la bancada del Frente para la Victoria, quien afirmó que "es lamentable que el PRO no quiera acompañar una declaración de repudio a acciones minoritarias de algunos ciudadanos que pueden alejarnos del estado de derecho".

Por su parte, la diputada Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, sostuvo que sería "peligroso que esta Legislatura sea incapaz de manifestar un repudio" y precisó que "acá hay ciudadanos argentinos que están matando o golpeando a otros argentinos y eso es lo que hay que repudiar".

En tanto, el diputado del PRO Cristian Ritondo aprovechó su discurso para advertir que su bloque no iba a votar en el recinto porque pretendía llevar la discusión a la Comisión y para asegurar que "los vecinos actúan en defensa propia porque están desguarecidos del Estado".

Sin embargo, minutos después y ante el reclamo de la oposición, los legisladores pasaron a un cuarto intermedio en la sesión para acordar un texto en el cual el Parlamento declaró su "profunda preocupación por los hechos de violencia acontecidos en los últimos días en diversas localidades del país y de la Ciudad de Buenos Aires y rechaza la denominada justicia por mano propia".

Para Pokoik, la iniciativa buscó "repudiar categóricamente todos los actos de violencia ocurridos, reafirmar que el Estado es el único que puede ejercer el uso legítimo de la fuerza en el sistema democrático y republicano y hacer un llamamiento tanto a la dirigencia política como a los comunicadores sociales a asumir de manera inequívoca la defensa de los valores y las instituciones del sistema democrático".

"Consideramos inaceptable la llamada justicia por mano propia y llamamos a la sociedad en su conjunto a la reflexión para evitar que estos hechos ilegales y aberrantes se multipliquen", dijo Ibarra.

"Frente a esta situación, la Legislatura debe dejar sentado enérgicamente que estos actos de violencia y agresión constituyen graves violaciones del derecho a la vida e integridad personal y denotan la debilidad del estado de derecho y de las garantías consagradas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional", consideró Pablo Bergel, de UNEN.

El diputado porteño Alejandro Bodart (MST) afirmó “Si realmente se quiere combatir el delito hay que atacar la brecha social que empuja a miles de jóvenes a la marginalidad. Decir que con la varita mágica de la mano dura se termina la inseguridad es mentirle a la gente y avalar los linchamientos es abrirle la puerta a la ley de la selva."

El legislador Francisco Quintana (PRO) dijo que “La gente no confía en las fuerzas policiales ni en la justicia. Hoy convivimos con instituciones que protegen al poder político y que no parecieran estar al servicio de la gente”, aseguró para luego agregar que “hay un Estado ausente que genera una sensación de que la justicia solo puede llevarse a cabo por mano propia”. Quintana afirmó que “la gente está harta de la impunidad, se necesitan respuestas integrales a la problemática de la inseguridad y no solo parches”.

"Estos actos de barbarie que se cometen 'en nombre de la justicia', se pretenden justificar por los perpetradores como 'formas de justicia por mano propia' ante la falta de protección estatal. Resulta indispensable que los linchamientos sean debidamente investigados por el Ministerio Público y el poder judicial. No resulta admisible que se tolere el hecho de que los autores de la práctica dispongan de un “pacto” o “código de silencio” para asegurar la impunidad de lo sucedido", expresó el diputado Vera.