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- 13.12.2013
Borda: sobreseyeron a Macri y a siete funcionarios del PRO
El juez Jorge Adolfo López argumentó que no existen elementos para atribuirles conducta criminal, en la causa que investiga las responsabilidades políticas en la violenta represión en el hospital.
La causa penal 27.116/13 que investiga las responsabilidades políticas sobre la represión que desató la Policía Metropolitana dentro del Hospital Borda durante la mañana del 26 de abril, benefició a ocho altos funcionarios del gobierno porteño. La decisión fue adoptada este lunes por el juez nacional de instrucción en lo criminal Jorge Adolfo López.
El magistrado decidió sobreseer al jefe de gobierno, Mauricio Macri; su vicejefa María Eugenia Vidal; y al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, junto a los ministros de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; de Desarrollo Urbano, Daniel Chain; de Salud, Graciela Reybaud; y al jefe y subjefe de la Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace, por considerar que "no existen elementos mínimos objetivos ciertos concretos y directos que conlleven a atribuirles algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio".
En ese terreno, que integra las instalaciones del neuropsiquiátrico, el gobierno porteño realizó un operativo con más de 200 efectivos que ingresaron de noche al instituto para desalojar a los trabajadores, médicos y pacientes que habían realizado una toma pacífica de las instalaciones del Taller Protegido Nº 19 para evitar su demolición. El operativo, según las denuncias que están en el expediente, contaron con la coordinación de la propia Vidal, e implicaron un despliegue represivo de 4 horas dentro del Borda, con disparos de balas de goma, aplicación de gas pimienta y la detención de una treintena de profesionales, pacientes y periodistas.
La medida del lunes, firmada por el titular del juzgado nacional de instrucción 30, tiene 76 páginas, y cierra la primera parte del expediente que nació durante la tarde de ese 26 de abril, con las denuncias de una decena de legisladores, funcionarios, asesores tutelares y defensores de oficio que accionaron contra los ocho funcionarios por los delitos de "torturas y apremios ilegales", castigados por el artículo 144 del Código Penal, presuntamente cometidos contra 32 personas, entre ellos, seis pacientes del neuropsiquiátrico.
La primera respuesta del magistrado fue desestimar las imputaciones y caratuló la causa contra los acusados como averiguación de "presunto abuso de autoridad, lesiones leves contra 32 damnificados y lesiones graves contra uno". Durante el procedimiento, el juez López les tomó indagatoria a algunos de los funcionarios acusados, como los ministros Chain y Reybaud, aunque también llamó a testimoniar a los trabajadores del hospital que el gobierno porteño quería querellar en calidad de "damnificado". López iba a darle esa posibilidad a la Procuración porteña, pero la Sala IV de la Cámara del Crimen le negó ese recurso al Estado local porque "instauraría en la pesquisa una incompatible asunción de roles antagónicos, como es la de ser los funcionarios públicos imputados y a la vez acusadores".
López respetó la decisión de sus superiores y no habilitó a la comuna como damnificada de la represión que ordenaron sus autoridades, pero se encargó de llamar a todos los trabajadores que habían sido señalados por los querellantes como víctimas. López liberó de cargo y culpa a las principales cabezas del gobierno porteño y de la Metropolitana, pero se concentró en el comisionado de la Metropolitana, Martín Roth, cuya imagen pasó a la amarga posteridad, cuando las cámaras lo reflejaron disparando fervientemente contra pacientes, médicos, trabajadores y periodistas. Roth, no estaba a cargo del operativo, pero el magistrado López lo procesó por lesiones leves y le trabó un embargo por 5000 pesos.
El fallo de López, un juez reconocido dentro de Tribunales por su dureza contra jóvenes presos, provocó alivio en el gobierno porteño, pero será apelado en los próximos días por los representantes de la Defensoría General de la Nación, conducida por Stella Maris Martínez. Los funcionarios del Ministerio Público intervienen en el caso desde el mismo 26 de abril, cuando presentaron tres denuncias penales por la violencia sufrida por tres pacientes. Esa acción fue impulsada por orden de Martínez e instrumentada por la defensora Carolina Brandana, por entonces a cargo de la defensa técnica de la unidad de letrados que creó Martínez en cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.
Fuentes: Tiempo Argentino, Infojus y Diario Z
La causa penal 27.116/13 que investiga las responsabilidades políticas sobre la represión que desató la Policía Metropolitana dentro del Hospital Borda durante la mañana del 26 de abril, benefició a ocho altos funcionarios del gobierno porteño. La decisión fue adoptada este lunes por el juez nacional de instrucción en lo criminal Jorge Adolfo López.
El magistrado decidió sobreseer al jefe de gobierno, Mauricio Macri; su vicejefa María Eugenia Vidal; y al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, junto a los ministros de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; de Desarrollo Urbano, Daniel Chain; de Salud, Graciela Reybaud; y al jefe y subjefe de la Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace, por considerar que "no existen elementos mínimos objetivos ciertos concretos y directos que conlleven a atribuirles algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio".
En ese terreno, que integra las instalaciones del neuropsiquiátrico, el gobierno porteño realizó un operativo con más de 200 efectivos que ingresaron de noche al instituto para desalojar a los trabajadores, médicos y pacientes que habían realizado una toma pacífica de las instalaciones del Taller Protegido Nº 19 para evitar su demolición. El operativo, según las denuncias que están en el expediente, contaron con la coordinación de la propia Vidal, e implicaron un despliegue represivo de 4 horas dentro del Borda, con disparos de balas de goma, aplicación de gas pimienta y la detención de una treintena de profesionales, pacientes y periodistas.
La medida del lunes, firmada por el titular del juzgado nacional de instrucción 30, tiene 76 páginas, y cierra la primera parte del expediente que nació durante la tarde de ese 26 de abril, con las denuncias de una decena de legisladores, funcionarios, asesores tutelares y defensores de oficio que accionaron contra los ocho funcionarios por los delitos de "torturas y apremios ilegales", castigados por el artículo 144 del Código Penal, presuntamente cometidos contra 32 personas, entre ellos, seis pacientes del neuropsiquiátrico.
La primera respuesta del magistrado fue desestimar las imputaciones y caratuló la causa contra los acusados como averiguación de "presunto abuso de autoridad, lesiones leves contra 32 damnificados y lesiones graves contra uno". Durante el procedimiento, el juez López les tomó indagatoria a algunos de los funcionarios acusados, como los ministros Chain y Reybaud, aunque también llamó a testimoniar a los trabajadores del hospital que el gobierno porteño quería querellar en calidad de "damnificado". López iba a darle esa posibilidad a la Procuración porteña, pero la Sala IV de la Cámara del Crimen le negó ese recurso al Estado local porque "instauraría en la pesquisa una incompatible asunción de roles antagónicos, como es la de ser los funcionarios públicos imputados y a la vez acusadores".
López respetó la decisión de sus superiores y no habilitó a la comuna como damnificada de la represión que ordenaron sus autoridades, pero se encargó de llamar a todos los trabajadores que habían sido señalados por los querellantes como víctimas. López liberó de cargo y culpa a las principales cabezas del gobierno porteño y de la Metropolitana, pero se concentró en el comisionado de la Metropolitana, Martín Roth, cuya imagen pasó a la amarga posteridad, cuando las cámaras lo reflejaron disparando fervientemente contra pacientes, médicos, trabajadores y periodistas. Roth, no estaba a cargo del operativo, pero el magistrado López lo procesó por lesiones leves y le trabó un embargo por 5000 pesos.
El fallo de López, un juez reconocido dentro de Tribunales por su dureza contra jóvenes presos, provocó alivio en el gobierno porteño, pero será apelado en los próximos días por los representantes de la Defensoría General de la Nación, conducida por Stella Maris Martínez. Los funcionarios del Ministerio Público intervienen en el caso desde el mismo 26 de abril, cuando presentaron tres denuncias penales por la violencia sufrida por tres pacientes. Esa acción fue impulsada por orden de Martínez e instrumentada por la defensora Carolina Brandana, por entonces a cargo de la defensa técnica de la unidad de letrados que creó Martínez en cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.
Fuentes: Tiempo Argentino, Infojus y Diario Z
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