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- 12.12.2013
Organizaciones no gubernamentales le exigen al gobierno porteño mayor transparencia en compras
Organizaciones no gubernamentales de la ciudad manifestaron su preocupación por la modificación de las normas legales que rigen la transparencia en las compras y contrataciones del gobierno porteño.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y Poder Ciudadano realizaron un informe crítico en el que expresan su procupación por la modificación de las leyes que rigen las compras y contrataciones en el gobierno porteño.
Según el documento, las introducidas el último 14 de noviembre a la ley de Compras y Contrataciones (Ley Nº 4763) y al régimen de redeterminación de precios (Ley Nº 4764), "representan un retroceso significativo en cuanto a las salvaguardas mínimas necesarias en materia de transparencia respecto de este tipo de contrataciones públicas y por ende facilitan la comisión de actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos".
Estas ONGs señalaron que los funcionarios porteños contarán con "mayor discrecionalidad, criterio opuesto al buen uso de los recursos públicos y la prevención de la corrupción que busca por todos los medios que los recursos no queden sujetos a la mera voluntad de los funcionarios de turno".
Entre las modificaciones a la ley de compras y contrataciones que mencionan el aumento en el número de unidades de compra establecidos como tope para las contrataciones menores, la reducción de requisitos para la fundamentación las contrataciones directas y la eliminación del tope del 5% de aumento sobre los precios de referencia.
Al mismo tiempo denunciaron que en adelnte los organismos contratantes podrán aumentar el valor original adjudicado en montos superiores a lo establecido por la ley anterior y de prorrogar los contratos de suministros más allá de un año.
También señalan que la nueva ley de redeterminación de precios brinda una discrecionalidad significativamente mayor al Poder Ejecutivo, elimina los mecanismos de control y sus modificaciones socavan el principio de transparencia.
Dada la gravedad del tema, la ACIJ, el CIPCE y Poder Ciudadanos solicitaron al Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que vete las modificaciones para evitar "daños incalculables en el erario público y en la buena administración de los recursos".
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y Poder Ciudadano realizaron un informe crítico en el que expresan su procupación por la modificación de las leyes que rigen las compras y contrataciones en el gobierno porteño.
Según el documento, las introducidas el último 14 de noviembre a la ley de Compras y Contrataciones (Ley Nº 4763) y al régimen de redeterminación de precios (Ley Nº 4764), "representan un retroceso significativo en cuanto a las salvaguardas mínimas necesarias en materia de transparencia respecto de este tipo de contrataciones públicas y por ende facilitan la comisión de actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos".
Estas ONGs señalaron que los funcionarios porteños contarán con "mayor discrecionalidad, criterio opuesto al buen uso de los recursos públicos y la prevención de la corrupción que busca por todos los medios que los recursos no queden sujetos a la mera voluntad de los funcionarios de turno".
Entre las modificaciones a la ley de compras y contrataciones que mencionan el aumento en el número de unidades de compra establecidos como tope para las contrataciones menores, la reducción de requisitos para la fundamentación las contrataciones directas y la eliminación del tope del 5% de aumento sobre los precios de referencia.
Al mismo tiempo denunciaron que en adelnte los organismos contratantes podrán aumentar el valor original adjudicado en montos superiores a lo establecido por la ley anterior y de prorrogar los contratos de suministros más allá de un año.
También señalan que la nueva ley de redeterminación de precios brinda una discrecionalidad significativamente mayor al Poder Ejecutivo, elimina los mecanismos de control y sus modificaciones socavan el principio de transparencia.
Dada la gravedad del tema, la ACIJ, el CIPCE y Poder Ciudadanos solicitaron al Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que vete las modificaciones para evitar "daños incalculables en el erario público y en la buena administración de los recursos".
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