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- 03.12.2013
Denunciaron intento de vaciamiento del cuerpo de inspectores de la Subsecretaría de Trabajo porteña
Empleados de la Subsecretaría de Trabajo porteña denunciaron ante la prensa la intención del gobierno de Mauricio Macri de desmantelar el cuerpo de inspectores de ese organismo mediante su traspaso a la Agencia Gubernamental de Control, lo que debilitaría el poder para regular y sancionar en el área laboral.
El Pro pretende la sanción de una reforma legal que traspase ese cuerpo de inspectores a la órbita de la Agencia Gubernamental de Control, denunciaron trabajadores de la Secretaría laboral acompañados por legisladores porteños, en conferencia de prensa.
La intención del Ejecutivo porteño es modificar la ley 265, que establece entre otras cuestiones el funcionamiento de la policía del trabajo y que actualmente se encuentra en sintonía con los convenios internacionales en materia laboral, explicaron.
Así, la Organización Internacional del Trabajo afirma que un cuerpo de inspección de estas características debe depender de un organismo central como la mencionada subsecretaría laboral.
En cambio, el proyecto del Pro pretende el traspaso de los inspectores laborales a un organismo autónomo y descentralizado, como la Agencia Gubenamental de Control, según los denunciantes.
Los inspectores subrayaron que la aludida Agencia no tiene entre sus funciones la realización de inspecciones para garantizar el cumplimiento de las normas de trabajo, salud, higiene, seguridad laboral, seguridad social ni el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo.
En la conferencia de prensa celebrada en la Legislatura porteña, Alejandro Joaquín, integrante del cuerpo de inspectores de la Subsecretaría de Trabajo, denunció que "ya en agosto de este año" realizaron un intento "rechazado por la Justicia". "Ahora vuelven a la carga para conseguir por la vía parlamentaria lo que no les permitió hacer la Justicia", aseveró.
Joaquín dijo a Télam que el cuerpo de inspectores "es hoy un obstáculo para la política del Gobierno de la Ciudad en lo que se refiere a la policía del trabajo". "Por eso, en menos de seis meses intentaron dos veces el desmantelamiento del cuerpo de inspectores", insistió.
La legisladora Delia Bisutti (Nuevo Encuentro), que fue una de las redactoras de la ley que el Ejecutivo porteño intentará modificar durante la última sesión parlamentaria del próximo jueves, defendió su actual redacción.
Esta norma "rige las inspecciones en los lugares de trabajo y está sostenida en convenios con la OIT, por lo que este cuerpo de inspectores no debería ser traspasado a un área general de inspección porque tiene otras características", dijo Bissuti al participar junto a los trabajadores en la rueda de prensa.
Sobre las consecuencias de una eventual reforma como la que impulsa el Pro, advirtió que, "si esta ley se aprueba, vamos a tener un Estado que va a dejar de regular y sancionar en el área laboral, lo que facilitará el funcionamiento de talleres clandestinos y trabajo infantil, entre otros cosas".
En el mismo sentido se expresó el diputado Alejandro Bodart (MST), también presente en la ronda de prensa. "Esta es una de las medidas más brutales que se están impulsando en la ciudad, ya que deja sin protección a los trabajadores y les da vía libre a los empresarios para que hagan lo que se les da la gana", afirmó Bodart.
El Pro pretende la sanción de una reforma legal que traspase ese cuerpo de inspectores a la órbita de la Agencia Gubernamental de Control, denunciaron trabajadores de la Secretaría laboral acompañados por legisladores porteños, en conferencia de prensa.
La intención del Ejecutivo porteño es modificar la ley 265, que establece entre otras cuestiones el funcionamiento de la policía del trabajo y que actualmente se encuentra en sintonía con los convenios internacionales en materia laboral, explicaron.
Así, la Organización Internacional del Trabajo afirma que un cuerpo de inspección de estas características debe depender de un organismo central como la mencionada subsecretaría laboral.
En cambio, el proyecto del Pro pretende el traspaso de los inspectores laborales a un organismo autónomo y descentralizado, como la Agencia Gubenamental de Control, según los denunciantes.
Los inspectores subrayaron que la aludida Agencia no tiene entre sus funciones la realización de inspecciones para garantizar el cumplimiento de las normas de trabajo, salud, higiene, seguridad laboral, seguridad social ni el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo.
En la conferencia de prensa celebrada en la Legislatura porteña, Alejandro Joaquín, integrante del cuerpo de inspectores de la Subsecretaría de Trabajo, denunció que "ya en agosto de este año" realizaron un intento "rechazado por la Justicia". "Ahora vuelven a la carga para conseguir por la vía parlamentaria lo que no les permitió hacer la Justicia", aseveró.
Joaquín dijo a Télam que el cuerpo de inspectores "es hoy un obstáculo para la política del Gobierno de la Ciudad en lo que se refiere a la policía del trabajo". "Por eso, en menos de seis meses intentaron dos veces el desmantelamiento del cuerpo de inspectores", insistió.
La legisladora Delia Bisutti (Nuevo Encuentro), que fue una de las redactoras de la ley que el Ejecutivo porteño intentará modificar durante la última sesión parlamentaria del próximo jueves, defendió su actual redacción.
Esta norma "rige las inspecciones en los lugares de trabajo y está sostenida en convenios con la OIT, por lo que este cuerpo de inspectores no debería ser traspasado a un área general de inspección porque tiene otras características", dijo Bissuti al participar junto a los trabajadores en la rueda de prensa.
Sobre las consecuencias de una eventual reforma como la que impulsa el Pro, advirtió que, "si esta ley se aprueba, vamos a tener un Estado que va a dejar de regular y sancionar en el área laboral, lo que facilitará el funcionamiento de talleres clandestinos y trabajo infantil, entre otros cosas".
En el mismo sentido se expresó el diputado Alejandro Bodart (MST), también presente en la ronda de prensa. "Esta es una de las medidas más brutales que se están impulsando en la ciudad, ya que deja sin protección a los trabajadores y les da vía libre a los empresarios para que hagan lo que se les da la gana", afirmó Bodart.
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