Tras el intento de desalojo, los trabajadores del restaurante Alé Alé negocian una salida al conflicto

Trabajadores de la cooperativa Alé-Alé, conformada tras la quiebra del restaurante homónimo, resistieron de forma pacífica un nuevo intento de desalojo por parte de la Policía Metropolitana, y avanzaron hacia una salida del conflicto en una reunión con diputados en el Congreso.

Allí estuvieron Andrés Toledo (presidente de la cooperativa), los legisladores porteños José Campagnoli y Aníbal Ibarra, los diputados nacionales Andrés Larroque y Juan Carlos Junio, un abogado por la parte patronal y otro por los dueños del inmueble, además de dos funcionarios del INAES y uno del Ministerio de Trabajo de la nación.

"La reunión fue buena, quedó abierto el canal de diálogo que estábamos buscando y continuará mañana a las 16 (por hoy), por lo que creemos que para el miércoles puede haber acuerdo", dijo a Télam Federico Tonarelli, presidente de Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA).

El dirigente precisó que lo que buscan es "un acuerdo entre la empresa titular del inmueble y la cooperativa de trabajadores, para establecer un período pactado de permanencia en el local". "Después veremos cómo termina la negociación, pero apuntamos a un contrato de alquiler convencional o, como mínimo, a que nos den un período de tiempo para que los trabajadores puedan salir ordenadamente y encontrar otro lugar", explicó.

Los trabajadores de Alé-Alé conformaron esta empresa social luego de que el grupo OJA, dueño de una cadena conformada por los restaurantes Los Chanchitos, Mangiatta, Don Battaglia y La Soleada, intentara a fines del año pasado cerrar los comercios por presentar quiebra.

La misma actitud tomaron los empleados de los otros restaurantes, pero en Alé-Alé la situación se complicó debido a que los dueños de la propiedad dijeron no ser los mismos que los del fondo de comercio, situación que los trabajadores ponen en duda.

El 21 de mayo una orden judicial pretendió avanzar sobre el restaurante y desalojar, sin éxito, a los trabajadores, y días después un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley para expropiar el edificio y el mobiliario, pero la norma no avanzó.