Organismos de DDHH esperan que Macri reglamente después de cuatro años la ley de protección de testigos

Se trata de la ley 2.939, que creó un programa de “asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado”, que fue sancionada hace cuatro años pero fue judicializada por la gestión que conduce Mauricio Macri.

“Creemos que hay una cuestión ideológica, que va a contramano del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que se da en todo el territorio nacional”, dijo el abogado del Observatorio de Derechos Humanos (ODH), Damián Konfino.

Según informó el portal Infojusnoticias, dos fallos de primera y segunda instancia le habían ordenado a Macri que reglamentara la ley, pero el gobierno porteño presentó un recurso de inconstitucionalidad para llegar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad.

El recurso fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y el martes los organismos fueron noticiados de la resolución y ahora deberán esperar para saber si el Gobierno porteño presenta un recurso de queja ante el TSJ, o si finalmente se dispone a cumplir la ley.

El gobierno porteño había planteado que los fallos afectaban la división de poderes y su derecho a la defensa, pero los jueces de Cámara, Gabriela Seijas y Hugo Zuleta, respondieron que “no se verifica en concreto la concurrencia de un agravio constitucional”. En este sentido, Konfino señaló que “no hay una disposición a contribuir con ese proceso en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.

El Observatorio, junto al hoy subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Carlos Pisoni, integrante de H.I.J.O.S., realizó la presentación judicial que dio lugar a la intervención de la Justicia.

La ley 2.939, votada también por los legisladores del bloque PRO, creó un programa de “asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado”, que incluye tratamiento psicológico y seguimiento de los casos.

“No la reglamentan porque hay un desinterés. La cuestión presupuestaria es menor: puede llegar a haber gastos de hoteles y traslados, pero se trata solamente de poner la administración a disposición de los testigos y querellantes”, dijo Konfino.

“Vamos a esperar el plazo, no sabemos si ya notificaron al Gobierno de la Ciudad. Es el tercer fallo que tienen en contra y la tercera vez que los condenan con costas. Si llegaran a ir en queja, es muy improbable que el STJ se aparte”, expresó Konfino.