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- 15.11.2013
Realizan una presentación judicial por denunciar a una mujer que llegó al hospital con un aborto en curso
La diputada porteña María Rachid (FPV) realizó una presentación ante la Justicia penal contra las autoridades del Hospital Fernández y tres médicas que denunciaron a una mujer que llegó a la consulta con un aborto en curso.
En tanto, agrupaciones sociales y feministas protestaron frente el hospital "en reclamo al Gobierno de la Ciudad por haber vetado la legislación que reglamentaba el aborto no punible" y también pidiendo "la sanción de una ley de aborto legal, seguro y gratuito", explicó a Télam Vanina Biasi, del Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero.
Por su parte, Laura Marrone, secretaria de Asuntos Pedagógicos de la asociación docente Ademys se sumó al pedido y habló de la necesidad de "hacer cumplir la ley de educación sexual integral, porque hay desconocimiento, y no se pueden tolerar estas actitudes como las que sucedieron en el Fernández".
Mientras decenas de personas realizaban la protesta, Rachid radicó la denuncia penal ante el Juzgado Criminal de Instrucción N° 46 a cargo de Jorge Anselmo De Santo.
También, el martes presentó un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad para que "explique si tiene algún protocolo para intervenir en estos casos y si hay alguna indicación de denunciar penalmente abortos en curso".
"Hicimos esta denuncia contra las autoridades del Hospital Fernández y las médicas que intervinieron en el caso porque consideramos que a la situación ya traumática de un aborto se le sumaron la violencia institucional y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos", dijo Rachid a Télam.
El 29 de junio último, una mujer de 28 años concurrió al hospital con un aborto en curso, por lo que las médicas Julieta Andrea Wainfeld y Virginia Diedrich constataron la muerte fetal y realizaron la interrupción del embarazo, en medio de comentarios condenatorios hacia la mujer.
Al hacerse cargo de la guardia, la médica Rosana Buffa decidió denunciar a la paciente, le dio el alta a menos de 24 horas de la intervención, y la mujer estuvo 10 horas en un calabozo, transitó un proceso judicial de un mes y medio y fue sobreseída.
"Por supuesto que fue sobreseída, porque esto es lo que establece la jurisprudencia en todos los casos en los últimos años, pero habiendo pasado por todas estas situaciones de absoluta violencia institucional", enfatizó Rachid y subrayó que "se violó el secreto profesional, que es otra de las cosas que estamos pidiendo que se investigue".
La legisladora sostuvo que "si estas médicas cumplieron con algún procedimiento en particular, en ese caso habría una responsabilidad directa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri" y destacó que "es muy importante" que la mujer se haya animado a denunciar "para que estas cosas no sucedan más".
Rachid adelantó que también propondrá una declaración de repudio de la Legislatura "para que estas violaciones no sucedan más en los hospitales de la Ciudad" e impulsará un protocolo de actuación para intervenir en estas situaciones.
"Vamos a proponer un protocolo claro, como hemos propuesto el protocolo de abortos no punibles que lamentablemente fue vetado por Macri, que se autodenomina `jefe del veto`; esperamos que no suceda lo mismo en este caso", remarcó.
En tanto, autoridades del Hospital Fernández se negaron a hablar con Télam de los hechos, así como el personal consultado en las puertas del edificio, a excepción de Norberto, uno de los enfermeros de la institución. "No sé cuándo sucedió, porque nunca se comentó, por eso vine a ver qué pasaba, porque apoyo el reclamo por la joven y también la legalización del aborto", concluyó.
En 1966 la Corte Suprema de Justicia estableció, en el caso conocido como Natividad Frías, que el personal de salud no puede denunciar a una mujer que llega al sistema de salud con un aborto en curso, ya que "no puede existir el dilema de la muerte o la cárcel"
En tanto, agrupaciones sociales y feministas protestaron frente el hospital "en reclamo al Gobierno de la Ciudad por haber vetado la legislación que reglamentaba el aborto no punible" y también pidiendo "la sanción de una ley de aborto legal, seguro y gratuito", explicó a Télam Vanina Biasi, del Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero.
Por su parte, Laura Marrone, secretaria de Asuntos Pedagógicos de la asociación docente Ademys se sumó al pedido y habló de la necesidad de "hacer cumplir la ley de educación sexual integral, porque hay desconocimiento, y no se pueden tolerar estas actitudes como las que sucedieron en el Fernández".
Mientras decenas de personas realizaban la protesta, Rachid radicó la denuncia penal ante el Juzgado Criminal de Instrucción N° 46 a cargo de Jorge Anselmo De Santo.
También, el martes presentó un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad para que "explique si tiene algún protocolo para intervenir en estos casos y si hay alguna indicación de denunciar penalmente abortos en curso".
"Hicimos esta denuncia contra las autoridades del Hospital Fernández y las médicas que intervinieron en el caso porque consideramos que a la situación ya traumática de un aborto se le sumaron la violencia institucional y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos", dijo Rachid a Télam.
El 29 de junio último, una mujer de 28 años concurrió al hospital con un aborto en curso, por lo que las médicas Julieta Andrea Wainfeld y Virginia Diedrich constataron la muerte fetal y realizaron la interrupción del embarazo, en medio de comentarios condenatorios hacia la mujer.
Al hacerse cargo de la guardia, la médica Rosana Buffa decidió denunciar a la paciente, le dio el alta a menos de 24 horas de la intervención, y la mujer estuvo 10 horas en un calabozo, transitó un proceso judicial de un mes y medio y fue sobreseída.
"Por supuesto que fue sobreseída, porque esto es lo que establece la jurisprudencia en todos los casos en los últimos años, pero habiendo pasado por todas estas situaciones de absoluta violencia institucional", enfatizó Rachid y subrayó que "se violó el secreto profesional, que es otra de las cosas que estamos pidiendo que se investigue".
La legisladora sostuvo que "si estas médicas cumplieron con algún procedimiento en particular, en ese caso habría una responsabilidad directa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri" y destacó que "es muy importante" que la mujer se haya animado a denunciar "para que estas cosas no sucedan más".
Rachid adelantó que también propondrá una declaración de repudio de la Legislatura "para que estas violaciones no sucedan más en los hospitales de la Ciudad" e impulsará un protocolo de actuación para intervenir en estas situaciones.
"Vamos a proponer un protocolo claro, como hemos propuesto el protocolo de abortos no punibles que lamentablemente fue vetado por Macri, que se autodenomina `jefe del veto`; esperamos que no suceda lo mismo en este caso", remarcó.
En tanto, autoridades del Hospital Fernández se negaron a hablar con Télam de los hechos, así como el personal consultado en las puertas del edificio, a excepción de Norberto, uno de los enfermeros de la institución. "No sé cuándo sucedió, porque nunca se comentó, por eso vine a ver qué pasaba, porque apoyo el reclamo por la joven y también la legalización del aborto", concluyó.
En 1966 la Corte Suprema de Justicia estableció, en el caso conocido como Natividad Frías, que el personal de salud no puede denunciar a una mujer que llega al sistema de salud con un aborto en curso, ya que "no puede existir el dilema de la muerte o la cárcel"
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