"La Policía Metropolitana privilegia la represión sobre la gestión no violenta", consideró el CELS

Así lo asevera un informe difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales, que analiza el comportamiento de la fuerza de seguridad del gobierno porteño. A juicio del CELS, los integrantes de la Metropolitana están "entrenados para destruir a un enemigo y no para interactuar con la comunidad en los barrios de la Ciudad".

El informe, presentado por el organismo que preside Horacio Verbitsky, señala que “una serie de episodios mostraron modos violentos de actuación de la Policía Metropolitana (PM) en diferentes conflictos en el espacio público, privilegiando la represión por sobre la gestión no violenta a través de instancias políticas de negociación y diálogo”.

Federico Efron, abogado del organismo e integrante del equipo de investigación que realizó el informe, indicó que la Policía Metropolitana es “todo lo contrario a lo que el gobierno porteño dice que es. No es una fuerza de proximidad, por el contrario, desde su inicio reproduce lo peor de la Policía Bonaerense y de la Federal”.

El abogado opinó que la fuerza “goza de protección política que se puede observar en que los policías procesados por actos de represión son defendidos por abogados designados por el Ministerio de Seguridad porteño. Estos agentes, en vez de ser sumariados y apartados, continúan interviniendo en operativos represivos”.

El documento repasa de manera crítica la breve historia de la PM, a la que describe como una fuerza integrada por “funcionarios formados en policías autoritarias y altamente corruptas o en las Fuerzas Armadas, es decir, entrenados para destruir a un enemigo y no para interactuar con la comunidad en los barrios de la ciudad”.

En otros apartados, el CELS analiza el comportamiento de la policía porteña en los conflictos sociales de la ciudad, recapitulando la actuación en los operativos del Parque Indoamericano, Villa 31, Parque Centenario, Sala Alberdi y el Hospital Borda. También destaca las agresiones policiales a periodistas en esos mismos hechos, así como los casos de gatillo fácil y la violencia en desalojos y allanamientos.

Sobre las prácticas represivas de la PM, el organismo sentencia que “no pueden atribuirse a errores o excesos de agentes puntuales, sino que responden a decisiones políticas del gobierno porteño, orientadas a reafirmar el perfil de fuerza de choque de la nueva policía”.

En lo relativo a las responsabilidades políticas de la conducción de la fuerza, el CELS plantea “son precisamente las autoridades políticas de las que plantean las respuestas represivas, aún cuando los procedimientos contradecían los principios rectores del accionar policial estipulados en la misma ley de seguridad pública”.

En este sentido una vez sucedidos los hechos “las declaraciones y acciones de las autoridades no apuntaron hacia el esclarecimiento de los hechos, sino a tergiversar los hechos con falsas versiones, negar la responsabilidad de la fuerza policial, justificar sus acciones o, incluso, a reivindicarlas”, concluye el informe.