Trabajadores de una cooperativa denunciaron la criminalización de sus reclamos

Los trabajadores de la Cooperativa Mom realizaron una conferencia de prensa para denunciar "la criminalización de la protesta" a partir de una orden judicial que prohíbe a cuatro trabajadores acercarse a menos de 500 metros de la planta.

Según indicaron los trabajadores, el conflicto se remonta al año 2009 cuando Christian Langenheim, propietario de la empresa Lanci Impresores, dejó de pagar salarios y declaró a la gráfica en convocatoria de acreedores. En ese momento los trabajadores permanecieron en la planta buscando evitar el vaciamiento de la empresa.

En mayo de 2013, la Jueza Contravencional y de Faltas N° 16 de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Claudia Amanda Alvarado ordenó a la Policía Metropolitana que desaloje a los operarios. Posteriormente, los catorce trabajadores, junto con sus familias, acamparon en la puerta de la gráfica a la espera de una solución definitiva.

Durante la conferencia de prensa, en la que participaron los legisladores Delia Bissutti y Francisco Nenna, comuneros y sindicalistas, Eduardo Montes, titular de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA) declaró que "el jueves 29 de agosto la jueza Claudia Alvarado nos notificó la restricción por la cual cuatro trabajadores que participan no se pueden acercar a menos de 500 metros".

Adrián Leguizamón, uno de los catorce trabajadores que conformaron la Cooperativa Mom, señala que "ya llevamos 112 días de días de acampe, y vemos con mucha preocupación como la causa penal contra nuestros compañeros, que está en manos de la misma jueza que en mayo nos desalojó a palos en tiempo record, avanza rápidamente mientras que la causa laboral por nuestros trabajos está frenada".

En esta misma línea, el Secretario General Adjunto de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) Héctor Amichetti llevó la solidaridad a los trabajadores en conflicto y declaró que "existe un vacío legal que genera que la misma justicia que no se expide ante el vaciamiento y el abandono de la empresa. Pero que a la vez, hay una justicia penal expeditiva que a partir de los reclamos de un empresario es solícita para prohibirle a los trabajadores acercarse a la empresa en conflicto".

Durante la conferencia de prensa, al que asistieron unas 150 personas, estuvieron presentes los legisladores porteños Delia Bisutti y Francisco "Tito" Nenna. Este último señaló que "la intención de los ex propietarios de la esta empresa es entorpecer la conformación de la cooperativa a través de la criminalización del conflicto. La justicia debería avanzar sobre las responsabilidades de la quiebra de esta empresa en vez de perseguir a quienes buscan mantener sus fuentes de trabajo".