Para Fresneda, los jueces deben "tener mayor atención" sobre los represores detenidos

El secretario de Derechos Humanos de la Nación aseguró que "no es el Servicio Penitenciario el que ordena un traslado a otra provincia; los que tienen la responsabilidad, la garantía y, sobre todo, la jurisdicción sobre los internos son los jueces".

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, afirmó que los jueces deberían "tener mayor atención" en relación a los represores detenidos por delitos de lesa humanidad, sobre todo cuando se trata de personas que "estuvieron en falta con la Justicia y ni colaboraron".

"No es el Servicio Penitenciario Federal el que ordena un traslado a otra provincia; los que tienen la responsabilidad, la garantía y, sobre todo, la jurisdicción sobre los internos son los jueces, y ellos se desligan totalmente luego de que los condenan", aseveró el funcionario.

De esta forma, en diálogo con radio América, Fresneda se refirió a la fuga del Hospital Militar Central de los represores Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad por la Justicia sanjuanina.

Tras considerar la fuga como "muy grave", Fresneda cuestionó el accionar de magistrados en relación a los represores: "Los jueces ordenan un sistema mucho más flexible con este tipo de internos que en relación a cualquier otro tipo de interno que haya cometido un delito común", remarcó. En este marco, planteó que se trata de "un aspecto que hay que analizar y, de alguna forma, ajustar", y recordó que, tanto a Olivera como a De Marchi había sido "muy difícil encontrarlos".

"Son personas que estuvieron en falta con la Justicia, que no estuvieron a disposición de ella ni colaboraron. Por lo tanto, los jueces deben tener mayor atención, más aún cuando piden un beneficio", sostuvo Fresneda.

De hecho, entendió que si bien "hay que atender muchas veces los planteos de los imputados porque no hay que desintegrarlos familiarmente ni aislarlos", de todos modos "hay que tener recaudos".

Por otro lado, Fresneda calificó de "acertado" y definió como "una medida acorde a la situación de gravedad" atravesada con la fuga de los represores, al convenio firmado entre los ministerios de Justicia, Defensa y Salud para conformar una comisión de médicos que revise los antecedentes de salud de los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.