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- 26.07.2013
Proyecto para frenar inminentes desalojos en la Ciudad
La legisladora porteña María Elena Naddeo expresó su preocupación por el incremento de desalojos de numerosas familias en situación de vulnerabilidad y apeló a una urgente intervención de los organismos correspondientes a fin de lograr la suspensión de los mismos. En tal sentido presento un proyecto de declaración para encontrar solución habitacional. En particular para las familias con inminente orden de desalojo en las viviendas ubicadas en Av. Díaz Vélez 3417/27 y Av. Independencia 2669.
"Como es de público conocimiento los desalojos compulsivos son cada vez más frecuentes en el ámbito de la Ciudad. Tales hechos no son más que la consecuencia de la emergencia habitacional y la falta de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda de nuestros habitantes. Al menos podrían cumplir con el Art. 31 de la Constitución porteña que reconoce el derecho a la vivienda digna y a un hábitat adecuado e incluso establece la necesidad de resolver progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos", dijo Naddeo.
Y agregó: "Las familias antes mencionadas están integradas en su gran mayoría por niños y niñas que corren serio riesgo de quedar literalmente en la calle. Por eso es necesario orientarnos en la búsqueda de metodologías judiciales menos duras y frías que la letra de la ley. Se trata de ampliar o poner en marcha políticas de vivienda destinadas a garantizar las condiciones mínimas para que estas familias y muchas otras accedan a créditos especiales, subsidios, facilidades y todo aquello que les permita encontrar y permanecer en hogares dignos".
Más allá de las disputas judiciales en trámite, "el estado de la Ciudad se encuentra obligado de garantizar a todos sus habitantes el acceso a la vivienda digna, más aún si se trata de niños y niñas", finalizó Naddeo.
"Como es de público conocimiento los desalojos compulsivos son cada vez más frecuentes en el ámbito de la Ciudad. Tales hechos no son más que la consecuencia de la emergencia habitacional y la falta de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda de nuestros habitantes. Al menos podrían cumplir con el Art. 31 de la Constitución porteña que reconoce el derecho a la vivienda digna y a un hábitat adecuado e incluso establece la necesidad de resolver progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos", dijo Naddeo.
Y agregó: "Las familias antes mencionadas están integradas en su gran mayoría por niños y niñas que corren serio riesgo de quedar literalmente en la calle. Por eso es necesario orientarnos en la búsqueda de metodologías judiciales menos duras y frías que la letra de la ley. Se trata de ampliar o poner en marcha políticas de vivienda destinadas a garantizar las condiciones mínimas para que estas familias y muchas otras accedan a créditos especiales, subsidios, facilidades y todo aquello que les permita encontrar y permanecer en hogares dignos".
Más allá de las disputas judiciales en trámite, "el estado de la Ciudad se encuentra obligado de garantizar a todos sus habitantes el acceso a la vivienda digna, más aún si se trata de niños y niñas", finalizó Naddeo.
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