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- 15.07.2013
La Policía Metropolitana opera 1772 cámaras de seguridad
Según un informe de la Auditoría porteña y de legisladores opositores, la mayoría no está identificada, por lo que denuncian que las utilizan para espionaje. Aunque está prohibido, muchas imágenes aparecen luego en noticieros.
En la era de la vigilancia globalizada las cámaras se transformaron en las estrellas de una declamada prevención que no siempre está regulada. En la ciudad de Buenos Aires, según los últimos datos que se poseen, hay 1772 distribuidas entre las 15 comunas, y la Policía Metropolitana que las opera no lo hace sobre una base jurídica sólida.
La Auditoría General porteña investigó irregularidades que volcó en un informe de febrero pasado y el legislador porteño del frente Nueva Izquierda, Alejandro Bodart, las denunció en dos proyectos recientes presentados en la Legislatura. La mayoría de las videocámaras no están identificadas; su base de datos no se traspasó a la Defensoría del Pueblo como marca la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, y pese a que está prohibida la difusión de sus filmaciones, la empresa de una amiga y asesora del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, las cede a medios periodísticos que las incorporan a su programación.
La primera violación del marco legal en que cae el gobierno de Mauricio Macri se desprende de la información propia que difunde. En la página de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana se lee que el funcionamiento del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) “cuenta con un protocolo de actuación mediante el cual se prohíbe la difusión de cualquier imagen captada por las cámaras. Sólo pueden ser solicitadas por jueces para ser utilizadas como prueba”. La web oficial de la Policía Metropolitana desmiente en los hechos a la subsecretaría. Y lo hace a través de Prontobaires, “un equipo de profesionales de la comunicación que tiene como objetivo responder de manera rápida y eficiente a la demanda de información por parte de los medios de prensa”. Esa información proviene de las imágenes que captan las 1772 cámaras.
La Metropolitana retiró todos los registros de Prontobaires de su página sobre el vínculo entre Montenegro y Alejandra Beatriz Rafuls, su asesora, madrina de uno de sus hijos y dueña de la consultora AR y Asociados, beneficiaria de varias contrataciones directas o licitaciones que salieron del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Bajo un rubro que define como “debilidades”, la Auditoría General de la Ciudad publicó en febrero que las TICS (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) de la Policía no cumplían una serie de requisitos legales. En el informe final elevado a la presidenta de la Legislatura, la vicejefa porteña María Eugenia Vidal, le hacía saber que la base de imágenes obtenidas mediante las cámaras no se inscribió en la Defensoría del Pueblo para la protección de los datos personales; que no se conservan el tiempo que señala la ley; que no se prohíbe el uso de celulares particulares en el CMU, lo que pone en riesgo la confidencialidad de lo que se filma; que apenas 300 cámaras de las 1772 están identificadas y que la ley 3998 tampoco se respeta, ya que el gobierno está obligado a señalar en su página oficial dónde se instalan nuevas videocámaras y no lo hace.
El diputado Bodart presentó dos pedidos de informes en la Legislatura. En uno pide “copia del registro de cámaras del Poder Ejecutivo, incluyendo fechas de instalación y de puesta en funcionamiento, calle y altura en que están ubicadas y comuna a la que pertenecen” y además que “se especifique en qué lugares está planificado instalar 400 videocámaras previstas para 2013 y el precio unitario promedio por cámara”. Su segundo proyecto se basa en las denuncias de la Auditoría General y la investigación de su asesor Andrés Pérez Esquivel. “Sin identificación, las videocámaras de Macri son más espionaje que prevención”, señaló el legislador.
La Auditoría sostiene que una “mención especial merece el tema de las comunicaciones; la Policía Metropolitana tiene a su cargo y es la administradora del sistema de comunicaciones del GCBA, esto incluye áreas críticas como el SAME, Defensa Civil, Logística, Tránsito y la propia Policía”. Por eso sugiere aumentar la cobertura radioeléctrica a los espacios que aún no la poseen y aumentar las frecuencias y sus posibilidades de alcance. No sólo de cámaras se trata. También de policías que monitorean imágenes que después van a parar a los noticieros de televisión, algo que prohíbe la ley.
En la era de la vigilancia globalizada las cámaras se transformaron en las estrellas de una declamada prevención que no siempre está regulada. En la ciudad de Buenos Aires, según los últimos datos que se poseen, hay 1772 distribuidas entre las 15 comunas, y la Policía Metropolitana que las opera no lo hace sobre una base jurídica sólida.
La Auditoría General porteña investigó irregularidades que volcó en un informe de febrero pasado y el legislador porteño del frente Nueva Izquierda, Alejandro Bodart, las denunció en dos proyectos recientes presentados en la Legislatura. La mayoría de las videocámaras no están identificadas; su base de datos no se traspasó a la Defensoría del Pueblo como marca la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, y pese a que está prohibida la difusión de sus filmaciones, la empresa de una amiga y asesora del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, las cede a medios periodísticos que las incorporan a su programación.
La primera violación del marco legal en que cae el gobierno de Mauricio Macri se desprende de la información propia que difunde. En la página de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana se lee que el funcionamiento del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) “cuenta con un protocolo de actuación mediante el cual se prohíbe la difusión de cualquier imagen captada por las cámaras. Sólo pueden ser solicitadas por jueces para ser utilizadas como prueba”. La web oficial de la Policía Metropolitana desmiente en los hechos a la subsecretaría. Y lo hace a través de Prontobaires, “un equipo de profesionales de la comunicación que tiene como objetivo responder de manera rápida y eficiente a la demanda de información por parte de los medios de prensa”. Esa información proviene de las imágenes que captan las 1772 cámaras.
La Metropolitana retiró todos los registros de Prontobaires de su página sobre el vínculo entre Montenegro y Alejandra Beatriz Rafuls, su asesora, madrina de uno de sus hijos y dueña de la consultora AR y Asociados, beneficiaria de varias contrataciones directas o licitaciones que salieron del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Bajo un rubro que define como “debilidades”, la Auditoría General de la Ciudad publicó en febrero que las TICS (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) de la Policía no cumplían una serie de requisitos legales. En el informe final elevado a la presidenta de la Legislatura, la vicejefa porteña María Eugenia Vidal, le hacía saber que la base de imágenes obtenidas mediante las cámaras no se inscribió en la Defensoría del Pueblo para la protección de los datos personales; que no se conservan el tiempo que señala la ley; que no se prohíbe el uso de celulares particulares en el CMU, lo que pone en riesgo la confidencialidad de lo que se filma; que apenas 300 cámaras de las 1772 están identificadas y que la ley 3998 tampoco se respeta, ya que el gobierno está obligado a señalar en su página oficial dónde se instalan nuevas videocámaras y no lo hace.
El diputado Bodart presentó dos pedidos de informes en la Legislatura. En uno pide “copia del registro de cámaras del Poder Ejecutivo, incluyendo fechas de instalación y de puesta en funcionamiento, calle y altura en que están ubicadas y comuna a la que pertenecen” y además que “se especifique en qué lugares está planificado instalar 400 videocámaras previstas para 2013 y el precio unitario promedio por cámara”. Su segundo proyecto se basa en las denuncias de la Auditoría General y la investigación de su asesor Andrés Pérez Esquivel. “Sin identificación, las videocámaras de Macri son más espionaje que prevención”, señaló el legislador.
La Auditoría sostiene que una “mención especial merece el tema de las comunicaciones; la Policía Metropolitana tiene a su cargo y es la administradora del sistema de comunicaciones del GCBA, esto incluye áreas críticas como el SAME, Defensa Civil, Logística, Tránsito y la propia Policía”. Por eso sugiere aumentar la cobertura radioeléctrica a los espacios que aún no la poseen y aumentar las frecuencias y sus posibilidades de alcance. No sólo de cámaras se trata. También de policías que monitorean imágenes que después van a parar a los noticieros de televisión, algo que prohíbe la ley.
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