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- 04.07.2013
El Pro intentará derogar el convenio sobre el uso de la Plaza Colón entre Ciudad y Nación
Diputados del macrismo intentarán hoy jueves derogar el Convenio 56/07 aprobado por Ley 2.862, celebrado entre la Secretaría de la Presidencia y el gobierno de Jorge Telerman.
La iniciativa firmada por los diputados Cristian Ritondo, Lía Rueda, Carmen Polledo, Jorge Garayalde y Daniel Lipoveztky, Francisco Quintana, Daniel Presti, Helio Rebot, Raquel Herrero, Adriana Montes, Marta Varela y Victoria Morales Gorleri, entre otros, tiene por objeto la derogación de la ley que aprueba el Convenio celebrado entre el ex jefe de Gobierno Jorge Telerman y el secretario General de la Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, relativo al uso de la Plaza Colón rubricado el 6 de diciembre de 2007 ya probado oportunamente la Ley N° 2862,a los efectos de garantizar la seguridad presidencial.
En los fundamentos de la iniciativa se señala que “los convenios de este tipo configuran, conforme nuestro ordenamiento legal, un acto complejo en la medida que requiere la conformidad del Poder Ejecutivo y Legislativo al tiempo que dispone en su clausula segunda que el Gobierno Nacional podrá ejercitar la autorización conferida en la cláusula anterior, incluyendo la posibilidad de que en tales circunstancias se realicen actos con acceso o no de público en la Plaza Colón y previa comunicación del evento al gobierno de la Ciudad con 48 horas de antelación. En todo momento que no se realicen actos sin acceso de público a la Plaza Colón, esta permanecerá de acceso libre en las mismas condiciones que los demás espacios verdes de la Ciudad. Desde su entrada en vigencia, el Gobierno Nacional ha incumplido las disposiciones del convenio en diversas oportunidades.
Según el vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristian Ritondo, “el Gobierno Nacional no ha solicitado autorización alguna al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para realizar los múltiples actos desarrollados en la plaza. A su vez, como segundo incumplimiento, ha hecho un uso abusivo de este espacio verde, alterando su diseño, fisionomía y modificando el emplazamiento de monumentos pertenecientes a la Ciudad como es el Caso del Monumento a Cristóbal Colón y emplazando otros sin la autorización previa de esta Legislatura como es el caso del Monumento a los Caídos en el Bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Debe dejarse en claro, que sin perjuicio de compartir el sentido de este homenaje, hasta las decisiones más justas deben estar acompañadas del cumplimiento de las disipaciones legales y constitucionales”.
Por su parte, la diputada Lía Rueda afirmó que “la Presidencia de la Nación mantiene vedado el ingreso a la Plaza Colon las 24 horas del día, impidiendo el ingreso de aquellos que transitan a diario por esta Ciudad, lo que representa una apropiación del espacio público indebida y una vulneración a la autonomía consagrada a esta Ciudad por el Artículo Nº129 de la Constitución Nacional".
Estos incumplimientos, motivaron la aprobación de la Declaración 82/2013 por parte de esta Legislatura en la Sesión Ordinaria del 18 de abril de este año que tuvo por objeto, intentar sin éxito canalizar estas diferencias por intermedio del diálogo razonable que las autoridades de la ciudad capital debe conservar con el Gobierno Nacional en un estado democrático y federal.
La iniciativa firmada por los diputados Cristian Ritondo, Lía Rueda, Carmen Polledo, Jorge Garayalde y Daniel Lipoveztky, Francisco Quintana, Daniel Presti, Helio Rebot, Raquel Herrero, Adriana Montes, Marta Varela y Victoria Morales Gorleri, entre otros, tiene por objeto la derogación de la ley que aprueba el Convenio celebrado entre el ex jefe de Gobierno Jorge Telerman y el secretario General de la Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, relativo al uso de la Plaza Colón rubricado el 6 de diciembre de 2007 ya probado oportunamente la Ley N° 2862,a los efectos de garantizar la seguridad presidencial.
En los fundamentos de la iniciativa se señala que “los convenios de este tipo configuran, conforme nuestro ordenamiento legal, un acto complejo en la medida que requiere la conformidad del Poder Ejecutivo y Legislativo al tiempo que dispone en su clausula segunda que el Gobierno Nacional podrá ejercitar la autorización conferida en la cláusula anterior, incluyendo la posibilidad de que en tales circunstancias se realicen actos con acceso o no de público en la Plaza Colón y previa comunicación del evento al gobierno de la Ciudad con 48 horas de antelación. En todo momento que no se realicen actos sin acceso de público a la Plaza Colón, esta permanecerá de acceso libre en las mismas condiciones que los demás espacios verdes de la Ciudad. Desde su entrada en vigencia, el Gobierno Nacional ha incumplido las disposiciones del convenio en diversas oportunidades.
Según el vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristian Ritondo, “el Gobierno Nacional no ha solicitado autorización alguna al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para realizar los múltiples actos desarrollados en la plaza. A su vez, como segundo incumplimiento, ha hecho un uso abusivo de este espacio verde, alterando su diseño, fisionomía y modificando el emplazamiento de monumentos pertenecientes a la Ciudad como es el Caso del Monumento a Cristóbal Colón y emplazando otros sin la autorización previa de esta Legislatura como es el caso del Monumento a los Caídos en el Bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Debe dejarse en claro, que sin perjuicio de compartir el sentido de este homenaje, hasta las decisiones más justas deben estar acompañadas del cumplimiento de las disipaciones legales y constitucionales”.
Por su parte, la diputada Lía Rueda afirmó que “la Presidencia de la Nación mantiene vedado el ingreso a la Plaza Colon las 24 horas del día, impidiendo el ingreso de aquellos que transitan a diario por esta Ciudad, lo que representa una apropiación del espacio público indebida y una vulneración a la autonomía consagrada a esta Ciudad por el Artículo Nº129 de la Constitución Nacional".
Estos incumplimientos, motivaron la aprobación de la Declaración 82/2013 por parte de esta Legislatura en la Sesión Ordinaria del 18 de abril de este año que tuvo por objeto, intentar sin éxito canalizar estas diferencias por intermedio del diálogo razonable que las autoridades de la ciudad capital debe conservar con el Gobierno Nacional en un estado democrático y federal.
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