Sancionarían a quienes interrumpan un servicio público

La iniciativa, además, establece que los castigos se duplicarán cuando los perjudicados sean los servicios sanitarios y hospitales.

El proyecto fija multas de hasta 5.000 pesos y penas de arresto de 2 a 10 días para la persona que afecte “intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos como alumbrado, limpieza, gas”, lo que puede contemplar medidas de fuerza y de protesta.

La sanción se elevará al doble cuando se vean afectados los servicios sanitarios y hospitalarios, según estipula la iniciativa impulsada por los diputados Carmen Polledo y Alejandro García, ambos del bloque PRO.

La propuesta legislativa pretende modificar el artículo 69 del Código Contravencional, ley número 1472.

La Comisión de Justicia es presidida por el legislador macrista Martín Ocampo.


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