Repercusiones sobre la aprobación de la ley de “libertad de expresión” en la Legislatura

Luego del debate que tuvo lugar ayer en la Legislatura porteña sobre la ley de medios, los legisladores Alejandro Bodart del MST, Virginia González Gass y Adrián Camps, ambos del Partido Socialista Auténtico, opinan al respecto.
El diputado Alejandro Bodart (MST) explicó una tercera posición distinta al PRO y a los K: “Hay un doble discurso del gobierno local y del nacional, que quieren aparecer como adalides de la libertad de expresión. En la letra de las leyes ambos prometen mucho, pero en los hechos no aseguran una real democratización de los medios."
Bodart cuestionó el apoyo de algunos diputados de Proyecto Sur y la Coalición Cívica a la ley: "Es lavarle la cara a un jefe de Gobierno profundamente antidemocrático en muchos aspectos. Es un error garrafal bancar esta ley junto con el gobierno que reprimió a periodistas en el hospital Borda y que no democratiza el canal y la radio de la Ciudad."
Sobre el gobierno nacional, el diputado del MST señaló: "Utiliza la misma lógica: habla de la libertad y de democratizar, pero lo único que intenta es avanzar en el control para dar solamente su discurso. Hace intentos permanentes por tratar de limitar las expresiones críticas."
Como alternativa a ambas posturas, Bodart propuso "un compromiso público, si es que realmente queremos defender la libertad de expresión y no hacerle el juego electoral a uno u otro gobierno, estos son la defensa incondicional de la libertad de prensa, repudio a la represión de la Metropolitana a periodistas, democratización de la radio y el canal de la Ciudad, rechazo a toda intervención gubernamental a cualquier medio de prensa, exigencia al gobierno nacional de otorgar el 33% de las licencias a organizaciones sociales y respaldo a la estatización de Papel Prensa sólo si es bajo control social para garantizar el acceso al papel a todas las publicaciones."
Por su lado la legisladora Virginia González Gass del Partido Socialista Auténtico expresó su opinión: “No se puede sancionar una ley sobre libertad de expresión sin consensos y bajo una estrategia política para fines ajenos a los derechos humanos universales como el acceso a la información y a la comunicación”.
Y continúo “El proyecto votado en la sesión de este jueves se corresponde con una práctica que apela a la confusión y al engaño. Todos los derechos ampliados en esta ley repiten cuestiones saldadas por el Congreso Nacional y los tratados internacionales, tanto en materia de servicios de comunicación audiovisual como en el ámbito de las telecomunicaciones”.
Dijo también que “De este modo se preserva los intereses concentrados de aquellas empresas que quieren dilatar su adecuación a la ley de medios en cuanto a la imposibilidad de declarar de “utilidad pública” una empresa periodística. Con lo cual, como indicara mi compañero de bloque Adrián Camps, aquellos medios comunitarios incapaces de afrontar un conflicto entre privados, no pueden ser salvaguardados por decisión de los representantes de la Ciudad de Buenos Aires”.
“Así las cosas, el macrismo circunscribe -en su corral legal- los conflictos de intereses de las empresas periodísticas al ámbito del Tribunal Superior de Justicia del distrito, para que sólo quienes tienen los recursos, dilaten su situación en procesos judiciales cuyo destino obligado es la declaración de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, enunció la legisladora.
“Macri apela e viejas antinomias secesioncitas propias de la época de la Confederación Argentina; en tanto, este capítulo de la obra macrismo no instrumenta soluciones efectivas para democratizar el acceso a la cultura, a la información, y a la comunicación, como elementos básicos para garantizar la libertad de expresión”, concluyó González Gass.
En tanto Adrián Camps, relativizó el hecho de que el proyecto aprobado por la Legislatura defienda la libertad de prensa y aseguró que “forma parte de un posicionamiento político del macrismo frente al próximo proceso electoral, utilizando un tema tan sensible como la libertad de prensa”. “Por su parte, el kirchnerismo aprovechó la oportunidad para generar una falsa polarización en la Ciudad de Buenos Aires".
El diputado del PSA se abstuvo en la votación en general de la ley, mientras que en el tratamiento en particular de la norma, votó negativamente todos los artículos que reproducen el texto del decreto de necesidad y urgencia emitido por el Jefe de Gobierno.
“Hay artículos que resultan imposibles de votar desde una concepción socialista”, explicó el legislador. Por ejemplo, es el caso del art. 20 que plantea la prohibición de declarar los bienes de los medios de comunicación "de utilidad pública", lo que impediría acudir en defensa de los trabajadores que vieran peligrar su trabajo cuando una empresa se funde por ineptitud o manejos económicos indebidos de sus propietarios. A su vez, según la ley, el Estado tampoco podría designar interventores o integrantes de los directorios para salvaguardar esas fuentes de trabajo”.
Además, para Adrián Camps resulta “preocupante la apelación a la ‘defensa de la seguridad nacional y la moral pública’, que recuerda a las pasadas épocas de la dictadura militar. Por otro lado, en los art. 24 y 25 sobresalen las restricciones que se proponen para que, tanto particulares como el Estado, puedan cobrarse deudas. “Así, un trabajador injustamente despedido no podría accionar legalmente sobre las empresas que controlan medios de comunicación. Tampoco el Estado podría hacerlo en defensa del erario público", agregó.
"En los artículos 30 y 31 del proyecto se prevé la creación de tribunales especiales y, hasta que se constituyan, se otorga competencia exclusiva para las cuestiones previstas en la ley al Tribuna Superior de Justicia, creando un régimen especial, privilegio que nadie goza en la Ciudad.", finalizó Adrián Camps.