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- 20.05.2013
Demanda de confederación sindical de trabajadores de medios contra el DNU de Macri
La Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación (Cositmecos), que encabeza el gremialista Horacio Arreceygor (sindicato de televisión), planteará ante la justicia nacional que el decreto del jefe de Gobierno porteño, que crea un fuero especial para las empresas periodísticas de la ciudad de Buenos Aires, va en contra de varios artículos de la Constitución: los artículos 31, 116, 126 y 75 incisos 12 y 19; y que además cuestiones centrales de leyes federales del Código Civil, el Código Comercial, la ley de Concursos y Quiebras, el Estatuto del Periodista, la ley de Contrato de Trabajo, la ley de Sociedades Comerciales, la legislación que regula la Comisión Nacional de Valores, etcétera.
Según el redactor de la demanda, el abogado y docente de la UBA Damián Loreti, en diálogo con el matutino Tiempo Argentino, el gobierno de la Ciudad decidió facilitarle al Grupo Clarín un escenario legal que le permita seguir ganando tiempo. De hecho, sospecha es que el DNU de Macri permitiría a Héctor Magnetto y sus abogados aprovechar la controversia en torno a la competencia –local o federal– que se abrirá en este caso para retardar el inminente fallo de la Corte Suprema sobre la cuestión de fondo de la Ley 26.522: el debate sobre la constitucionalidad de los artículos sobre desinversión y tope de licencias.
"En el terreno de las hipótesis, con este DNU funcionando y en vigencia, cabría la posibilidad de que alguien fuera al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y pidiera someterse a la competencia de la ciudad. Luego pediría que la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial, antes de resolver la apelación a la Corte, se inhiba y mande el expediente sobre la cuestión de fondo al máximo tribunal de la Ciudad. Si eso ocurre, mientras se discute la competencia –un proceso en el que la Corte Suprema va a terminar declarando la inconstitucionalidad del DNU–, va a pasar tiempo. Porque debatir la competencia implicaría retardar el fallo de fondo para intentar que pasen las elecciones. Que la cautelar que suspende la adecuación para el Grupo Clarín dure más", explicó Loreti.
Con respecto a las campañas que relacionan el posible proceso de adecuación de las licencias con la pérdida posible de empleo en los medios cuestionados, si es que la Corte Suprema resuelve declarar constitucionales los artículos controvertidos de la ley 26.522, el abogado recordó que la Cositmecos firmó un convenio con el AFSCA, con la supervisión del Ministerio de Trabajo, que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones laborales para el personal de los medios que sean adquiridos por nuevos licenciatario.
Según el redactor de la demanda, el abogado y docente de la UBA Damián Loreti, en diálogo con el matutino Tiempo Argentino, el gobierno de la Ciudad decidió facilitarle al Grupo Clarín un escenario legal que le permita seguir ganando tiempo. De hecho, sospecha es que el DNU de Macri permitiría a Héctor Magnetto y sus abogados aprovechar la controversia en torno a la competencia –local o federal– que se abrirá en este caso para retardar el inminente fallo de la Corte Suprema sobre la cuestión de fondo de la Ley 26.522: el debate sobre la constitucionalidad de los artículos sobre desinversión y tope de licencias.
"En el terreno de las hipótesis, con este DNU funcionando y en vigencia, cabría la posibilidad de que alguien fuera al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y pidiera someterse a la competencia de la ciudad. Luego pediría que la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial, antes de resolver la apelación a la Corte, se inhiba y mande el expediente sobre la cuestión de fondo al máximo tribunal de la Ciudad. Si eso ocurre, mientras se discute la competencia –un proceso en el que la Corte Suprema va a terminar declarando la inconstitucionalidad del DNU–, va a pasar tiempo. Porque debatir la competencia implicaría retardar el fallo de fondo para intentar que pasen las elecciones. Que la cautelar que suspende la adecuación para el Grupo Clarín dure más", explicó Loreti.
Con respecto a las campañas que relacionan el posible proceso de adecuación de las licencias con la pérdida posible de empleo en los medios cuestionados, si es que la Corte Suprema resuelve declarar constitucionales los artículos controvertidos de la ley 26.522, el abogado recordó que la Cositmecos firmó un convenio con el AFSCA, con la supervisión del Ministerio de Trabajo, que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones laborales para el personal de los medios que sean adquiridos por nuevos licenciatario.
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