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- 15.05.2013
Fuertes críticas por el bajo nivel de egreso de los chicos de las instituciones porteñas
El 25% de los chicos institucionalizados logró dejar durante el año pasado el hogar donde vivían, un índice considerado como un "fracaso institucional".
En la Ciudad de Buenos Aires están institucionalizados 1.046 niños, los cuales permanecen en promedio dos años viviendo en albergues, dijo a Télam Laura Mussa, asesora general del Ministerio Público Tutelar (MPT), para quien "no es natural que un chico viva en una institución".
La funcionaria presentó en la Legislatura porteña un informe de 329 páginas, sobre las políticas públicas de infancia, adolescencia y salud mental en la CABA durante 2012, cumpliendo así la obligación constitucional de rendir cuentas sobre sus actuaciones.
Si bien en el informe se mencionó a 1.049 niños que viven en hogares, la abogada explicó a Télam que, a mayo de 2013, son "1.046, cifra casi constante, ya que el año pasado sólo egresaron 296, es decir un 25%, un índice del fracaso institucional, si además consideramos que permanecen en esa situación, en promedio, 2 años".
El documento del MPT señaló al respecto que esta situación es "una flagrante violación de las normas de la protección integral de derechos que caracterizan de excepcional, subsidiaria y breve la medida de separación familiar".
Mussa resaltó el trabajo del equipo público de abogados de los niños, una institución que se creó en el organismo "que es de vanguardia en el país y que garantiza la ciudadanía de los chicos, el ejercicio de sus derechos".
El informe de gestión aportó que el equipo legal especializado atendió en 2012, 416 chicos, de los cuales 146 niños, niñas y adolescentes fueron patrocinados judicialmente, en el 73% de los casos, por estar institucionalizados a partir de una medida de separación familiar.
En tanto, en el 27% restante se trató de niños y niñas internados por motivos de salud mental "una falencia del sistema que desnudó la actuación de este equipo de abogados: chicos internados sin diagnósticos claros ni seguimientos", afirmó la asesora.
Mussa lamentó que "no se cumpla la ley, esto es, que cuando los chicos son dados de alta de una institución psiquiátrica, no son asistidos por el Estado, porque el gobierno porteño no crea las casas de medio camino, lugares adecuados para estas situaciones".
Además, el documento oficial confirmó que "el 60% de las instituciones asume que cuenta con población que recibe medicación psiquiátrica" y llamó la atención sobre "la creciente medicalización de los niños" en estos lugares de alojamiento.
Estas situaciones han llevado a que el Ministerio intervenga "para que no ingresen más chicos el Centro Preventivo Asistencial Casa Púrpura S.R.L. (CE.PRE.AP), en el Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján SRL y en el Centro San Pablo", confirmó la funcionaria.
La defensora explicó que "hacemos controles permanentes, por eso nos preguntamos ¿Todos los chicos necesitan asistencia terapeútica? ¿La mayoría tiene problemas psiquiátricos?". Detalló que "de las 84 sedes institucionales, en su gran mayoría ONG, el 45% están en el conurbano bonaerense" y tienen rangos definidos por el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Ministerio de Desarrollo Social porteño.
Así, los hogares llamados convivenciales "reciben mensualmente del Estado 2.300 pesos, los de atención especializada, 3.600 y las comunidades terapéuticas, 4.710", confirmó la defensora. El informe oficial detectó que el año pasado se produjeron "138 internaciones en comunidades terapéuticas" de personas menores de edad.
Para Mussa "en estas situaciones también influye positivamente la presencia del abogado del niño que escucha al chico, que es el que debe definir el lugar donde está o donde cree que debería estar".
En el diagnóstico elaborado por el MPT se resaltó además que "hay debilidades comunes a todos los programas orientados al fortalecimiento familiar" y que "la mayoría de las actuaciones" del organismo están relacionadas "con la falta de acceso al derecho a la vivienda digna".
La asesora aseveró que "no tener una vivienda hace que se violen otros derechos de niños y adolescentes, por eso tenemos que seguir trabajando en las distintas áreas para lograr que sean respetados, porque eso nos hace ser una sociedad mejor".
En la Ciudad de Buenos Aires están institucionalizados 1.046 niños, los cuales permanecen en promedio dos años viviendo en albergues, dijo a Télam Laura Mussa, asesora general del Ministerio Público Tutelar (MPT), para quien "no es natural que un chico viva en una institución".
La funcionaria presentó en la Legislatura porteña un informe de 329 páginas, sobre las políticas públicas de infancia, adolescencia y salud mental en la CABA durante 2012, cumpliendo así la obligación constitucional de rendir cuentas sobre sus actuaciones.
Si bien en el informe se mencionó a 1.049 niños que viven en hogares, la abogada explicó a Télam que, a mayo de 2013, son "1.046, cifra casi constante, ya que el año pasado sólo egresaron 296, es decir un 25%, un índice del fracaso institucional, si además consideramos que permanecen en esa situación, en promedio, 2 años".
El documento del MPT señaló al respecto que esta situación es "una flagrante violación de las normas de la protección integral de derechos que caracterizan de excepcional, subsidiaria y breve la medida de separación familiar".
Mussa resaltó el trabajo del equipo público de abogados de los niños, una institución que se creó en el organismo "que es de vanguardia en el país y que garantiza la ciudadanía de los chicos, el ejercicio de sus derechos".
El informe de gestión aportó que el equipo legal especializado atendió en 2012, 416 chicos, de los cuales 146 niños, niñas y adolescentes fueron patrocinados judicialmente, en el 73% de los casos, por estar institucionalizados a partir de una medida de separación familiar.
En tanto, en el 27% restante se trató de niños y niñas internados por motivos de salud mental "una falencia del sistema que desnudó la actuación de este equipo de abogados: chicos internados sin diagnósticos claros ni seguimientos", afirmó la asesora.
Mussa lamentó que "no se cumpla la ley, esto es, que cuando los chicos son dados de alta de una institución psiquiátrica, no son asistidos por el Estado, porque el gobierno porteño no crea las casas de medio camino, lugares adecuados para estas situaciones".
Además, el documento oficial confirmó que "el 60% de las instituciones asume que cuenta con población que recibe medicación psiquiátrica" y llamó la atención sobre "la creciente medicalización de los niños" en estos lugares de alojamiento.
Estas situaciones han llevado a que el Ministerio intervenga "para que no ingresen más chicos el Centro Preventivo Asistencial Casa Púrpura S.R.L. (CE.PRE.AP), en el Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján SRL y en el Centro San Pablo", confirmó la funcionaria.
La defensora explicó que "hacemos controles permanentes, por eso nos preguntamos ¿Todos los chicos necesitan asistencia terapeútica? ¿La mayoría tiene problemas psiquiátricos?". Detalló que "de las 84 sedes institucionales, en su gran mayoría ONG, el 45% están en el conurbano bonaerense" y tienen rangos definidos por el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Ministerio de Desarrollo Social porteño.
Así, los hogares llamados convivenciales "reciben mensualmente del Estado 2.300 pesos, los de atención especializada, 3.600 y las comunidades terapéuticas, 4.710", confirmó la defensora. El informe oficial detectó que el año pasado se produjeron "138 internaciones en comunidades terapéuticas" de personas menores de edad.
Para Mussa "en estas situaciones también influye positivamente la presencia del abogado del niño que escucha al chico, que es el que debe definir el lugar donde está o donde cree que debería estar".
En el diagnóstico elaborado por el MPT se resaltó además que "hay debilidades comunes a todos los programas orientados al fortalecimiento familiar" y que "la mayoría de las actuaciones" del organismo están relacionadas "con la falta de acceso al derecho a la vivienda digna".
La asesora aseveró que "no tener una vivienda hace que se violen otros derechos de niños y adolescentes, por eso tenemos que seguir trabajando en las distintas áreas para lograr que sean respetados, porque eso nos hace ser una sociedad mejor".
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