En la Legislatura las discusiones giraron en torno a Maduro y el Borda

La Legislatura porteña sesionó ayer jueves y si bien el temario era amplio dos proyectos de declaración dominaron la escena: el beneplácito por la visita de Nicolás Maduro a nuestra Ciudad y el repudio a la "represión" en el Borda. En ambos, la postura del PRO ya estaba clara pero la oposición no quiso dejar pasar la oportunidad de remarcar las diferencias.

Los diputados porteños debatieron este jueves por casi dos horas un proyecto de declaración por el cual Virginia González Gass y Adrián Camps (PSur) plantearon el beneplácito de la Legislatura de la Ciudad por la visita del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Desde el PRO aclararon que el bloque mayoritariamente se iba a abstener (aunque hubo diputados que directamente votaron en contra) porque tienen dudas respecto a la elección de Maduro, entre otras cosas.

El diputado Jorge Selser (Proyecto Sur) acusó al macrismo de acompañar un intento de golpe de Estado en Venezuela, luego de lo cual el titular del bloque del PRO, Fernando de Andreis, solicitó una cuestión de privilegio.

Selser dijo que le parecía exagerado el planteo de De Andreis porque no dio nombres. La cuestión de privilegio fue aprobada 24 a 22. Como el cruce de cuestionamientos parecía no tener fin, el vicepresidente primero Cristian Ritondo dispuso un cuarto intermedio.

Al regresar del mismo, el diputado Julio Raffo pidió disculpas por algunas consideraciones realizadas en el fragor del debate pero el tema no quedó acá. Diferentes diputados plantearon su defensa al modelo venezolano, mientras que desde el PRO aclaraban sus diferencias con el mismo.

Finalmente -luego de chicanas, gritos, quejas, críticas y reproches- tanto esta iniciativa como el proyecto de los diputados Edgardo Form y Delia Bisutti (Nuevo Encuentro) para declarar a Maduro Visitante Ilustre de la ciudad de Buenos Aires fueron aprobadas por 22 votos positivos, 9 negativos y 18 abstenciones.

Pero este no fue el único tema que generó polémica. Luego de aprobar dos proyectos en repudio a la violencia contra la comunidad Qom de Formosa y contra las amenazas al fiscal federal Guillermo Marijuan, la diputada Gabriela Cerrutti planteó una declaración que decía: "La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires expresa su repudio por el represivo accionar de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, hecho que dejó como resultado un saldo de médicos, pacientes y trabajadores heridos".

El macrismo habilitó el tratamiento del mismo pero votó en contra. La oposición no tenía los números suficientes por lo que el expediente fue archivado y podrá volver a tratarse este año.

De todas maneras, la Legislatura aprobó un pedido de informes relacionados con el operativo efectuado por el Poder Ejecutivo para la demolición del Taller Protegido Nº 19 ubicado en los terrenos del Hospital Borda el pasado 26 de abril y del accionar de la Policía Metropolitana.

Se pregunta qué funcionario/a ordenó la demolición y sobre la base de qué normativa tomó esa decisión; además se solicitan copias documentales. También cuál fue la repartición a cargo de la demolición "o, en su caso, por medio de qué contratación se procedió a efectuarla". Por otra parte, qué funcionario/a ordenó el operativo policial y "en caso que hubiese existido tal orden, cuál fue el alcance de la misma" y la documentación respectiva.

El Ejecutivo deberá indicar si hubo heridos y en caso afirmativo informará "cantidad de personas heridas y tipo de lesiones". El horario en que comenzó la intervención al Taller y los motivos del horario pautado "informando sobre la sucesión de cada una de las actuaciones desplegadas en el marco del operativo policial". También sobre la existencia de personas detenidas y "en caso que los hubiere, indique sobre el inicio de causas, órgano ante el cual tramitan y carátula". Si se realizó o se encuentra en trámite una auditoría, encomendándose la remisión de sus resultados, si ya los hubiere, o en caso que sean remitidos al finalizarse".

Se interroga "si la Ministra de Salud fue notificada acerca del inicio de las obras" y "en caso afirmativo indique si la Dirección del Hospital fue informada, adjuntando copia de la notificación; y si se recomendó el resguardo de los pacientes". Si fueron heridos trabajadores que integran el personal hospitalario "y en caso afirmativo informe sobre la evolución psico-física de los mismos". Finalmente el Cuerpo parlamentario pregunta al Ejecutivo "si se brindó atención psicológica específica para esta situación a pacientes y al personal del hospital".

También el Poder Ejecutivo deberá informar a través de los organismos correspondientes, dentro de los 30 días de recibida la resolución legislativa sobre los siguientes puntos relacionados con la actuación de la Policía Metropolitana: "Si se aprobaron protocolos de actuación para la Policía Metropolitana. En su caso, adjunte copia", "si se está trabajando en nuevos protocolos, indique cuáles y qué áreas o especialistas trabajan en ellos" y "si se suscribió o se planea suscribir al acuerdo sobre "Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas" aprobado por el Consejo de Seguridad Interior. En caso negativo indique los motivos. En particular, si se piensa aprobar protocolo propio" sobre ese tipo de manifestaciones. El proyecto fue planteado sobre tablas por la diputada Gabriela Alegre (FpV).

Asimismo, respecto a los hechos del 12 de marzo pasado en el edificio del Centro Cultural San Martín y la plaza seca en el marco del operativo realizado por la Policía Metropolitana, el Ejecutivo deberá indicar qué funcionario u organismo público solicitó la intervención policial, nombre y rango del personal a cargo, tipo de operativo y protocolo policial, con qué armamento y qué tipo de municiones se contó para el operativo y cuáles fueron utilizados, cantidad de detenciones y motivos acompañando documentación, si hubo heridos y "personal de la Policía Metropolitana de civil" así como la remisión del informe de evaluación realizado por la fuerza". El texto consensuado fue aprobado sobre tablas a partir de un proyecto presentado por el diputado Francisco Nenna (FpV).

Por otra parte también se consensuó un texto con preguntas presentadas por los diputados Alejandro Bodart (MST en PSur), Selser (PSur) y Bisutti (NE) sobre la remoción y retiro de material del taller protegido del Hospital Borda con asbestos, elemento considerado cancerígeno y "residuo peligroso" por la Ley 24.051 de la Nación y la Ley 2.214 de la Ciudad.

Se pide la remisión de copia documental respaldatoria de la detección de asbestos y de las inspecciones realizadas. Se pregunta si se "contrató o subcontrató a una empresa habilitada para la remoción y retiro del material con asbestos" y en caso afirmativo se indique la razón social de la empresa, si está habilitada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y se acompañe documentación acreditante como "tratador in situ", entre otros detalles de ajuste a la normativa vigente. En caso negativo el Ejecutivo deberá indicar "por qué no se contrató a empresa especializada, organismo actuante y nombre del funcionario responsable de la operación de remoción y retiro de chapas con asbestos. Remita copia de la documentación correspondiente y motivos de la operación realizada".

"Hoy se tiene absoluta certeza de dos tipos de cáncer producidos por exposición al amianto: asbestosis, cáncer de pulmón y mesoteliona. No se reconoce una cantidad mínima del agente causal por debajo de la cual un expuesto pueda considerarse seguro. El cáncer de pulmón en trabajadores expuestos llega a ser hasta 7 veces más frecuentes que en la población general" se argumentó.