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- 08.05.2013
Levantan la orden de desalojo para los trabajadores de Impresores Lanci
El desalojo ordenado por una jueza porteña contra los trabajadores que ocupan desde hace un año la empresa Impresores Lanci SRL “quedó sin efecto” y adelantan que se abrirá una mesa de negociación. Así lo informó el Secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Enrique Deibe.
Deibe agregó además que “se abrirá una mesa de negociación entre las partes involucradas para evitar situaciones de violencia" y que "la defensora pública de turno se acercará al lugar para dialogar con los trabajadores y definir una estrategia legal a seguir".
Ayer por la mañana, la Policía Metropolitana llegó a la sede de la empresa con una orden firmada por la jueza porteña Claudia Alvaro, con el objetivo de desalojar a los trabajadores del sitio que están ocupando desde mayo de 2012. El conflicto se inició en el año 2008 cuando, según los trabajadores empezaron a percibir un sueldo de 100 pesos semanales.
Alrededor de 30 trabajadores de la empresa dedicada a la industria gráfica que llevan adelante la medida de fuerza "en resguardo de las fuentes laborales" reclaman que el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 16 ordenó el desalojo pero no reparó en que para pagar los sueldos adeudados el dueño "puso como garantía al inmueble que está quiebra".
Adrián -uno de los gráficos- dijo a la agencia Télam que desde “el 28 de mayo del año 2012 cuando la situación se hizo insostenible ocupamos la fábrica en resguardo de nuestra fuente de trabajo y desde ese día dejamos de percibir todo tipo de sueldo”.
Uno de los trabajadores señaló la importancia de que “la causa deje de estar bajo la órbita penal para que vuelva al fuero comercial" ya que la orden de desalojo se dio en el marco de una denuncia penal que la actual dueña de la empresa, Cristina Laguenein, realizó en la justicia.
Por último, Deibe subrayó la importancia de "evitar situaciones de violencia y poder sostener el diálogo" entre las partes.
Pedro Serra, abogado de los trabajadores, señaló que "la justicia de la Ciudad de Buenos Aires no es independiente, los jueces que define el Gobierno de la Ciudad consideran más importante defender la propiedad privada", advirtió Serra, quien precisó que "hace tiempo que la justicia comercial debió haber resuelto la quiebra de la empresa".
Deibe agregó además que “se abrirá una mesa de negociación entre las partes involucradas para evitar situaciones de violencia" y que "la defensora pública de turno se acercará al lugar para dialogar con los trabajadores y definir una estrategia legal a seguir".
Ayer por la mañana, la Policía Metropolitana llegó a la sede de la empresa con una orden firmada por la jueza porteña Claudia Alvaro, con el objetivo de desalojar a los trabajadores del sitio que están ocupando desde mayo de 2012. El conflicto se inició en el año 2008 cuando, según los trabajadores empezaron a percibir un sueldo de 100 pesos semanales.
Alrededor de 30 trabajadores de la empresa dedicada a la industria gráfica que llevan adelante la medida de fuerza "en resguardo de las fuentes laborales" reclaman que el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 16 ordenó el desalojo pero no reparó en que para pagar los sueldos adeudados el dueño "puso como garantía al inmueble que está quiebra".
Adrián -uno de los gráficos- dijo a la agencia Télam que desde “el 28 de mayo del año 2012 cuando la situación se hizo insostenible ocupamos la fábrica en resguardo de nuestra fuente de trabajo y desde ese día dejamos de percibir todo tipo de sueldo”.
Uno de los trabajadores señaló la importancia de que “la causa deje de estar bajo la órbita penal para que vuelva al fuero comercial" ya que la orden de desalojo se dio en el marco de una denuncia penal que la actual dueña de la empresa, Cristina Laguenein, realizó en la justicia.
Por último, Deibe subrayó la importancia de "evitar situaciones de violencia y poder sostener el diálogo" entre las partes.
Pedro Serra, abogado de los trabajadores, señaló que "la justicia de la Ciudad de Buenos Aires no es independiente, los jueces que define el Gobierno de la Ciudad consideran más importante defender la propiedad privada", advirtió Serra, quien precisó que "hace tiempo que la justicia comercial debió haber resuelto la quiebra de la empresa".
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