Gentili: "En donde hay problemas el macrismo plantea negocios"

Por Sebastián De Toma

El gobierno de la ciudad el viernes pasado abrió los sobre de la licitación que realizó el para gestionar el Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB). El servicio se adjudicará en junio, y el contrato durará cuatro años, con opción a uno más de prórroga. La empresa que salga beneficiada recibirá 135 millones de pesos y, a cambio, deberá extender el servicio hasta las 200 estaciones y las 3.000 bicicletas. El servicio, por ahora, va a seguir siendo gratuito, pero la privatización es el primer paso para cobrarlo.

El subsecretario de Transporte de la Ciudad, Guillermo Dietrich, declaró al matutino Clarín que “cuando lanzamos el STPB, lo íbamos a licitar, porque todos estos sistemas en el mundo son administrados por empresas privadas. Pero como había incertidumbre sobre si iba a haber robos o vandalismo, preferimos administrarlo por un tiempo y usar estaciones manuales para tener más control sobre las bicicletas. Después de más de dos años nos animamos a que haya un sistema íntegramente automático, que funcione las 24 horas. Hay que incorporarle mucha tecnología y lo mejor es que lo hagan las empresas que la tienen”.

Esta licitación, al igual que el proyecto de extender el estacionamiento medido, se han encontrado con una fuerte oposición. En este sentido, el legislador porteño por Proyecto Sur, Rafael Gentili expresó a Nueva Ciudad su opinión sobre estos temas:

¿Por qué llamaron a licitación directamente sin presentar un proyecto?

Llamaron a licitación ya hace un tiempo para concesionar el servicio por cuatro años, prorrogable por uno más, es el máximo de tiempo que pueden hacerlo sin venir a la Legislatura a pedir la concesión del servicio. Incluso el viernes abrieron las ofertas que recibieron de las empresas.

Los oferentes, según se lee en el llamado a licitación, deben tener al menos un año de experiencia en el Sistema de Transporte Público de Bicicletas de una ciudad, por lo cual quedan excluidas las empresas nacionales, aunque sin embargo si o si deben asociarse con una al menos en un 49%. ¿Por qué piensa que pusieron este requisito?

Pusieron en el pliego, como exigencia, tener experiencia en gestionar un servicio similar en otra parte y en el país no hay un lugar donde haya un sistema de bicis públicos así que solamente pueden presentarse empresas extranjeras. INDRA (la oferente española) igual es una empresa que está acá desde hace muchos años. Las empresas que se presentaron tienen además algún desarrollo tecnológico para gestionar el sistema. Lo más cuestionable, igual, es la razón de la privatización. No es una privatización en donde el privado viene acá a poner plata, sino que la inversión la sigue haciendo el Estado. De hecho, salieron a comprar 1.000 bicicletas. O sea, le ponen obligaciones pero la inversión para cumplirlas la va a hacer el Estado. Es el Estado bobo en un capitalismo de amigos, privatizamos para que un privado gané plata con un servicio que lo venía prestando el Estado bien. Le estamos generando negocio a un privado cuando la inversión la sigue haciendo el Estado. No hay ningún aporte. Cuando a los tipos le den la concesión el gobierno de la Ciudad le da un adelante de 13 millones y medio de pesos, después, a los nueve meses tienen que estar completas todas las obligaciones que figuran en el contrato. En esos nueve meses van a cobrar casi 23 millones de pesos, ellos van a haber recibido 36 y medio millones de pesos para que al noveno mes de contrato. Lo único que que van a tener que hacer es instalar las estaciones de bicis. Lo único complejo de eso es el sistema informático para operarlas pero tampoco es para que salga más de 36 millones de pesos.

Según el llamado a licitación, ¿tienen que comprar bicicletas nuevas o insumos?

Nosotros calculamos que van a tener que comprar unas 800 bicicletas, aproximadamente. Van a estar obligados a tener 200 estaciones y 3.000 bicicletas. El sistema 1.200 más o menos, y el gobierno de la Ciudad está por comprar otras 1.000. Para llegar a 3.000 sólo les faltaría comprar 800. Y las estaciones tienen que mantenerlas y llegar a 200, ahí si hay una inversión, pero las realizan con plata del Estado.

¿Con el adelanto que reciben?

Con el adelanto y la mensualidad. El contrato es, en total, de 134 millones de pesos, de los cuales les dan el diez por ciento como adelanto y el saldo se dividen en los meses que dura el contrato, que son cuatro años. Son 48 meses, lo que da unos 2 millones y medio por mes. Entonces, reciben 13 millones y medio y todos los meses 2 millones y medio. No adelanto de plata del privado, nada, toda la inversión la hace el Estado.

¿Van a realizar algún tipo de presentación en la Legislatura?

Es probable que en estos días insistamos en que venga el subsecretario de transporte a la Legislatura. En principio, la licitación está dentro de las atribuciones legales que tienen, que es gobernar. No estamos de acuerdo pero todavía no encontramos ninguna irregularidad dentro del pliego. Nos parece una ridiculez, un absurdo, pero es legal.

¿Extender el estacionamiento medido, una medida anunciada también en estos días, va en la misma línea del capitalismo de amigo que usted mencionó recien?

Va por la misma línea en cuanto a pensar que en donde hay problemas el macrismo plantea negocios. Este no sería un problema, de hecho, ya que se trata de una gestión. El macrismo es un generador de negocios por sobre la generación de bienestar a la población. Se prioriza el negocio por sobre lo demás. Los efectos que eso tenga sobre la población, sean positivos o negativos, son secundarios. Esa es nuestra visión en general del PRO. Las dos medidas (privatización de las bicicletas, estacionamiento medido) salen de la órbita de Dietrich y son muy sesgadas a favor del negocio en todos los proyectos de movilidad que presenta, tomando como excusa que son para mejorar la vida de la gente, algo que no es el principal objetivo de ellos. Lo del estacionamiento medido quizás es el extremo de todo esto. Entonces, hay un problema con el estacionamiento en la Ciudad, y ellos dicen “bueno, para ordenar esto necesitamos un privado” y no ordenan nada, lo que hacen es generar un negocio, porque no pueden explicar como el estacionamiento medido va a mejorar los problemas de estacionamiento que hay. Lo que va a hacer es que haya un privada que te cobré en donde la gente ya estaciona, porque las razones por las cual se viene en auto a la Ciudad no es porque te cobren o no el estacionamiento, sino porque los transportes públicos no funcionan bien. Te lo justifican como un ordenamiento de tránsito y no es así, va a seguir problemas con eso y además se va a extender a otras zonas donde hoy no hay inconvenientes. Y con las bicicletas pasa algo similar: el sistema venía funcionando bien, se demostró que el Estado es eficiente gestionándolo, en donde va creciendo el uso de bicicletas, y hay una necesidad que las bicicletas cumplan un rol dentro del sistema de transportes públicos en general. Crearon el nicho, vendieron la necesidad en la gente, y ahora la privatizan, va a venir un privado a gestionar lo que nosotros estábamos gestionando bien.

¿Y en el caso del Metrobus?

En el Metrobus la cuestión es más compleja si se quiere, pero de alguna manera usan a los pasajeros de colectivo para mejorarle la rentabilidad a las empresas de transporte sin beneficio para la Ciudad. El pasajero se va a ver beneficiado, en el Metrobus de la 9 de Julio, en la parte final, o inicial, del trayecto de su viaje dentro de la Ciudad. Pero el que más se beneficia en términos económicos es el empresario que ahorra tiempo y costos mientras que la Ciudad no obtiene beneficio alguno, a pesar que hace la inversión. Entonces la Ciudad toma un montón de medidas en relación con el transporte para mejorarles el negocio a las empresas de colectivo y al mismo tiempo les perdona las multas de tránsito. El pasajero es un anexo indirecto que puede recibir, o no, un beneficio indirecto por derrame de esas políticas.